El Constitucional admite a trámite un recurso por retención de inmigrantes en Tarifa

Se trata de un recurso de habeas corpus presentado por la detención de cientos de estas personas, que conforme los denunciantes, permanecieron custodiadas en el polideportivo de Tarifa más de 72 horas sin ser puestas a disposición judicial ni tener acceso a asistencia letrada, lo que constituiría a una detención ilegal.

La sección cuarta de la Sala Segunda del alto tribunal acuerda admitir a trámite el recurso y enuncia entre sus motivaciones que “plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina” del Constitucional, y que “el asunto trasciende el caso concreto porque plantea una cuestión jurídica de relevante y general repercusión”.

Argumenta asimismo que “la doctrina del Tribunal sobre el derecho fundamental que se alega podría estar siendo incumplida de modo general y reiterado por la jurisdicción ordinaria o pudieran existir resoluciones judiciales contradictorias sobre el derecho fundamental”.

El coordinador jurídico de Andalucía Acoge, José Luis Rodríguez Candela, celebra que en la admisión a trámite el tribunal reconozca “que es una circunstancia que tiene gran relevancia, que no se ha resuelto con anterioridad y que debe ser tratada en profundidad”, y destaca que se trata en definitiva de personas que llegan a territorio nacional y permanecen “durante un tiempo sin intervención judicial”.

“No puede detenerse a un nutrido grupo de personas en un centro del que no pueden salir y al que no puede entrar cualquier ciudadano, como ocurrió con personas de distintas organizaciones sociales que quisieron acceder. Entendimos que era una situación de privación de libertad porque llevaban así más de diez días en algunos casos”, explica en declaraciones a Europa Press.

Más de 1.200 personas llegaron a las costas gaditanas en embarcaciones hinchables entre el 11 y el 12 del pasado mes de agosto recogidos por las autoridades españolas en aguas del Estrecho. Fueron derivados a un polideportivo en Tarifa, acondicionado como lugar de acogida y del que no podían salir a voluntad, según denunciaron en su día la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y Andalucía Acoge.

Estas entidades denunciaron la situación tanto al Defensor del Pueblo, que había enviado personal a la zona para monitorizar la respuesta que se daba a los recién llegados, como al Juzgado de Instrucción número 2 de Algeciras, donde solicitaron que se iniciase un procedimiento de habeas corpus que, finalmente, fue desestimado por no encontrar que se estuviera produciendo tal detención.

De ese pronunciamiento del juzgado de Algeciras se hizo eco el Gobierno el pasado mes de noviembre, cuando en una respuesta parlamentaria dirigida a Izquierda Plural, que se interesaba por este asunto, defendió que no se había producido tal detención ilegal puesto que “la Guardia Civil no impidió la salida de los inmigrantes, limitándose su servicio a garantizar la seguridad de los mismos y el orden público durante esos días”.

“Durante los días en que los inmigrantes permanecieron en las instalaciones deportivas, se facilitó la entrada a todo organismo que mostraba su interés en observar la situación. De esta manera, accedieron a los recintos, personal de ACNUR, los respectivos representantes de la Oficina de la Defensora del Pueblo en España y de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz”, explicó el Gobierno en aquella contestación en el Congreso.