El Parlamento de Andalucía reclama que se auditen todos los contratos de colaboración público privada

El pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado este jueves una proposición no de ley de IU en la que insta a la Junta de Andalucía a realizar una auditoría, que deberá estar terminada antes de diciembre de 2016, de todos los contratos de concesión por modelo de financiación público privada que existan en la actualidad y que incluya, al menos, los costes procedentes de expedientes de modificación del proyecto de construcción, los importes de las facturas emitidas por la adjudicataria, los de contratación con terceros y la desviación de financiación prevista inicialmente.

Ese punto ha contado con la unanimidad de la cámara, que también ha demandado que dicha auditoría se haga pública en el portal de transparencia. Parlamento de Andalucía ha pedido, en este caso con la oposición del PSOE-A, que se realice, de oficio y como documentación complementaria de la auditoría, un estudio que evalúe otros modelos de financiación alternativos a los que finalmente resultaron elegidos. También, que que revise y evalúe todos los contratos de colaboración público privada “a fin de valorar las posibilidades de renegociación de los existentes para reducir las obligaciones financieras”.

También se pide, lo que ha contado también con la oposición del PSOE-A, que la Junta de Andalucía no establezca nuevos contratos de colaboración público privada para la construcción de infraestructuras ni equipamientos si la decisión no va acompañada de una memoria justificativa, que, tras evaluar modelos alternativos, demuestre que mediante este sistema es el más ventajoso desde el punto de vista económico. El Parlamento de Andalucía también ha reclamado que se incorpore de forma explícita en la documentación que acompaña a los presupuestos autonómicos información suficiente sobre las operaciones y los compromisos que se contraen a lo largo de todo el plazo de vigencia del contrato.

En defensa de la iniciativa, la diputada de IU Inmaculada Nieto ha indicado que la colaboración público privada “no cumple con los plazos y presupuestos de construcción mejor que los sistemas tradicionales de contratación”, sino que por el contrario este modelo de financiación se adopta, “a pesar de que se asumen compromisos de gasto para futuros ejercicios, que limitan nuevos proyectos y produce un encarecimiento relativo que puede alcanzar, en algunos casos, hasta un 60% de desviación”. Un informe de la Cámará de Cuentas lo puso de manifiesto no hace mucho.

Por su parte, el parlamentario del PSOE-A Jesús María Ruiz ha manifestado que la colaboración público privada es un instrumento complejo y su bondad, eficacia y eficiencia social dependerá de su uso y de si es pertinente. Ha indicado que por recurrir a esta práctica no se puede hablar de privatización de un servicio público, sino de “generar sinergia entre el sector público y el privado”.

Mientras, el diputado del PP-A Félix Romero ha indicado que no debe apostarse por ella “cualquier precio” porque el límite debe ser siempre el interés público y la buena gestión. Ha señalado que hay que analizar en primer lugar si esa alternativa es más eficiente y de menor coste y efectividad. “Es una opción que debe emplearse cuando coexiste la necesidad con la ausencia de recursos públicos, pero con cabeza y con respeto a la ley”, ha agregado.7

Desde Podemos, David Jesús Moscoso ha manifestado que no debe recurrirse a esta práctica de manera “irracional e insostenible” y que las obras públicas acaben generando situaciones de déficit. Ha abogado por mejorar la transparencia en la contratación de la obra pública, para evitar el riesgo del “favoritismo y la arbitrariedad” por parte de la adjudicataria.

El diputado de Ciudadanos Sergio Romero ha manifestado que aunque su partido no va a salir en defensa de la colaboración público rivada, entiende que durante muchos años sí ha sido una práctica necesaria en varios campos y actividades y es “legal”. En su opinión, hay que reconocer que, a priori, se basa en criterios respetables y responde a un modelo de diseñar y ejecutar determinadas políticas sobre la base de la colaboración entre las administraciones y el sector privado.