Sánchez Rubio dice que la prevención “es fundamental” para evitar casos como el del catedrático condenado

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha dicho que la prevención “es fundamental” para que “no ocurran casos de abuso y acoso” como el ocurrido en la Universidad de Sevilla por el que ha sido condenado a siete años de cárcel el catedrático Santiago Romero Granados, toda vez que ha pedido “tolerancia cero” ante este tipo de situaciones.

“Desde la Junta, tal y como dijo ayer la presidenta, Susana Díaz, pedimos tolerancia cero en estos casos, es decir, no se puede consentir bajo ningún concepto que una persona que ha acosado y abusado esté impune”, manifiesta la consejera en declaraciones a lo periodistas en Sevilla, en las que “pide el máximo rigor a la justicia y que los protocolos existentes contemplen las medidas necesarias para garantizar que las víctimas no terminen siendo las culpables”.

“En casos de acoso normalmente lo que ocurre es que inicialmente a las víctimas no se les cree, una cosa muy frecuente e independiente del proceso judicial, que hay que respetar porque es una garantía para la ciudadanía”, manifiesta Sánchez Rubio, que asegura que “los procesos no pueden ser tan lentos” y dice que “hay que garantizar que las personas que han sufrido ese abuso, hasta tanto los procesos finalizan, no se vean victimizadas doblemente”.

En este sentido, la consejera ha recordado que desde la Junta existe la Ley de Igualdad de 2007, que “ya contempla protocolos también en el ámbito universitario para intervenir en casos de acosos y abuso, y la unidades de igualdad en el ámbito de las propias universidades”, toda vez que apunta que “esto va a estar muy reforzado con la modificación de la Ley de Igualdad que ahora está en trámite”.

Además, destaca que existe otro “elemento importante”, y es que “hemos modificado nuestra Ley de Violencia de Género adaptándola al convenio de Estambul, incluyendo este tipo de delitos como violencia de género”, al tiempo que recuerda que la propuesta de pacto de Estado de lucha contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres contempla que “se abra la ley para incluir este tipo de casos como violencia de género, lo que supone a nivel jurídico una mayor protección y una intervención más contundente”, concluye.