Sáhara o Atlántico Sur: las claves del conflicto pesquero con Marruecos

El barbateño Rafael Oliva, de 55 años, armador y patrón del Benamahoma, asegura que a los pescadores les está llegando el “hambre al pelo”. Los dos grandes caladeros del sector andaluz atraviesan dificultades. La flota de cerco ha vuelto a faenar en el Golfo de Cádiz pero lo hace con las mayores restricciones que se recuerdan a fin de garantizar el futuro del boquerón. Más al sur, las aguas de Marruecos permanecen cerradas a la espera de un nuevo acuerdo entre Bruselas y Rabat que se resiste, desde hace un año, y que se enreda en la diplomacia. Los periodos de faena aquí o allí se alternan con los subsidios por inactividad, y el Benamahoma, con 16 familias a su cargo, está en los tres frentes: “Nosotros lo que pedimos es que nos dejen hacer lo único que sabemos hacer, que es pescar”, reivindica el patrón.

No hay posibilidad de pescar en Marruecos desde el 14 de diciembre de 2011. Aquel día, el Parlamento Europeo votó en contra de renovar el convenio con el país vecino que estaba vigente desde 2007 al estimar tres grandes problemas: la escasa rentabilidad económica para la Unión Europea, la sobreexplotación a la que se está sometiendo al caladero y la falta de pruebas de que el acuerdo sea beneficioso para los ciudadanos del Sáhara Occidental, en cuyas aguas se ejerce gran parte de la presión pesquera. El patrón mayor de la Cofradía de Barbate, Alfonso Reyes, recuerda que los barcos tenían las redes echadas cuando recibieron la noticia de Bruselas a través de una llamada del Centro de Seguimiento de Pesca. Vuelta a casa inmediata.

La puja por el caladero

La negociación de un nuevo convenio pesquero se prolonga desde otoño y suma ya cinco rondas diplomáticas. “Nos dicen que el acuerdo siempre está a punto pero no se termina de firmar, y aquí seguimos esperando”, lamenta el patrón de la traíña Benamahoma. Sobre el papel, Marruecos no se conforma con los 36,1 millones de euros anuales que percibía por el anterior protocolo y pide que la compensación se incremente hasta los 38. Los negociadores de la UE ofrecen diez millones menos, pero el montante final sólo depende de las concesiones que Rabat esté dispuesta a hacer sobre el número de licencias, las condiciones técnicas y el área geográfica de la faena, que determinarán la rentabilidad del protocolo. En el fondo de la negociación, más allá de ese tira y afloja económico, subyace el papel que tendrá la población saharaui en el acuerdo, un tema que irrita a Marruecos y genera tensión entre las partes.

Hay países europeos que no están dispuestos a transigir con un convenio que no sea claro con respecto al Sáhara Occidental, según explican fuentes próximas a la negociación. En el informe que derivó en la cancelación del último acuerdo, el eurodiputado liberal finlandés Carl Haglund ya denunció las dudas existentes sobre legalidad de un convenio bilateral UE-Marruecos en el que se interfería en los recursos de la población local saharaui. Solución: o los beneficios a este colectivo se acreditan con claridad, o sus aguas deben quedar excluidas del mapa de faena. Este grupo de países críticos tiene capacidad para bloquear en el Consejo de Gobierno Europeo el texto que salga de la ronda negociadora, por lo que sus intereses están sobre la mesa y no se pueden desoír.

Borrar el Sáhara

Marruecos, sin embargo, se niega a hacer alusiones expresas a los territorios ocupados, a los que considera una provincia más. El país no quiere que se abra ninguna grieta en la soberanía impuesta sobre el Sáhara pero, al mismo tiempo, necesita la firma del acuerdo de pesca. Y no por su rédito económico (38 millones anuales no son significativos para las arcas de un Estado) sino porque ese convenio representa un salvoconducto preferencial con el sello del vecino del norte.

El presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape), Pedro Maza, que participa en la ronda, sostiene que las cuestiones técnicas y económicas “no deberían ser un escollo” para el acuerdo y opina que, “llegados a este punto, la negociación se debe desbloquear al más alto nivel”. El presidente de la Asociación Barbateña de Empresarios de Pesca (Abempe), Tomás Pacheco, que también participa en la comisión mixta hispano-marroquí que abre el camino desde un punto de vista técnico a los políticos, coincide en que el obstáculo para la firma solo es diplomático: “La comisaria [de Pesca, María Damanaki] debe resolver lo que la comisaria provocó. Ahora habrá que ver si en los papeles al Sáhara se le llama Sáhara, se llama zona Atlántico Sur como se ha hecho otras veces o se le llame como se le llame. Nosotros estamos fuera de esas cuestiones. Lo que pedimos es una solución para nuestros barcos y para las familias que dependen de este trabajo”.

Un tercer actor, Javier Garat, que representa desde Cepesca (Confederación Española de Pesca) los intereses del sector nacional, apunta que ese acuerdo “político” a alto nivel que respete todas las “sensibilidades” ya existe y que solo falta “ponerlo sobre el papel”. “Hay que ser paciente”, subraya Garat, que cree que hay posibilidades de que el convenio se rubrique en la próxima ronda negociadora, que se celebrará en Bruselas en marzo.

Economía de los pueblos

El último protocolo pesquero (2007-2012) incluía 119 licencias para pescar en aguas norteafricanas; 100 de ellas pertenecían a barcos españoles, y 43, a la flota andaluza, que tiene una vinculación histórica con el caladero. De estas: 20 estaban destinadas a los últimos cerqueros barbateños, que faenan cercando a los cardúmenes y capturándolos con una red; y 23, a los palangreros de fondo de los puertos de Algeciras y Conil, que despliegan una gran línea con miles de anzuelos para capturar los peces. Estos barcos dan trabajo a alrededor de 400 personas de forma directa y son uno de los principales sustentos económicos de municipios como Barbate, donde hay 5.400 desempleados, casi la mitad de la población activa.

Durante el año pasado, el Gobierno mantuvo abierta una línea de subsidios de 1.350 euros al mes para estos pescadores afectados por la cancelación del acuerdo con Marruecos, aunque las ayudas quedaban interrumpidas cuando los barcos salían a buscar suerte al Golfo de Cádiz. El patrón mayor de Barbate reivindica que los marineros no quieren ayudas, que lo que quieren es pescar con unas condiciones adecuadas. “Los políticos tienen que buscar soluciones para que podamos trabajar en unas condiciones mínimas de rentabilidad”, reclama el patrón, que advierte de que “a día de hoy sigue sin haber quien llene la olla en el pueblo”.