La Guardia Civil advierte a Núñez del “importante retraso” en la investigación de los cursos de formación

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha advertido a la juez María Núñez Bolaños, que investiga la 'macrocausa' de los cursos de formación, de que “la falta de la documentación necesaria para el progreso de la investigación provoca un importante retraso y perjuicios al resultado” de la misma, por lo que le ha solicitado que vuelva a requerir a la Junta documentación sobre los entramados empresariales vinculados al ex vicesecretario general del PSOE-A Rafael Velasco y al exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda.

En un oficio fechado el 4 de julio, al que ha tenido acceso Europa Press, la Guardia Civil pide a la magistrada que requiera distinta documentación a la Dirección General de Formación y a la Intervención General de la Junta y subraya los “retrasos” que se están produciendo “en disponer de dicha información” y también “el menoscabo que ello supone para la eficacia de las investigaciones que se realizan”, por lo que reitera la “necesidad” de disponer de la misma y solicita que “se requiera nuevamente la misma a los organismos que disponen de ella”.

“La falta de la documentación necesaria para el progreso de la investigación provoca un importante retraso y perjuicios al resultado de la misma”, subraya la UCO, que precisa que el estudio de la documentación solicitada “requiere una planificación previa de personal y medios de esta Unidad”, no obstante lo cual se pone a disposición de la juez “para la práctica de aquellas investigaciones que pueda considerar oportunas realizar”.

De este modo, los agentes de la UCO piden a la instructora que reitere su petición para que la Dirección General de Formación de la Junta aporte los informes relativos a la revisión de los expedientes de subvenciones otorgadas al entramado de empresas vinculadas a Rafael Velasco, Ángel Ojeda, José María Pérez González, José Sivianes y a la empresa Multiservicios y Limpiezas Doñana, de José Fernández de los Santos.

Asimismo, y en este oficio consultado por Europa Press, la Guardia Civil pide que, por parte de la Dirección General de Formación, se aporte copia de los expedientes de reintegro de las subvenciones otorgadas a UGT, CCOO y CEA, así como de las resoluciones de exceptuación a la limitación comprendida en el artículo 124.1 del Decreto Ley 1/2010 de 2 de marzo publicadas entre los años 2007 y 2013.

INFORMES DE ACTUACIÓN

De igual modo, solicita a la juez que vuelva a requerir a la Intervención General de la Junta para que aporte los informes de actuación que haya abierto con ocasión de los informes especiales correspondientes al periodo 2009-2012, así como el informe que se haya podido elaborar a requerimiento judicial sobre las subvenciones cuya concesión correspondía al órgano central del SAE.

Para finalizar, interesa una copia digitalizada de los expedientes de subvenciones incautados en la sede de la Dirección General de Formación.

Los agentes de la UCO explican en el oficio que una de las líneas de investigación que se marcó dentro de esta 'macrocausa' fue la relativa a la “supuesta concesión irregular de subvenciones a determinados entramados empresariales y el uso que de esos fondos habrían realizado sus responsables”, de manera que “se marcaron cuatro entramados” vinculados a Ángel Ojeda, Rafael Velasco, José María Pérez González y José Sivianes, al que se sumó posteriormente la empresa Multiservicios y Limpiezas Doñana.

Al hilo, la UCO explica que, “de manera genérica, la investigación sobre estos entramados se pretendía realizar” mediante la revisión de los trámites de concesión, control y justificación de los expedientes de subvención correspondientes a las empresas que componían dichos entramados, de manera que para su revisión se acordó por medio de tres autos sucesivos que funcionarios de la Dirección General de Formación de la Consejería de Educación realizasen dicha función.

EL CASO DE RAFAEL VELASCO

A continuación, los agentes analizan el entramado empresarial vinculado a Rafael Velasco y aseveran que las empresas y expedientes de subvenciones concedidas a esas empresas quedaron identificados mediante oficios policiales de enero y febrero de 2015, siendo comunicadas a la Dirección General de Formación mediante mandamiento judicial de fecha 9 de febrero de 2015.

La UCO dice que el contenido de los informes que debían emitirse por la Dirección General de Formación quedó definido por auto de 4 de marzo de 2015, pese a lo cual dicha Dirección General, “hasta la fecha, no ha emitido ningún informe” sobre las subvenciones otorgadas a estas empresas, un hecho que “ha sido reiteradamente puesto de manifiesto” por la UCO ante la juez y la Fiscalía Anticorrupción.

De igual modo, ha sido “reiterada la necesidad de su elaboración para determinar la existencia de posibles hechos delictivos y sus autores” mediante tres oficios de septiembre de 2015 y abril y mayo de 2016.

En relación al entramado de empresas “controladas” por Ángel Ojeda, la UCO explica que las mismas quedaron identificadas mediante oficio de enero de 2015, en el que se hacía constar que, “dado el volumen de las subvenciones recibidas, la investigación pretendía enmarcarse en aquellas relativas al denominado 'plan Delphi'”.

Tras indicar que en el marco del caso de los ERE fraudulentos la Intervención General del Estado está confeccionando un informe relativo a las ayudas sociolaborales a Delphi que “resulta de especial interés” para esta causa, la UCO dice tener constancia de que la Dirección General de Formación ha revisado los expedientes de subvenciones concedidas al entramado de empresas del exconsejero en el marco del 'Plan de Rehabilitación de la Bahía de Cádiz (Delphi)'.

UGT, CCOO Y CEA

Por ello, reitera su petición para que la Dirección General de Formación aporte los informes emitidos en torno a esta revisión de expedientes y también los expedientes de reintegro abiertos a las mencionadas empresas, “cuya entrega estaría amparada por el mandamiento judicial de fecha 15 de octubre de 2014, por el que se requería a la Dirección General de Formación para que hiciese entrega de los expedientes de reintegro instruidos o que se instruyesen sobre cursos de formación”.

La UCO también analiza las subvenciones concedidas a agentes sociales, quienes “se convirtieron en los principales receptores de subvenciones” relativas a Formación Profesional para el Empleo, “cuya concesión en estos casos se realizaba por un procedimiento de 'adjudicación directa'”.

Al hilo, dice que la investigación de las presuntas irregularidades en relación con las subvenciones a UGT-A, “dada la trascendencia pública que las mismas tuvieron, avanzó con mayor celeridad, siendo finalmente trasladada” la misma al Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, mientras que la investigación de las subvenciones a CCOO y CEA “quedaron dentro del marco” de la causa de los cursos de formación.

Para investigar estas subvenciones, el Juzgado pidió en mayo de 2015 a la Dirección General de Formación que aportase copia de los informes de reintegro que correspondieran a las subvenciones otorgadas a UGT, CCOO y CEA, “sin que hasta el momento se tenga constancia de su cumplimiento”.

En esta línea, asevera que las diligencias “que incluirían estas entidades se iniciaron en 2013 sin que se haya recibido indicaciones sobre acciones investigativas en relación con aquellas, más allá del mandamiento mencionado”, por lo que la UCO se pone a disposición de la juez Núñez “para avanzar en las investigaciones que determine”.