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Una residencia de un pueblo de Córdoba concertada por la Junta, al borde del desalojo por deficiencias

Un informe municipal constata graves deficiencias del edificio, instalaciones, accesibilidad y peligro de incendio, sin garantía de evacuación para los ancianos

Los familiares de una usuaria denunciaron hace año y medio la situación ante el Ayuntamiento, la Junta y el Defensor del Pueblo

La Junta dice desconocer dicho informe y no precisa si ha realizado inspecciones sobre la residencia, privada pero con plazas concertadas

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Residencia de Lucena investigada, de momento, por el Defensor del pueblo andaluz

Residencia de Lucena investigada, de momento, por el Defensor del pueblo andaluz

En otoño de 2016, los familiares de una anciana que había sido derivada de un hospital público a la residencia Nueva Aurora de Lucena se la intentaron llevar del centro en cuanto vieron las condiciones en las que estaba el edificio y la atención que dispensaban a los mayores. Entonces, pusieron la situación en conocimiento del Ayuntamiento de Lucena, de la Junta de Andalucía y del Defensor del Pueblo. Ahora, año y medio después sin que haya habido ninguna actuación de las administraciones, un informe municipal ha certificado las graves deficiencias de la residencia y pide el desalojo de los 44 ancianos que actualmente viven allí, ante la falta de “condiciones de seguridad y salubridad mínimas”.

El informe, elaborado por el área de Urbanismo tras una visita de dos técnicos el pasado 23 de marzo, describe el estado físico del inmueble que ocupa la residencia y concluye, además, que “no consta autorización” para su uso como residencia. De hecho, el Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una investigación sobre el caso de este centro “por carecer de permisos y licencias”.

“El inmueble no es apto en sus condiciones actuales para albergar el uso al que se destina, requiriendo de una rehabilitación integral para adaptarse a dicho uso. Se encuentran comprometidas la seguridad y salubridad de las personas alojadas, en especial las alojadas en planta segunda dado el mayor grado de dependencia física de las mismas”, señalan los técnicos. Y, por eso, consideran que es “necesario proceder en el menor plazo posible al realojo de los mayores en un inmueble apto para la debida asistencia de los mismos y que reúna las debidas condiciones de seguridad, habitabilidad y funcionalidad necesarias, así como el cese de la actividad implantada” en el edificio actual.

En su visita, los técnicos de Urbanismo comprobaron que en la residencia -privada con plazas concertadas- existe “riesgo de incendio y peligro” por las instalaciones deficientes, que “no está garantizada la seguridad de forjados de planta ni la seguridad ni estanqueidad de la cubierta” y que “tampoco queda garantizada la seguridad de utilización y accesibilidad ni las debidas condiciones de ventilación” en la residencia de mayores.

Instalaciones deficientes y sin accesibilidad

Sobre la instalación de electricidad, los técnicos no han podido constatar “la existencia de proyecto de instalación ni certificaciones emitidas por los organismos competentes para su puesta en uso”. Además, aprecian una “mezcla de instalación moderna con antigua” y cómo desde el cuadro general eléctrico hasta los puntos de consumo “se desconoce la seguridad de la instalación”, observándose “ cableados vistos por el exterior de las tabiquerías”. En relación con la climatización del centro, se han instalado aparatos de aire acondicionado “sin un proyecto general para su propia instalación ni para la previsión de potencia y circuitos eléctricos necesarios y adecuados”.

El informe apunta también a las condiciones de ventilación de la residencia de ancianos y dice que “existen en la segunda planta estancias habitables sin ventilación natural y otras con escasa ventilación e iluminación”. Además, la accesibilidad brilla por su ausencia en este centro dedicado a personas mayores con distintos grados de dependencia física. “El acceso desde el exterior no es accesible. Algunos itinerarios y recorridos de evacuación no son accesibles. Los baños no son accesibles”, describen los técnicos.

El listado sigue con la señalización contra incendios, sobre la que constatan una “señalización deficiente, evacuación deficiente y no accesible, instalación deficiente o ausente de extintores y de sistemas de detección de incendios y alarma”. Por todo eso, “no queda garantizada la protección ni evacuación de ocupantes, en gran parte dependientes físicos, ante el riesgo de incendio, riesgo que se acrecienta con la falta de garantía de seguridad de la instalación eléctrica”, advierten. Asimismo, se señala  la existencia de suelos deformados que pueden provocar caídas y de cubiertas que no cumplen las condiciones de seguridad, “con deformaciones, tejas sueltas y maleza”.

Sin autorizaciones ni permisos

Pero además, al margen del estado del edificio e instalaciones de la residencia de mayores, los técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento de Lucena señalan en su informe la falta de autorizaciones y permisos administrativos. “El uso y actividad implantado no cuenta con las debidas autorizaciones”. El informe municipal certifica que “no consta en este servicio (Urbanismo) autorización administrativa para el ejercicio de ninguna actividad en el inmueble”, lo que vendría a corroborar la investigación abierta por el Defensor del Pueblo Andaluz sobre la carencia de permisos de esta residencia.

Y, además, tampoco consta “proyecto o documentación técnica descriptiva del inmueble y sus instalaciones y justificativa de la adecuación a la normativa vigente en materia de seguridad, habitabilidad y funcionalidad, por lo que no es posible verificar de forma pormenorizada el ajuste a dicha normativa. Tampoco se ha contado con medios de ensayo para verificar la estabilidad y seguridad estructural” del propio edificio, denuncian.

Respuesta de la Junta

Cuestionada la delegación territorial de Políticas Sociales de la Junta en Córdoba sobre la situación de la residencia, ha manifestado desconocer el informe del Ayuntamiento de Lucena que denuncia las graves deficiencias y aconseja el reaolojo de los ancianos en otro edificio. Sin embargo, el Consistorio lucentino ha informado de que el pasado día 10 se ha dado traslado del citado informe a la Junta.

Desde la administración autonómica han defendido su actividad inspectora general de las residencias. Preguntada sobre si se ha inspeccionado en concreto esta residencia y sobre las medidas que se hayan tomado o se vayan a tomar sobre ella, la administración autonómica no ha precisado respuesta. “La Junta vela porque se cumplan los requisitos para el bienestar de los usuarios. Para ello realizamos una actividad inspectora de calidad”, señalan sin más detalles.

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