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El Parlamento defiende que enfermeros puedan dispensar medicamentos y rechaza el decreto del Gobierno central

Pleno del Parlamento de Andalucía

EUROPA PRESS

SEVILLA —

En virtud de la iniciativa aprobada, el Parlamento insta al Consejo de Gobierno a que a su vez inste al Ejecutivo central a paralizar o derogar el Real Decreto por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los profesionales de enfermería.

Asimismo, reclama convocar un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con el fin de restablecer el consenso “roto” sobre este asunto por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, además de retomar las negociaciones con los representantes de la profesión médica y de enfermería, a través del Ministerio de Sanidad, ampliando la interlocución a todos los actores del Sistema Nacional de Salud y asociaciones de pacientes.

El parlamentario del PSOE-A Francisco José Vargas, en defensa de la iniciativa, ha expuesto que Andalucía es actualmente la única comunidad donde, a través de un decreto del año 2009, está regulada la dispensación por parte de los profesionales de la enfermería, en perfecta armonía y colaboración con otros colectivos profesionales, lo que ha proporcionado grandes beneficios para la ciudadanía, mejorando la calidad asistencial.

Así, ha indicado que el pasado año se emitieron en la comunidad casi tres millones de órdenes enfermeras, en las que los profesionales indican los medicamentos y productos que el decreto autonómico les permite, alrededor de un centenar.

Y también que el pasado año, se publicó el real decreto del Gobierno central por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte del personal de enfermería y cuya entrada en vigor tiene efectos desde el pasado 24 de diciembre.

Ha sostenido que ese decreto fue aprobado unilateralmente por el Ministerio de Sanidad, en contra de la opinión de todos los agentes implicados, incluidos los consejeros autonómicos de sanidad. Con dicho decreto, según se añade en la iniciativa, se están conculcando atribuciones que las comunidades tienen reconocidas en materia de formación continuada y acreditación.

Como representante de C's, el otro grupo proponente de la PNL, la diputada Isabel Albás ha defendido la necesidad de que el Gobierno “paralice o derogue” el Real Decreto de la prescripción enfermera, que “afecta al trabajo de muchísimos profesionales de la enfermería y consecuentemente a la atención de muchos ciudadanos”, y que “está generando consecuencias no deseadas a nivel nacional”.

“A día de hoy los profesionales sanitarios se encuentran en una situación muy complicada”, según ha aseverado Albás, que ha explicado que, “en principio”, este decreto en el que “el Gobierno llevaba mucho tiempo trabajando” contaba con “un consenso bastante amplio”. Sin embargo, salió “modificado” del Consejo de Ministros en funciones respecto a lo inicialmente previsto, y “ya los profesionales no están tan de acuerdo” con esta norma, que actualmente “es de obligado cumplimiento”, según ha remarcado la parlamentaria de C's, que aboga por la “paralización o derogación” del decreto y que el Gobierno “retome las negociaciones”.

GRUPOS

Para posicionar al PP-A ha intervenido Catalina García, que ha argumentado que “el único problema” que ha habido con el referido Real Decreto del Gobierno reside en “el punto 2 del artículo 3”, que “pone muchos problemas para el día a día” de las enfermeras, por lo que los 'populares' están de acuerdo en que hay que “revisar” ese punto, pero rechazan derogar todo el decreto, ya que, además, “los enfermeros están de acuerdo con el resto” del mismo.

Por su parte, el diputado de Podemos Juan Antonio Gil de los Santos ha considerado que las soluciones a este asunto tienen que venir del mayor consenso posible y ha discrepado de las referencias “triunfales” del decreto de la Junta por su corto recorrido.

Por IULV-CA, Inmaculada Nieto ha felicitado a los grupos proponentes por la iniciativa cuando ha explicado el fruto de este decreto “ha sido un desaguisado que ha provocado un malestar lógico entre los enfermeros”. No obstante, ha defendido que el punto de partida en este debate no debiera ser el decreto vigente en Andalucía “porque ha envejecido un poco mal”, sino que debería ser la reconstrucción del consenso que se quebró y centrarse en el artículo “objeto de la discordia”.

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