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El Supremo prorroga tres meses el plazo para resolver los recursos del caso 'Malaya'
Los magistrados ya ampliaron en septiembre pasado el plazo para dictar sentencia hasta finales de enero de este año, debido al “volumen y la complejidad” de la causa y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 899 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En esta ocasión, la ampliación del plazo se hace necesaria, según consta en el auto, “teniendo en cuenta el curso de las deliberaciones en relación con las múltiples cuestiones fácticas y jurídicas planteadas por los 55 recurrentes”, así como el “extraordinario” volumen de la documentación existente y la extensión de la sentencia dictada por la Sala de Málaga, que tiene 5.414 folios.
La Sala de lo Penal del TS fijó varias sesiones el pasado julio para escuchar al medio centenar de partes, entre ellas la Fiscalía, la Junta de Andalucía y la Abogacía del Estado, que recurrieron la sentencia dictada por la Audiencia de Málaga contra la mayor trama de corrupción afincada en Marbella.
El volumen de abogados, más de 40, y de público obligó a celebrar la vista en el Salón de Plenos, más amplio que en el que habitualmente se celebran este tipo de sesiones.
Tras casi dos años de juicio, la Audiencia malagueña condenó en octubre de 2013 a medio centenar de personas, entre ellas el principal acusado y presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, al que se le impusieron 11 años de prisión; a la exalcaldesa Marisol Yagüe, condenada a seis años de cárcel; así como a empresarios, abogados y exconcejales marbellíes.
La Fiscalía criticó la “blandura” y el “buenismo” de la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga y mantuvo que es “difícil” encontrar otro caso en el que “se hayan echado al bolsillo tales cantidades”.
En términos generales, pidió más pena para la mayoría de los procesados que han sido condenados, tanto exconcejales como empresarios, y especialmente para Roca; instando, además, a una revisión de los delitos y de las atenuantes aplicadas por la Audiencia malagueña, de forma que se eliminen.
Coincidiendo con la Abogacía del Estado, el fiscal reclamó que se elimine de la sentencia las referencias a que las multas y los bienes decomisados se destinen a pagar la deuda del Ayuntamiento ya que, debe “aplicarse la legalidad vigente” y ser devueltos al Tesoro Público.
