Susana Díaz solicita su comparecencia en el Parlamento de Andalucía para una debate general
El debate general en el Parlamento de Andalucía, que la presidenta, Susana Díaz, se comprometió a protagonizar cada seis meses, podría tener lugar la primera semana de marzo, toda vez que este viernes registra la solicitud de dicho pleno. Lo hace a petición propia -los grupos no pueden obligarla- y después de que parte de la oposición, especialmente el PP-A, le hayan reprochado las últimas semanas que no estaba cumpliendo su palabra.
En este sentido, la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía rechazó a finales de enero -mes inhábil- con los votos del PSOE-A, Podemos y C's la celebración de un pleno en el que pedía la comparecencia del Consejo de Gobierno -no pueden pedir directamente a la presidenta- con el objetivo de que fuera Susana Díaz para hablar sobre la situación social y política de la comunidad autónoma.
En las últimas semanas, tanto el Gobierno de Andalucía, por boca de su portavoz Miguel Ángel Vázquez, como el PSOE-A, a través de su portavoz parlamentario Mario Jiménez y el secretario de Organización Juan Cornejo, han insistido en que la presidenta iba a cumplir con este compromiso, “que no se produce en ninguna otra comunidad autónoma porque no tienen dos debates al año”. Hablaban permanentemente de que se sabría “en los próximos días”, y este viernes lo han confirmado fuentes del Gobierno de Andalucía a la agencia Europa Press.
Cabe recordar que este jueves el presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno, le volvió a reprochar a Susana Díaz durante la sesión de control su “alergia” a dar explicaciones en el Parlamento de Andalucía y la instaba a “poner fecha” para este debate general. En este sentido, pese a que en su primera toma de posesión en 2013 Susana Díaz se comprometió a comparecer “cada seis meses”, la idea se interpretó como dos veces al año: una al comienzo del segundo periodo de sesiones en septiembre, en el tradicional debate del estado de la comunidad autónoma, y otra en el primero, por lo que tenía de margen desde febrero a julio, pero también podía haberlo hecho en enero. De hecho, en enero de 2014 fue la primera vez que lo hizo para rendir cuentas de sus primeros cinco meses como presidenta en la legislatura pasada.
Sin embargo, la presión ha crecido con motivo de las especulaciones en torno a su futuro en la política, toda vez que se ha insinuado la posibilidad de que quiera dar el salto a la dirección del PSOE e incluso optar a las elecciones generales en caso de que se repitieran. Hasta la fecha, ella se ha limitado a subrayar que está “centrada en Andalucía” sin dar más explicaciones sobre si baraja realmente esta posibilidad. Cuando en una entrevista esta semana el expresidente Felipe González comentaba que si fuera ella él no lo haría, Susana Díaz se limitó a exponer que se “alegraba” de que pensara en lo mejor para su persona.
Después de esa primera comparecencia en enero de 2014, se produjo una segunda de este tipo con el debate del estado de la comunidad autónoma en septiembre del mismo año. La posterior ruptura del pacto de gobierno entre el PSOE-A e IU en enero de 2015, con la convocatoria de elecciones autonómicas, celebradas el pasado 22 de marzo, hizo que no hubiera otro debate general en la agenda, hasta su toma de posesión tres meses después. Por lo que en rigor, no se ha celebrado uno desde hace ocho meses.
Si finalmente se celebra en la primera semana de marzo, habría que encajar la fecha porque también se prevé para entonces el pleno de investidura en el Congreso de los Diputados, cuyo presidente, Patxi López, tiene previsto confirmar el día la próxima semana. De hecho, la dirección del PSOE, cuyo secretario general Pedro Sánchez es el que opta, querría que el pleno de investidura comenzara el 7 de marzo. De esa manera, la consulta a la militancia que ha prometido del posible pacto que logre podría ser el sábado 5 de marzo y el comité federal que debe ratificar la decisión, el domingo 6.
Coincidiría también en el tiempo con el inicio de las comparecencias en la comisión de investigación creada para depurar responsabilidades políticas en el fraude con las subvenciones de la formación, que comenzarán con los interventores, los únicos para los que ya hay fijado calendario: los días 4, 7 y 8.
