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Plataformas cristianas y ciudadanas denuncian en Europa las inmatriculaciones de la Iglesia

Redes Cristianas, Comunidades Cristianas Populares, la plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba, el colectivo en Defensa del Patrimonio de Navarra y Europa Laica denunciarán en instancias europeas las inmatriculaciones de bienes hechas por la Iglesia.

Agotarán en primer lugar la vía política en el Parlamento de la UE pero también contemplan la vía judicial de los tribunales europeos para denunciar las inmatriculaciones.

Consideran un triunfo la derogación de la Ley Hipotecaria que permitía las inmatriculaciones a la Iglesia pero denuncian que las ya hechas “no dejan de ser inconstitucionales” y luchan por deshacerlas.

“Quedan retratados para la historia los partidos políticos que no han querido apoyar el recurso de inconstitucionalidad, amparados en diversas excusas y permitiendo el mayor expolio patrimonial jamás ocurrido en España”, señalan.

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Colectivos ciudadanos y comunidades cristianas acudirán a "instancias europeas" por las inmatriculaciones

Colectivos ciudadanos y comunidades cristianas acudirán a "instancias europeas" por las inmatriculaciones

Cinco plataformas –dos de cristianos y otras tres ciudadanas- van a llevar hasta instancias europeas su denuncia contra las inmatriculaciones de bienes hechas por la Iglesia en España. Agotadas las vías de diálogo con los distintos grupos políticos en parlamentos autonómicos y en el Congreso de los Diputados, y después de la aprobación de la nueva Ley Hipotecaria que ya no permite nuevas inmatriculaciones pero perpetúa las ya realizadas, estos colectivos han establecido ya una hoja de ruta de acciones que les llevarán a denunciar las apropiaciones ya hechas por la Iglesia.

Así, colectivos de cristianos de base como Redes Cristianas y las Comunidades Cristianas Populares actuarán ante Europa en este sentido junto a la Plataforma por una Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos de Córdoba, la plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro y el colectivo Europa Laica.

La hoja de ruta establecida, según explican a eldiario.es/andalucia fuentes de estas organizaciones, pasa primero por agotar la vía política ante la Unión Europea. Y en ese sentido, las cinco plataformas dirigirán su denuncia a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, además de pedir el apoyo expreso a su causa de los distintos grupos políticos de eurodiputados.

Si esta vía política no diera los resultados que los colectivos cristianos y ciudadanos buscan, el anuncio hecho por estos colectivos contempla asimismo, como siguiente paso en su acción, dirigir una denuncia ante los tribunales europeos.

Los colectivos asumen como un “triunfo de la ciudadanía” que el gobierno haya derogado recientemente la Ley hipotecaria que permitía a la Iglesia católica registrar inmuebles como si fuera una administración pública, pero advierten que la aprobación de la nueva ley “consiente la usurpación ya realizada de miles de bienes de toda índole, con especial gravedad los de naturaleza pública y pertenecientes al patrimonio cultural, arquitectónico e histórico-artístico del Estado”.

Y, en ese sentido, quieren denunciar ante Europa que “la desaparición de este privilegio no significa que los miles de bienes usurpados queden convalidados. No dejan de ser inconstitucionales las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica al amparo del precepto franquista”.

Sobre estas apropiaciones realizadas por la Iglesia durante años, los colectivos cristianos y ciudadanos señalan que han sido practicadas “en la mayoría de los casos, en fraude de ley y abuso de derecho al apropiarse de bienes públicos, y en muchísimos casos sin condición religiosa como plazas, locales comerciales, viviendas, solares, caminos o monumentos de la dimensión de la Mezquita de Córdoba o la Giralda de Sevilla”.

La actuación de los partidos políticos en España

Para las organizaciones que denuncian el modus operandi de la Iglesia con las inmatriculaciones, la reforma de la Ley Hipotecaria promulgada por el Gobierno del PP, “permitida con la pasividad del PSOE, ha cortado la vía directa para que se pudiera declarar la inconstitucionalidad” de los artículos que anteriormente amparaban las inmatriculaciones de la Iglesia. “Eliminar este privilegio sin resolver cómo recuperar los miles de bienes expoliados, además de la indefensión que genera a la ciudadanía, tiene un coste social incalculable”.

“Lamentamos la negativa del PSOE, como partido de oposición decisivo en la aritmética parlamentaria, a recurrir la inconstitucionalidad de la norma pese a que ha reconocido públicamente su presunta ilegalidad”, mientras que “agradecemos a los grupos políticos - Izquierda Unida, ICV, Compromis, Amaiur y Geroa-Bai- su apoyo al recurso de inconstitucionalidad” que se pretendía promover.

“Quedan retratados, por tanto, para la historia los partidos políticos que no han querido apoyar el recurso de inconstitucionalidad, amparados en diversas excusas y permitiendo el mayor expolio patrimonial jamás ocurrido en España”.

Y, por ello, los colectivos que denuncian “esta deplorable situación”, consideran que se ven “obligados a acudir en los próximos meses a instancias europeas, donde la separación Iglesia–Estado es una realidad política consolidada y no una ficción, y quizás los partidos mayoritarios tengan menos ataduras confesionales y electoralistas que en España”.

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