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El Teniente Segura pide el sobreseimiento de su caso tras la sentencia que avala la libertad de expresión en el Ejército

El Teniente Segura, que mantiene una dura batalla judicial contra el Ejército hace casi dos años.

Fermín Cabanillas

El Teniente Luis Gonzalo Segura, arrestado en varias fases por un total de 139 días durante 2014 y 2015 por publicar “Un paso al frente”, libro en el que novela presuntas corruptelas en el ejército español, ha iniciado este jueves el trámite para pedir el sobreseimiento de los procesos que aún hay abiertos contra él, tras la sentencia del Tribunal Supremo que dicta que los militares tienen derecho a expresar libremente su opinión sobre la cúpula que tienen por encima.

El Supremo, concretamente, ha resuelto que el derecho a la libertad de expresión ampara a aquellos militares que expresen críticas en público al Ejército porque, realizadas con mesura, no pueden ser tomadas como un ataque a la disciplina o a la cohesión interna. Precisamente estos pretextos fueron los que sirvieron a las Fuerzas Armadas para encerrar un mes y un día al subteniente del Ejército de Tierra y presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Jorge Bravo, quien había pedido en dos entrevistas que los gastos en festejos fueran destinados a mejorar las condiciones laborales de sus compañeros.

En una sentencia de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, a la que ha tenido acceso eldiario.es, los magistrados dan la razón a Bravo, ordenan que se elimine la sanción de su expediente y se le indemnice con 60 euros por cada día que pasó encerrado. Pero más allá de la situación personal del subteniente, el fallo supone un antes y un después en los derechos de los militares –y de los guardias civiles, como reitera la sentencia- al fijar unos estrictos límites a la cúpula militar para sancionar a aquellos que muestren en público sus discrepancias con la forma que tienen de administrar las Fuerzas Armadas.

Unos límites que Luis Segura afirma que jamás ha traspasado, y que se ha limitado simplemente a denunciar casos concretos, tanto en el libro como en entrevistas posteriores. Precisamente por una de esas entrevistas, en el programa El Intermedio de La Sexta, tiene encima una petición de ingreso en prisión militar, ya que apareció en pantalla con su uniforme, “como corresponde a un militar”, explica a eldiario.es/andalucia.

Para el teniente, lo principal es que la sentencia “cambia muchísimo la percepción a nivel nacional sobre este caso, aunque yo sabía que tenía razón desde el principio, sobre todo porque en 1994 se dictó una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dice que los militares pueden criticar y proponer reformas, sin que ellos les afecte de ninguna forma. En España hemos llegado 21 años tarde, pero hemos llegado por fin”.

“Sabía que tarde o temprano era una batalla que podía ganar. Ahora saben que el Supremo me da la razón, por lo que vamos a plantear el cierre de todos los procesos abiertos, y estudiar una posible indemnización por el tiempo que he estado en prisión injustamente”, señala, “porque mi caso es de acoso laboral, no tiene nada que ver con nada como lo que se me imputa”.

Los militares tienen derecho a expresarse

La sentencia del Supremo es clara. La ponente del fallo, Clara Martínez de Careaga, reconoce que “las características de profunda jerarquización, disciplina y unidad, que resultan indispensables a la organización militar para poder cumplir sus fines, justifican limitaciones a la libertad de expresión”, para a continuación recalcar que eso “no excluye cualquier crítica, o defensa ponderada de los derechos de los integrantes de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Civil, siempre que se exprese con moderación y respeto”.

El portavoz de AUME, en servicio activo, concedió dos entrevistas a ABC Punto Radio y esRadio en el verano de 2012 en las que criticaba los recortes en el Ejército y su repercusión en la situación laboral de sus miembros, al tiempo que denunciaba los dispendios que seguían produciéndose en festejos patronales o tomas de posesión.

Eso le valió una sanción grave en aplicación del artículo 8 de la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, que castiga “hacer reclamaciones, peticiones o manifestaciones contrarias a la disciplina o basadas en aseveraciones falsas; realizarlas a través de los medios de comunicación social o formularlas con carácter colectivo”. Bravo recurrió al Tribunal Militar Central, que confirmó la sanción.

Ahora, el Supremo le ha dado la razón, y militares como Luis Gonzalo Segura tienen una puerta abierta a que sus casos no solo sean sobreseídos, sino que se les recomponga su imagen y no se toquen en modo alguno sus galones.

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