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El Supremo amplía hasta el 31 de marzo el plazo para recursos contra la sentencia de los ERE

El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves.

EFE

Sevilla —

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El Tribunal Supremo ha ampliado hasta el 31 de marzo el plazo para que los diecinueve condenados por la pieza política de los ERE de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, presenten sus recursos de casación contra la sentencia.

Así lo ha acordado la Sala Segunda del alto tribunal en una diligencia fechada este lunes 17 de febrero, en la que estima las solicitudes de los encausados de ampliar el plazo inicial, que expiraba el 25 de febrero.

El nuevo plazo concluirá más de un mes después, a las 15.00 horas del 31 de marzo, y los recursos se declararán “desiertos” en caso de no “verificarlos” en esa fecha, según advierte el Supremo.

La Sala Segunda también pide que se libre un oficio a la Audiencia Provincial de Sevilla “a fin de acusar recibo de las actuaciones remitidas”, ya que el Supremo aún está “a la espera de la remisión de las últimas grabaciones” de la vista oral, que se celebró durante casi un año entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018.

El expresidente de la Junta Manuel Chaves anunció el 20 de enero su recurso contra esa sentencia, que lo condena a nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, al considerar el tribunal que era “plenamente consciente de la patente ilegalidad” de los hechos juzgados, “en los que participó”.

El otro expresidente procesado, José Antonio Griñán, condenado a seis años y dos días de prisión y quince años y dos días de inhabilitación absoluta por malversación y prevaricación, anunció el 8 de enero su intención de recurrir por infracción de ley, error en los hechos probados o falta de claridad, entre otros motivos.

El exconsejero Antonio Fernández, uno de los ex cargos públicos peor parados al ser castigado con siete años, once meses y un día de prisión más diecinueve años, seis meses y un día de inhabilitación absoluta, es quien más motivos ha formulado para recurrir la sentencia, en concreto veintidós.

La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, decidió no recurrir la sentencia, que recogió la mayor parte de sus tesis.

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