Priego y Tarifa, primeros ayuntamientos del PP con oficina antidesahucios

Es un hito. A la fuerza, pero un hito. Si el miércoles la gaditana Tarifa se convirtió en el primer municipio andaluz gobernado por el PP en sumarse al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, más conocido como oficinas antidesahucios, ayer jueves 21 de febrero le tocó el turno al Ayuntamiento de Priego, cuya alcaldesa, María Luisa Ceballos, del PP no ha tenido más remedio que convertirse en el municipio andaluz número 49 que se suma a la iniciativa. Auspiciado por la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía, que dirige Elena Cortés, una de las consejeras de Izquierda Unida del Gobierno, el programa garantiza que en los ayuntamientos haya servicios de asesoramiento, intermediación y protección en los casos de desahucio.

En 2012 Priego, municipio cordobés de poco más de 23.000 habitantes, sufrió 21 lanzamientos de viviendas, a los que habría que sumar unos cuantos más de locales comerciales o terrenos agrícolas. De ellos, una decena fueron atendidos por el grupo municipal de IU en el Ayuntamiento, pero a titulo personal. Y no con malos resultados. De hecho, han conseguido cerrar un acuerdo de cesión en pago y están cerca de pactar otro. El acuerdo se ha cerrado por el 100% de la deuda pendiente, incluido el aval de los padres que pesaba sobre la hipoteca. Además, han logrado otros dos acuerdos de alquiler social de 226 euros al mes durante 5 años, y otros dos de moratoria de dos años en el pago de la hipoteca.

“Hay que reconocer que las entidades se han mostrado abiertas y colaboradoras”, dice el secretario del grupo municipal de IU en Priego, José García: “No es fácil, porque se encuentran con personas que prácticamente no pueden pagar nada”. Aunque añade inmediatamente: “Excepto Cajasur, que contesta con arrogancia con comentarios del estilo ”Esto es lo que hay“. Cajasur, otrora la entidad cordobesa y de los cordobeses por excelencia.

Desde que arrancaron las oficinas antidesahucio, creadas por la Junta en cada capital de provincia, José García se apoyó en ellas para la resolución de los distintos casos: desde la negociación con las entidades hasta la tramitación del papeleo, pasando por la asesoría jurídica. Pero Córdoba, situada a 102 kilómetros al noroeste del municipio, queda muy lejos, sobre todo, para unas familias sin recursos y unos grupos políticos municipales prácticamente sin presupuesto. Así que, a finales de año decidieron presentar una moción en el pleno municipal, para obligar al Ayuntamiento, gobernado por el PP en minoría mayoritaria, a firmar el mismo convenio que está siendo firmado por decenas de pueblos andaluces, para convertir sus oficinas municipales de consumo en antenas de las oficinas provinciales antidesahucio.

El grupo municipal popular de Priego votó en contra

Les salió bien: a su único voto consiguieron sumar los siete del PA y los cinco del PSOE, dejando en minoría a los ocho del PP, que votaron en contra. “No está todo hecho. Por mandato plenario el Ayuntamiento firma el convenio, pero ahora falta que la oficina sea efectiva. Habrá que estar al tanto”, avisa el portavoz municipal de IU Manuel Rodríguez. El concejal explica que el PP siempre se opuso “alegando que están cansados de tener competencias y no dinero”. Fuentes cercanas a la alcaldesa lo reconocen, pero ésta no quiso contestar a preguntas de eldiario.es/andalucia, explican, “por lo delicado de la situación en que se coloca al firmar el convenio”. No sólo por ser contrario a las directrices del Partido Popular Andaluz, o por compaginar la alcaldía con la presidencia de la Diputación Provincial.

Su número dos, teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Miguel Ángel Serrano, es también el procurador judicial que firma muchos de los edictos de ejecución hipotecaria y desahucio en representación de las entidades financieras. “Se crea un situación muy embarazosa”, dicen en el Ayuntamiento. Y contradictoria, el mismo que representa a los acreedores, debe ahora defender los intereses de los deudores. Todo un conflicto para Priego.

Igual que Priego, Tarifa (Cádiz), también gobernado por el PP, ha firmado el convenio para crear una oficina anti deshaucio en el Ayuntamiento. En su caso, por propia voluntad: “No ha habido ningún problema, el PP ha querido hacerlo, porque en Tarifa tenemos un gran problema de vivienda, no hay casas”, explica Teresa Vaca, concejal de Vivienda y miembro del Partido Andalucista, que gobierna en coalición con el PP. Vaca asegura que en su cao sólo les ha llegado un caso de desahucio al Ayuntmiento, “y esta en fase muy inicia, así que creemos que se prodrá renegociar”. Aun así, en Tarifa son conscientes de la gravedad de un problema que en la provincia gaditana los desalojos han crecido un 62% en el primer trimestre de 2012, con un total de 153 lanzamientos (desalojo) de viviendas realizados. Con la ayuda de la oficina, según los datos de la Consejería de Vivienda, en los tres meses y medio de funcionamiento en la capital se han logrado evitar 97 desahucios.