UGT-A pide a Gallardón “que no manipule más a la opinión pública” con los registros civiles
La Federación de Servicios Públicos de UGT Andalucía (FSP-UGT-Justicia) le pide al ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, “que no manipule más a la opinión pública” para privatizar los registros civiles y que para “justificar” su decisión haga “una interpretación sesgada de los datos”.
Según indica el sindicato en una nota ante las distintas noticias aparecidas en prensa en las que el ministro de Justicia, justificaba la privatización del registro civil basándose en los atascos existentes en el mismo y las colas de espera hasta el 2019, FSP-UGT Justicia considera que son muchas las afirmaciones que hace el ministro de Justicia sobre este tema y que no son ciertas.
Así expone el hecho de “que va a ser un servicio gratuito; que el Gobierno se decanta por los registradores mercantiles frente a los de la propiedad o secretarios judiciales cuando la realidad es que la denominación oficial de este colectivo es 'Colegio de registradores de la propiedad y mercantiles de España'; tampoco es del todo cierto que los registradores hayan tramitado 460.000 expedientes de nacionalidad con la aplicación informática 'Futureg'; también es incierto que los registradores se encarguen de elaborar una plataforma electrónica; o que vaya a haber oficinas en todos los municipios”.
Desde FSP-UGT recuerdan que “el Registro civil es mucho más que los expedientes de nacionalidad, esto constituye, porcentualmente, una pequeña parte de sus tareas”. “Contrariamente a lo que intenta hacer creer el ministro de Justicia, la tramitación llevada a cabo por los registradores de la propiedad sí está generando más atasco en el registro civil. La causa de esta situación está en la mala digitalización y documentos que faltan en los expedientes, lo que origina más trabajo porque el Registro civil tiene que requerir nuevamente la documentación”.
FSP-UGT considera que “el problema no está en el registro civil sino en el Ministerio de Justicia. Los registradores utilizan 20 veces más medios de los que tienen el propio Ministerio y el Registro civil, todos estos expedientes mal digitalizados regresan al Registro civil, colapsándolo porque no se dota de medios materiales y humanos”.
Por último, apunta el comunicado que “lo que tiene que aclarar el ministro Gallardón, cosa que no hizo el Secretario de Estado en la Comisión del Senado celebrada el pasado 26 de Junio de 2014, es cómo pueden estar en estas negociaciones el director general de Registros y Notariados, que es registrador mercantil en Zaragoza, y el subdirector también registrador de la propiedad en Avilés”.
