Los letrados del Parlamento descartan que la Ley antidesahucios pueda recurrirse en Estrasburgo
Los letrados del Parlamento andaluz han frenado en seco las intenciones de los grupos parlamentarios, y de la propia Junta de Andalucía, de recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, la sentencia del Tribunal Constitucional contra el decreto-ley de función social de la vivienda. En el informe que los letrados han presentado la mañana del miércoles ante la Mesa de la Cámara sostienen que resulta inviable que la Junta de Andalucía, como parte del Estado, recurra contra una decisión del propio Estado. Los letrados sólo han dejado una puerta entreabierta que, al mismo tiempo, consideran también casi inviable, que sea un particular afectado por la medida quien recurra ante la justicia europea.
Las demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sólo pueden presentarlas un Estado firmante del convenio, que no es el caso de las instituciones autonómicas, o un particular que debe cumplir dos requisitos: haber demandado el incumplimiento en su propio Estado y ser víctima de una violación de algunos de los derechos recogidos en el convenio.
El informe concluye que si el Parlamento de Andalucía presenta demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos denunciando la vulneración del Convenio por la Sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de mayo de 2015, “existen fundadas razones para considerar que la misma será declarada inadmisible por incompatibilidad con las disposiciones del Convenio”.
El Tribunal Constitucional, en la sentencia del pasado 25 de mayo, consideró inconstitucional que la Junta de Andalucía tenga las competencias para expropiar viviendas vacías de la banca, al entender que interfería en el mercado hipotecario y, por tanto, en la planificación de la economía del Estado. La sentencia del Constitucional se refiere al decreto-ley aprobado por el Ejecutivo andaluz en 2013, y recurrido inmediatamente por el Gobierno de Mariano Rajoy. En cualquier caso, hace prever una sentencia en la misma línea por parte del Constitucional para la Ley de Función Social de la Vivienda, con un contenido similar al decreto-ley.
