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Stop Desahucios: es una “barbaridad absoluta” el recurso contra el decreto de la Junta

Stop Desahucios señala que el recurso ante el Tribunal Constitucional es un “despropósito” porque “cada vez hay más casos” de desahucios “y son más graves”.

“El Gobierno sigue jugando con la vida de las personas y las familias”, señalan.

“Hace tiempo que el Gobierno se olvidó de que lo primero es el interés de las personas”.

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La plataforma Stop Desahucios ha mostrado su “rechazo” como primera reacción al acuerdo del Consejo de Ministros de hoy por el que el Gobierno central va a recurrir ante el Tribunal Constitucional el “decreto antidesahucios” de la Junta de Andalucía.

El portavoz de Stop Desahucios en Córdoba, Rafael Carmona, en declaraciones a eldiario.es/andalucia ha calificado esta decisión de “barbaridad absoluta” ya que, a su juicio, “el decreto de la Junta ya nos parecía corto” para atender todas las situaciones de desahucio con las que la plataforma trabaja a diario.

Carmona ha señalado que el recurso del Gobierno central es un “despropósito” porque “nosotros, día a día, nos encontramos cada vez con más casos y son más graves” de procesos de lanzamiento de personas de sus casas. En ese sentido, ha explicado que, con el paso del tiempo, los recursos de las familias se agotan y sus situaciones para afrontar los pagos se agravan.

En opinión del portavoz de Stop Desahucios, con esta decisión del Gobierno “se sigue jugando con la vida de las familias”. “Hace tiempo que se olvidó que lo primero es el interés de las personas”, ya que, a su juicio, “lo que importa son los intereses de la banca” a la hora de actuar desde el Gobierno en el tema de los desahucios.

Cabe recordar que este mismo mes de junio el Movimiento Andaluz por la Vivienda, del que forma parte la plataforma Stop Desahucios, presentó una serie de alegaciones al decreto de la Junta de Andalucía para incluir la protección a unas 150.000 familias más en los casos que la norma autonómica contempla. Pese a ver con buenos ojos el decreto inicial de la Junta, los activistas pidieron ampliar el tipo de situaciones para que los afectados se beneficien de él y solicitaron incluir en el proyecto de ley a las personas afectadas por los procedimientos extrajudiciales y también a los avalistas.

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