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Procesada la candidata del PP en Utrera y uno de sus ediles por no firmar una multa urbanística

EUROPA PRESS

UTRERA (SEVILLA) —

A través de un auto emitido el pasado 22 de abril, adelantado por el diario El Mundo y recogido por Europa Press, la citada instancia judicial, merced a la petición de la Fiscalía de Dos Hermanas, ordena continuar la causa “por los trámites del procedimiento abreviado”. Francisca Fuentes, además, es la candidata del PP a la Alcaldía de Utrera.

La querella inicial de la Fiscalía derivaba de la supuesta negativa de los dos concejales del PP, a la hora de ostentar las competencias de Urbanismo, a firmar una sanción urbanística de más de un millón de euros contra una empresa por la supuesta usurpación de una parcela de titularidad municipal.

En su defensa, los concejales alegan que el asunto se remonta al año 2001 y deriva del compromiso “verbal” del entonces concejal por el PSOE Francisco Moreno, para entregar o “ceder” a un ciudadano una parcela municipal cuyo uso había reclamado este último, con lo que avisan de que todo parte de una presunta mala praxis del PSOE. “El PSOE actuó al estilo compadre”, alegan.

A partir de ahí, explican que la propuesta de sanción derivada del expediente sancionador incoado años atrás por la usurpación de estos suelos municipales llegó a manos de Francisca Fuentes inmediatamente después de que ésta asumiese eventualmente las competencias de Urbanismo, pues Wencesalo Carmona acababa de sufrir un accidente doméstico y se había dado de baja.

“Al comenzar a ejercer en Urbanismo, recibí la sanción a una persona física, a un ciudadano, y me parece que una sanción de un millón de euros a una persona física no existe y entendí que podía haber un error numérico, con lo que devolví (el expediente) para consultar la cantidad y asegurarme de que era correcta”. “Soy licenciada en derecho y me parecía extraño”, ha enfatizado.

Wencesalo Carmona, además, explica que la propuesta de sanción habría sido elevada a la figura del concejal de Urbanismo sin que los servicios jurídicos del Ayuntamiento hubiesen aclarado “si el expediente había caducado o no”, pues en el marco de la instrucción del expediente sancionador, el afectado habría alegado que los hechos habían prescrito. “No he cometido ninguna ilegalidad”, dice así Francisca Fuentes.

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