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Salvemos Mojácar acude al TC tras rechazarse sus querellas por el fallo de El Algarrobico
El colectivo Salvemos Mojácar ha pedido este viernes el amparo del Tribunal Constitucional (TC) ante el archivo de las dos querellas que presentó ante el Tribunal Supremo (TS) contra los magistrados que dictaminaron en julio de 2014 la conformidad a derecho de la licencia municipal de obras del hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería). La organización indica en su recurso que dichos autos, de septiembre y diciembre del año pasado, vulneran su derecho a la tutela judicial efectiva y piden su “nulidad”.
Pretenden que el TC ordene que retrotraiga las actuaciones para que se dicte un nuevo auto en el que se pronuncie sobre el hecho de que estos tres jueces del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) hayan considerado “legal una licencia de obras concedida en la servidumbre de protección de 100 metros, a sabiendas de que el inmueble invade dicha servidumbre puesto que en el procedimiento constan tres sentencias del TS que así lo afirman”.
Cabe recordar que la querella se dirigió contra el presidente de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJA, Rafael Toledano, y los magistrados María Torres Donaire y Jorge Muñoz Cortés, y argumentaba que los tres “sabían que el hotel invadía” esta la servidumbre de protección ya que las citadas sentencias estaban aportadas a la causa y “conocían” que “los terrenos no eran urbanizables pues la sentencia firme del TSJA de fecha 11 de junio de 2012 otorgó a El Algarrobico el nivel de protección C1, áreas naturales de interés general, nivel del que ya venía disfrutando desde la publicación la norma del parque natural de Cabo de Gata-Níjar de 1994”.
El recurso de amparo, en el que solicita que se abra causa especial contra ellos, argumenta que, si no se admite la querella contra los tres magistrados, “ya no será constitutivo de infracción penal conceder licencias de obras en espacios protegidos no urbanizables e invadiendo la servidumbre de protección de costas a sabiendas de que se dan ambas circunstancias”. Sostienen que “se verá afectado el artículo 45 de la Constitución Española con el consiguiente deterioro de la costa y de los espacios protegidos”. En caso de que el Tribunal Constitucional no admita el recurso, irán hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
