La Sareb recurrirá la sanción de la Junta y niega intención en la “discrepancia” de cifras de VPO

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) no está de acuerdo con la sanción de 120.000 euros impuesta por la Junta de Andalucía por incumplir la Ley de Medidas de Función Social de la Vivienda y la recurrirá. La sociedad defiende además que las 98 VPO que tiene contabilizadas están puestas a disposición de los registros municipales de demandantes (“con cierto retraso, pero hemos cumplido”, alegan fuentes de Sareb) y niega intención en el baile de cifras aportado sobre las viviendas de protección que gestiona.

Sareb insiste, por un lado, que “no existe justitificación” para la sanción de la Consejería de Fomento y Vivienda, señalando que la “discrepancia” entre las cifras incorporadas en un primer momento (911 viviendas) al informe del Gobierno central para paralizar la 'ley antidesahucios' en el Tribunal Constitucional y las finalmente detectadas (98) “no supone intencionalidad alguna” sino que obedece a que las primeras fueron “una estimación”. “Nos llevó su tiempo”, insisten, y añaden que la Junta pretende incluso una “aplicación retroactiva” puesto que la normativa se aprobó “después del traspaso a Sareb” de las viviendas.

En este sentido, añaden que la diferencia del número de viviendas responde a la “singularidad” en la creación de Sareb y al hecho de se que tuvo que analizar “por fases” el número de viviendas que tenía en cartera. “La Junta presupone una intencionalidad que no es tal”, añaden.

Además, argumentan que no tienen constancia del segundo expediente sancionador, relativo a no haber incorporado los inmuebles que gestiona a los registros públicos municipales de demandantes de vivienda protegida. Estos registros, que establecen los mecanismos de selección para la adjudicación de viviendas de protección pública y señalan los requisitos socioeconómicos para el acceso a las mismas bajo principios de igualdad, publicidad y concurrencia, cuentan con las viviendas aportadas por la Sareb, aseguran las fuentes, sin que puedan pronunciarse sobre este aspecto al “no tener conocimiento del mismo”.

La Consejería notificó a Sareb el acuerdo por el que inició el expediente sancionador por infracción muy grave, consistente en no comunicar dicho inventario en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la Ley de Función Social de la Vivienda. “Se lo hemos explicado varias veces a la Junta”, que la labor de inventario “no se pudo hacer de la noche a la mañana”, argumentan las mismas fuentes.