La oposición exige una solución “inmediata” para los agentes locales de promoción de empleo

Todos los partidos de la oposición en el Parlamento de Andalucía, esto es PP, IU, Podemos y C's, han pedido una solución “global e inmediata” para los agentes locales de promoción de empleo (ALPE), que pasa por la readmisión de estos trabajadores. IU ha apuntado que la Junta de Andalucía “podría estar cometiendo una posible malversación de fondos”, toda vez que “lleva más de un año gastando 70.000 euros en estos litigios”, por lo que “si no se da solución ya, entraremos en la vía de lo penal buscando responsables”.

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, ha asegurado en comisión parlamentaria que “ya hay 74 sentencias de readmisión que se han ejecutado” en el caso de los ALPE y ha asegurado que se está cumpliendo con la legalidad y con lo que dictan los servicios jurídicos. Ha reiterado que “hay voluntad política para solucionar estos problemas”.

José Sánchez Maldonado ha explicado el procedimiento judicial y administrativo abierto para solventar la situación de estos colectivos, donde “están saliendo sentencias declarando la nulidad de los despidos y del fin de las relaciones contractuales”. Las condenas son tanto contra la Junta de Andalucía como los consistorios en el caso de las Utedlt y se les está otorgando “el derecho a los despedidos a reincorporarse”.

Ha precisado que las sentencias del Tribunal Supremo (TS) que se pronuncian en esa línea “son declarativas de derecho, no son ejecutables, por lo que hay que esperar a las resoluciones judiciales firmes de cada uno de los juzgado de lo social, que confirmarán esa nulidad y especificarán los términos de readmisión”. De esta forma, el pasado mes de mayo se comunicó la readmisión de todos los ALPE y se pasó a los servicios jurídicos, pero llegó una nueva sentencia del TS, aclarando la anterior, “que dice que deben reincorporarse al puesto donde estaban trabajando cuando eran despedidos”, en palabras del consejero. Éste ha dicho: “Los servicios jurídicos nos dijeron que no se puede proceder a la readmisión en esas condiciones”.

En este sentido, cada sentencia debe decir “la peculiaridad de cada trabajador y despedirlo y en qué condiciones se readmite”. En todo caso, ha reconocido que por la “falta de disponibilidad presupuestaria, se aprobó un expediente de crédito para dar respuesta a estas sentencias de readmisión”, por 27 millones de euros.

De esta forma, ha indicado que ya hay 327 sentencias de despido nulo, 196 sentencias firmes. De momento, se han ejecutado la readmisión de 10 ALPE en Almería, 39 en Cádiz, 16 en Córdoba y 9 en Jaén. Ha precisado que “la integración en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) del personal de las Utedlt debe producirse, con otras funciones y otro lugar geográfico”.

Los argumentos

El diputado del PP-A Adolfo Molina ha lamentado que “en los peores años de crisis han desmontado los servicios de empleo” y ha criticado los “incumplimientos de las sentencias” por parte de la Junta de Andalucía, tras lo que lamenta que “hay trabajadores que están en su casa, cuando deberían desarrollar su trabajo”. Ha exigido que “se hagan modificaciones normativas oportunas para asumirlos”. Son casi 800 ALPE y más de 400 promotores de empleo, “algo que requiere de soluciones urgentes, pues no podemos hacer unas cosas con unos y otras con otros”.

La diputada de Podemos Teresa Rodríguez citó mensajes de los propios colectivos ALPE, asegurando que “hay 29 sentencias colectivas del TS, que son firmes, y 73 autos de ejecución”. Para continuar: “Se están abonando mas de 75 millones de euros en salarios de tramitación, un gasto público innecesario, pues hace mas de un año que salió la primera sentencia de nulidad”.

El diputado de IU José Antonio Castro ha recordado que la deuda a causa del incumplimiento de las sentencias “es ya de 75 millones de euros en salarios de tramitación” y ha cifrado en 70.000 euros el coste que tiene para la Junta de Andalucía no acatarlas. Se ha preguntado “si se puede considerar esto malversación de fondos públicos, dadas las decisiones en firme de los tribunales”.

Mientras, el diputado de C's Carlos Hernández ha mostrado su “sorpresa” por que una comunidad autónoma “líder en desempleo, despida en el sector público a los que deben ayudar a los desempleados a buscar empleo”, tras lo que ha lamentado que “los parados van a la oficina del SAE y no reciben asesoramiento, sino que se limitan a tomar nota de su demanda de empleo”.