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Susana Díaz confirma que retira las competencias de vivienda protegida a IU hasta que se recupere la "legalidad"

"Evidentemente que sí", ha respondido cuando se le ha preguntado si va a firmar un decreto con esta medida por la gestión del realojo de las familias de la Corrala Utopía.

El comité de enlace del bipartito permanece reunido desde la mañana de este jueves para intentar una salida de esta crisis pero insisten en que "no se va a romper" su alianza.

La presidenta intenta neutralizar el uso del PP-A de esta polémica con el anuncio de un plan de empleo para jóvenes y más controles en las transferencias de financiación.

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Manuel Jiménez Barrios y Diego Valderas rodeados por los medios en un descanso de la reunión.

Manuel Jiménez Barrios y Diego Valderas rodeados por los medios en un descanso de la reunión.

La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, ha confirmado que ha "hecho un decreto" para retirar las competencias en materia de adjudicación de VPO a la Consejería de Fomento y Vivienda, que controla IU, después de su gestión en el realojo de las familias de la conocida como Corrala Utopía. ¿Va a firmar entonces ese decreto para retirar las competencias a IU? "Evidentemente que sí", ha contestado a los periodistas a su salida de la sesión del control en el Parlamento de Andalucía, donde también ha subrayado que revisará esta decisión "si se recupera la normalidad legal". 

El PSOE-A está intentando que IU reconsidere la fórmula por la que el miércoles comenzó a realojar en VPO de su titularidad y en otras que había alquilado a las familias expulsadas el pasado domingo del inmueble que ocupaban desde el 15 de mayo de 2012 en un bloque de pisos situado en la avenida Juventudes Musicales de la capital hispalense. Susana Díaz había ordenado expresamente que se parara este realojo a la espera de una evaluación de cada caso por parte de los servicios sociales, para comprobar si efectivamente se cumplían las condiciones de urgencia por riesgo de exclusión social en las que se amparaba la Consejería de Fomento y Vivienda para tomar esta decisión, basándose también en el auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla que ordenó el desalojo y que las administraciones se hicieran cargo de estas personas.

Junto al anuncio de un decreto para retirar las competencias a IU en dicha materia, la presidenta confirmaba también que se iba a encargar un informe a los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía para comprobar la legalidad de estas actuaciones. En presidencia están convencidos de que se ha podido saltar el procedimiento que está establecido para estos casos, dada la existencia de listas de espera de demandantes de vivienda. En este contexto, desde la Consejería de Fomento y Vivienda no se ha aclarado en qué momento y quién tomó la decisión de realojar por esta vía a las familias, que llevaban tres noches acampadas frente al Ayuntamiento de Sevilla.

Desde la mañana del jueves permanece reunido el comité de enlace de los dos socios del Gobierno de Andalucía para intentar solventar la crisis. Por parte del PSOE-A, participan en consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios; su secretario general de Organización, Juan Cornejo; y su portavoz parlamentario, Mario Jiménez. Por IU, lo hacen el consejero de Relaciones Institucionales y Administración Local, el vicepresidente Diego Valderas; el coordinador regional, Antonio Maíllo; y el portavoz parlamentario, José Antonio Castro. Sólo éste, en uno de los recesos de la reunión, ha hablado. "No peligra nada", ha dicho cuando se le ha preguntado por una posible ruptura del pacto entre las dos formaciones. Luego ha vuelto a meterse en una reunión que tiene visos de prolongarse por varias horas.

La reunión está teniendo lugar en el propio Parlamento de Andalucía, donde paralelamente se desarrolla la segunda sesión de pleno. En el mismo se ha colado de lleno el asunto, porque el PP-A ha aprovechado hasta el límite la ocasión para intentar acorralar a Susana Díaz durante la sesión de control, y pese a que ella ha tratado de llevar el debate hacia su terreno, con anuncios de nuevas medidas del Gobierno de Andalucía en materia de empleo o contra la corrupción.

La parte más tensa ha llegado cuando el portavoz parlamentario del PP-A, Carlos Rojas, le ha pedido que destituya a una ausente -está en Colombia desde hace días- consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, "si ha perdido su confianza en ella". En la misma línea, le ha preguntado: "Si es ilegal lo que se ha hecho IU con la Corrala Utopía, ¿va a denunciar a sus socios?".

"De la estabilidad de mi gobierno, me ocupo yo (...). Haré lo que tenga que hacer para que en Andalucía impere la igualdad, la justicia y la legalidad", le ha replicado la presidenta, después también de que Carlos Rojas le haya echado en cara "el espectáculo con la Corrala Utopía", su "falta de liderazgo" o que vaya a ser "el consejero de Relaciones Institucionales y Administración Local el que vaya a terminar convocando las elecciones autonómicas". Insistía de esta manera en la tesis que los populares llevan meses defendiendo de que en Andalucía habrá un adelanto electoral, cuya fecha ven más próxima tras esta crisis.

Dos medidas que quedan ensombrecidas

La presidenta se ha esforzado en canalizar el debate con la oposición hacia "lo que interesa a los ciudadanos" y no a las "peleas políticas". Por por eso ha anunciado que el 29 de abril el Consejo de Gobierno va a aprobar un plan extraordinario de medidas urgentes para crear empleo en Andalucía con 200 millones de euros dirigido a los jóvenes, y que incluirá becas, prácticas o una nueva edición del bono joven, entre otras medidas. "He visto que el interés que le ha suscitado el plan de empleo es ninguno", le ha espetado al popular después de que éste insistiera en el tema de la Corrala Utopía. Por eso, ha intentado el contraataque con otro "anuncio": la orden para comenzar a aplicar en los presentes presupuestos autonómicos controles extraordinarios en las transferencias de financiación, con el objetivo de evitar un nuevo caso como el de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos que todavía investiga la justicia. "Lo prometí y lo cumplo", ha sentenciado la socialista.

Susana Díaz ya había mandado un mensaje nada subliminal a IU durante el pleno, y sin mencionar directamente la crisis de la Corrala Utopía, había insistido en la necesidad de no saltarse la ley. Lo ha dicho cuando respondía al portavoz parlamentario de IU, José Antonio Castro, en una cuestión relativa a la lentitud que la coalición de izquierdas percibe a la hora de aprobar las leyes recogidas en el pacto de gobierno (sólo se ha aprobado una de las 28 previstas en dos años). "Las cosas se pueden hacer de otra manera. Dentro de la ley", ha dicho la presidenta en referencia a las políticas puestas en marcha por la Junta de Andalucía. "En el marco de la legalidad", ha apostillado cuando defendía el modelo que se aplica "desde la izquierda" frente a las políticas del Gobierno de Mariano Rajoy. Dos referencias muy contundentes después de que haya ordenado a los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía comprobar la legalidad seguida en el proceso de realojo de las familias de la Corrala Utopía.

También Diego Valderas se ha referido a esta polémica durante el pleno, cuando respondía a una pregunta de los populares. El vicepresidente ha recalcado que "el Gobierno de Andalucía en su conjunto" está trabajando para buscar una salida a estas familias y "unas soluciones que no da el Ayuntamiento de Sevilla", en referencia a que el equipo de gobierno que lidera Juan Ignacio Zoido (PP-A) se desmarcó de las negociaciones. En este sentido, cabe recordar que el alcalde, una vez que IU le pidió la cesión de viviendas para el realojo, envió una carta a la presidenta advirtiéndole de la posible ilegalidad de la propuesta de sus socios y sus temores de que se fuera a imponer el criterio de "la patada en la puerta" para conseguir una VPO.

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