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El SAE convoca ayudas por 1,79 millones para la integración sociolaboral de colectivos en riesgo de exclusión

Las empresas de inserción dispondrán de cuatro líneas de incentivos para favorecer la creación y el mantenimiento de empleo.

La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la nueva orden que regulará las subvenciones destinadas a favorecer la integración sociolaboral de los colectivos en riesgo de exclusión social a través de las empresas de inserción, de forma que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), como competente sobre las políticas activas de empleo, será el responsable de gestionar las cuatro líneas de incentivos previstas, que se adjudicarán en régimen de concurrencia competitiva y que cuentan con un presupuesto de 1.794.000 euros, sin perjuicio de que esta cantidad pueda incrementarse hasta en un 50 por ciento a lo largo de 2014.

Según indica la Consejería en una nota, con esta nueva orden se abre también la convocatoria de incentivos para el año 2014, que recoge ayudas destinadas a financiar cuatro grandes bloques.

En primer lugar, la inversión en inmovilizado realizado para la creación de puestos de trabajo para la contratación de personas en riesgo de exclusión social en empresas de inserción social o por la creación de empresas de inserción. En este caso se podrá conceder el 75 por ciento del coste total de la inversión con un máximo de 8.000 euros en el supuesto de contratación a tiempo completo o de 4.000 euros a media jornada.

La segunda línea de ayudas son las destinadas al mantenimiento de nuevas contrataciones de personas en situación de exclusión social que se subvencionará el 50 por ciento de los costes salariales a lo largo de un periodo máximo de doces meses a partir de la contratación.

La tercera ayuda es para la contratación o mantenimiento de personal técnico en acciones de tutoría y acompañamiento a la inserción sociolaboral que contempla subvencionar el cien por cien de los costes salariales totales, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social por todos los conceptos a cargo de la empresa de inserción.

Por último, la cuarta línea de ayuda es la destinada a sufragar la realización de auditorías anuales por las empresas de inserción social, que en el caso de la convocatoria 2014 será de 2.500 euros para empresas cuya plantilla esté integrada por hasta cinco personas trabajadoras, y de 3.000 euros, para las de seis o más personas trabajadoras.

El plazo para la presentación de las solicitudes es de un mes desde el 5 de marzo, día siguiente a la publicación en BOJA de la orden. Asimismo, a los anexos y documentación específica requerida para cada una de las líneas de ayuda pueden descargarse en la Oficina Virtual del SAE para su presentación en papel o tramitarse telemáticamente mediante la Ventanilla Electrónica de Administración.

PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN

Las empresas de inserción podrán contratar como trabajadores a personas en situación de exclusión social, desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en el SAE y que hayan asumido un compromiso de inserción.

Según la normativa vigente, se consideran personas en situación de exclusión las perceptoras de rentas mínimas de inserción o las que no puedan acceder a éstas por falta de periodo exigido de residencia o empadronamiento o por haber agotado el periodo máximo de percepción; los jóvenes entre 18 y 30 años procedentes de instituciones de protección de menores; personas con problemas de drogodependencia y otros trastornos adictivos en proceso de rehabilitación; internos de centros penitenciarios que puedan acceder a un empleo en régimen abierto; menores internos; personas procedentes de servicios de prevención e inserción social autorizados y personas procedentes de centros de alojamiento alternativo.

Además, según explica la Consejería, con el decreto de empresas de inserción aprobado por la Junta de Andalucía se amplió el concepto de colectivo en situación de exclusión, incluyendo además de los anteriores, a las mujeres víctimas de violencia de género procedentes de casas de acogida o programas de protección; emigrantes retornados con graves necesidades personales o familiares; personas que tengan a su cargo una familia monoparental; mayores de 50 años que lleven inscritos como demandantes de empleo al menos doce meses, ininterrumpidamente, y personas con discapacidad en un grado igual o superior al 33 por ciento.

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