Podemos defenderá en el Parlamento medidas para mejorar la situación de los mayores con pensiones no contributivas

El grupo parlamentario de Podemos Andalucía va a defender la próxima semana una moción ante el Pleno de la Cámara autonómica por la que plantea una batería de medidas al objeto de mejorar la situación de las personas mayores con pensiones no contributivas.

En la iniciativa, recogida por Europa Press, el partido morado reclama que el Gobierno andaluz compense con una ayuda propia la incompatibilidad entre el pago de las pensiones no contributivas y la percepción de una herencia cuando la cuantía líquida heredada sea superior al importe anual de la pensión de jubilación o invalidez, siempre que la primera cuantía no exceda del doble de la segunda.

Asimismo, pide incrementar de forma paulatina la cuantía de las ayudas sociales de carácter extraordinario en favor de las personas que perciben pensiones no contributivas por jubilación o invalidez, de manera que en un período de cinco años haya pasado de los 125,50 euros anuales de 2018 al importe suficiente para que, una vez sumada a la pensión contributiva correspondiente, se alcance la cuantía mínima anual del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) en 14 pagas.

Y también Podemos quiere que el Gobierno andaluz reconozca el derecho a la percepción de ayudas sociales de carácter extraordinario a aquellas personas que perciben pensiones contributivas cuya cuantía sea inferior al Iprem en 14 pagas.

Otra de las reclamaciones que hace en la moción es promover la rebaja de los criterios de concesión de pensiones no contributivas de invalidez, que establecen en la actualidad la obligatoriedad de acreditar un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento.

Además, el partido de Teresa Rodríguez propone que, en base a las competencias autonómicas en materia de asistencia y servicios sociales, se reconozca el derecho a la percepción de ayudas sociales de carácter extraordinario a aquellas personas que no perciban pensiones contributivas por invalidez debido a que acreditan un grado de discapacidad cercano, pero inferior, al 65 por ciento, valorando en estas ayudas factores como la imposibilidad de percibir otros ingresos o la exclusión del mercado laboral.

Por otra parte, pide que se realice un estudio sobre la repercusión que ha tenido en el bienestar de las personas mayores y pensionistas la exclusión de medicamentos de la financiación pública, llevada a cabo tanto por el Gobierno central como por el autonómico, “analizando tanto la evolución de los precios de los medicamentos excluidos de la financiación como el número de personas mayores y pensionistas que se han visto obligados a abandonar los tratamientos médicos prescritos”.

Y por último, elaborar y aprobar, en un plazo máximo de seis meses y con una dotación presupuestaria suficiente para la ejecución de sus medidas, un plan especial de apoyo a las personas mayores de 65 años y pensionistas en situación de exclusión social.