Los consumidores denuncian que la Junta de Andalucía ha dejado de pagar las bonificaciones para hipotecas
En 2009 la Junta de Andalucía anunció un plan por el que destinaría casi 1.000 millones de euros (978) para intentar dar salida a las miles de viviendas vacías del mercado libre que hay en la comunidad autónoma y que consistía básicamente en dar préstamos reintegrables a los compradores para poder pagar su hipoteca. Este proyecto se concretó con un convenio entre la Consejería de Hacienda y Administración Pública, la ahora Consejería de Fomento y Vivienda, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y una veintena de bancos, y su vigencia comenzó el 1 de enero de 2010 para prorrogarse “de manera indefinida” en 2011, es decir, “hasta agotar los fondos”.
Sólo el primer año de vigencia se concedieron 1.395 préstamos reintegrables por importe de 22 millones de euros. Desde entonces han sido unos cuantos miles más, si bien desde la Junta de Andalucía no han concretado la cifra. El problema ha comenzado este año, cuando esos hipotecados que tenían concedida la bonificación -habitualmente con el ingreso de 250 euros por mes durante cinco años para completar la cuota hipotecaria- han dejado de recibir la mensualidad. “Sin previo aviso”, según denuncian los afectados.
Las reclamaciones han comenzado a llegar en cascada y la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA) ha anunciado este jueves que pondrá a sus servicios jurídicos a trabajar en este caso para llegar a los tribunales si es necesario. De momento, el vicepresidente de esta organización, Miguel Ruiz Anillo, ha explicado que han comenzado por presentar el pasado 5 de julio una reclamación por la vía administrativa en la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), después de que a comienzos de año -cuando llegaron las primeras denuncias de los usuarios- preguntaran por el asunto “y todavía estamos esperando a que nos respondan”.
En este sentido, ha exigido a la consejería de dirige Elena Cortés que haga gala “de la transparencia y participación que predica” y responda a los consumidores. Igual que ha instado a la consejera a “abrir cauces de diálogo con las organizaciones que son representativas de los consumidores y usuarios”. También ha avanzado que este mismo jueves acudirían a presentar una queja en la oficina del Defensor de Pueblo Andaluz y próximamente hablarán con los grupos parlamentarios para que el asunto se debata en el Parlamento de Andalucía. “Vamos a llegar hasta el final, porque estamos hablando de algo muy preocupante, que puede afectar a miles de andaluces. La administración no puede mirar para otro lado después de haberles concedido ese derecho”, ha continuado. De hecho, ha puntualizado que la situación puede poner a “muchos usuarios al borde del desahucio, ya que los hay que están en paro y sólo pueden pagar la hipoteca si les llega esta mensualidad”.
Desde la Consejería de Fomento y Vivienda han reconocido un “retraso puntual”, que han atribuido a una tramitación interna para garantizar las transferencias al programa por parte de la Consejería de Hacienda y Administración Pública que le den cobertura ahora y en próximas anualidades. Los préstamos reintegrables para adquisición de viviendas son un programa impulsado en 2009, que establecía la obligación de comenzar los abonos en de 2013. Durante todo el año 2013 la consejería transfirió trimestralmente las cantidades comprometidas. La previsión “es retomar los pagos tras el verano, una vez concluida la tramitación interna”, según fuentes de este departamento.
Las mismas fuentes han reseñado que “la concesión de estas ayudas se aprobó durante la pasada legislatura sin garantizar previamente la disponibilidad presupuestaria para hacer frente a todos los compromisos”. El actual equipo de la consejería, “que considera que este método es inadecuado, aplica el criterio de conceder todas las ayudas de los diferentes programas siempre con la garantía de cobertura presupuestaria, para evitar situaciones indeseadas”.
¿En qué consiste?
Esta fórmula pactada con la patronal para intentar reducir el stock de vivienda vacía ofrece en teoría tres ventajas a los compradores: un descuento del precio de venta en torno al 20% sobre el precio de mercado (los propietarios se comprometían a esta rebaja), el acceso a un inmueble sin necesidad de desembolsar cantidad en concepto de entrada y un ahorro medio del 40% de la hipoteca durante los ocho primeros años gracias a la ayuda de la Junta de Andalucía.
La cuantía del préstamo reintegrable que ofrece la Junta de Andalucía se fija en 9.000 euros, pero puede incrementarse hasta los 15.000 en función del nivel de renta del comprador o si éste es menor de 35 años, víctima de violencia de género, acredita alguna discapacidad o se integra en una familia numerosa o monoparental.
En 2011, además, cuando el Consejo de Gobieron decidió prorrogar indefinidamente la fórmula, se incluyeron como principales novedades el aumento del precio máximo de venta, de 245.000 a 275.000 euros por inmueble, y la introducción de la libertad de pacto entre las partes para fijar las condiciones de la hipoteca.
