El concejal de Personal de Granada, imputado por violación de secretos, repite en las listas
El todavía concejal de Personal del Ayuntamiento de Granada, Juan Antonio Fuentes, repetirá en las lista del PP a la capital nazarí (como número 7) estando imputado por acceder de manera presuntamente ilegal a datos personales de un trabajador municipal. El próximo 6 de mayo acudirá a declarar ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Granada junto al diputado provincial José Torrente, también del PP. El denunciante, antiguo letrado de Urbanismo del Ayuntamiento, les acusa de hasta seis delitos diferentes.
Los hechos se refieren a la suspensión de empleo y sueldo por tres años del antiguo letrado jefe del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, quien llevó el caso de un particular de forma gratuita contra la Diputación. El Ayuntamiento argumentó la incompatibilidad con su puesto público, si bien parece que obtuvo los datos para ello a través de la presunta filtración de los datos del juicio por la administración provincial.
En concreto, Fuentes y Torrente han sido denunciados por los presuntos delitos contra la Administración Pública de violación de secretos, revelación de informaciones protegidas legalmente, delito contra los derechos individuales, delito de prevaricación de autoridad, falsedad documental y estafa procesal. El juzgado instructor encuentra indicios de irregularidades y ha llamado a ambos a aclarar los hechos el próximo 6 de mayo.
Torrente, portavoz del gobierno provincial, se ha defendido preguntándose “qué secreto se revela cuando una sentencia es pública, qué secreto se revela cuando se dice que un funcionario del Ayuntamiento está ejerciendo como letrado si esa colegiación es pública”. También afirma que puso la información en conocimiento del Ayuntamiento de Granada sin añadir “ninguna referencia valorativa” cuando era delegado de Asistencia a Municipios en la Diputación.
Por su parte los sindicatos del Ayuntamiento nazarí apuntan a una “represalia” contra el letrado denunciante por sus informes negativos a determinadas “grandes operaciones urbanísticas” del Consistorio, como pueda ser el controvertido 'caso Serrallo', donde varios altos funcionarios están imputados por permitir que se construyese una discoteca con pista de hielo en el espacio para un parque infantil. En este caso, los abogados de las acusaciones populares han apuntado a la responsabilidad de la edil de Urbanismo, Isabel Nieto, número 3 para las municipales de mayo.
Ya en 2011, el PP concurrió con una candidata imputada, Cristina Almagro, en el puesto 8. Aunque la holgada mayoría de 16 ediles obtenida por el partido le permitió acceso al acta, la edil tuvo que dimitir a los pocos meses tras ser condenada por falsificar, tanto ella como otro afiliado del PP, las actas de la asociación de vecinos del barrio del Albaicín para ser elegidos en sus puestos directivos.
