El exconsejero Viera, el más 'señalado' por Alaya en los ERE, abre la ronda de declaraciones de aforados

El caso de los ERE llega a su punto más alto 263 imputados después. Su punto más alto en cuanto a que empiezan a ser los máximos responsables políticos de Andalucía los que deben responder ante la Justicia. Y es el mismo día, este martes, 7 de abril, cuando casualmente dos exconsejeros están citados a declarar como imputados: José Antonio Viera, en el Tribunal Supremo; y Antonio Ávila, en el TSJA. No son los primeros exconsejeros en pasar por los tribunales pero sí los que lo harán como aforados, nacionales o autonómicos, tras cuatro años de investigación.

Son dos casos bastante distintos. Ávila, fuera de las listas del PSOE en las últimas elecciones autonómicas y miembro de la Diputación Permanente del Parlamento andaluz desde el pasado 26 de enero, fue consejero de Economía e Innovación entre 2010 y 2012. Antes fue vocal de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) desde 2001, secretario general de Economía (2002-2009) y también consejero de Presidencia (2009-2010). La jueza Alaya no le atribuye hechos determinados en la exposición razonada elevada al TSJA, también a finales de enero, así que habrá que ver en qué sentido concreto se le toma declaración.

Se da la circunstancia de que este mismo lunes la Fiscalía Superior se ha pronunciado respecto a una cuestión que es previsible pero de la que alerta el fiscal Jesús García Calderón. Ávila y otros tres exconsejeros (Vallejo, Recio y la también citada como imputada Martínez Aguayo –8 de abril–) perderán en poco tiempo su aforamiento al dejar de ser parlamentarios, una vez quede conformado el nuevo Parlamento.

Será la jueza Mercedes Alaya (o la persona que dirija entonces el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla) quien deba “formalizar” su imputación “en el momento procesal oportuno”, según opina la Fiscalía. Está por ver, por tanto, cómo se desarrollará la atribución de presuntos delitos al exconsejero y qué tribunal determinará su futuro judicial.

Lo que parece más claro, según la instrucción seguida por Alaya, es la presunta participación de José Antonio Viera, diputado por Sevilla en el Congreso desde 2011 y que tiene la condición de aforado, como el resto de los exconsejeros y expresidentes 'señalados' por la jueza desde septiembre de 2013.

Consejero de Empleo entre 2000 y 2004, hace justamente un año trascendió un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil donde destaca la acumulación de convenios suscritos (20 de 24) durante los escasos meses en que Viera fue presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y por haber propiciado importantes ayudas para la Sierra Norte de Sevilla con objeto de favorecer “desmesuradamente” a empresarios con los que se relacionaba y personas “con las que mantenía afinidades políticas”.

Según la UCO, Viera, que dejó de dirigir el 25 de abril de 2004 la Consejería de Empleo que gestionaba las ayudas sociolaborales investigadas, habría dado a Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo y uno de los principales inculpados, las “instrucciones oportunas para que la sucesión de estas subvenciones se materializaran de forma ininterrumpida, incluso para que las mismas continuasen cuando Viera abandonara la Consejería”.

El convenio de 2001 y la Sierra Norte de Sevilla

El exconsejero y otros once responsables públicos, según aquel atestado, podrían haber permitido o favorecido que un entramado de empresas de la mencionada comarca sevillana, la mayoría sin actividad comercial ni trabajadores, se beneficiara de 55 de los 85 millones de euros en ayudas sociolaborales concedidas en Andalucía entre 2001 y 2010. La mayoría de estas personas con responsabilidad pública ya habían sido nombradas en algún momento de la instrucción y varias de ellas estaban ya oficialmente imputadas hace un año.

Pero la presencia judicial de Viera no trasciende hasta este martes. Incluido en la lista de 'señalados' por Alaya pero sin haber sido imputado hasta ahora, cuando el Supremo le llama en esta calidad, su posición ha estado ensombrecida por la mayor visibilidad de los expresidentes Chaves y Griñán, si bien Viera fue uno de los firmantes del convenio marco que generó el sistema de ayudas en julio de 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA (IDEA desde 2004).

Mismas responsabilidades, entrada tardía en la causa

De hecho, el otro firmante de aquel convenio, Antonio Fernández, entonces viceconsejero de Empleo y presidente del IFA, consejero luego de Empleo entre 2004 y 2010 sustituyendo precisamente a Viera, dio con sus huesos en la cárcel por este caso. Salió de prisión preventiva en agosto de 2012 tras abonar 450.000 euros de fianza.

Fernández dijo ante Alaya que el sistema de ayudas implantado en 2001 “era legal” y defendió su operatividad para ayudar a trabajadores y empresas. Mismas responsabilidades, supuestamente, pero su llegada a la causa llega mucho más tarde. La Fiscalía Anticorrupción, ya entonces y durante todo este año en varias ocasiones, pedía que se elevara esta parte de la causa al Supremo.

En el caso de Viera, siempre según la UCO, se da una presunta circunstancia familiar y es que “parece inverosímil que desconociera que su hija estaba trabajando para el grupo de empresas que estaba siendo agraciado”. Sonia Viera tuvo el sueldo “nada despreciable” de 48.189 euros en los 14 meses que trabajó para la empresa Marco de Estudios, también dentro del ámbito de la Sierra Norte de Sevilla y vinculada igualmente al conocido como “tándem Rosendo-Sayago”, una estructura societaria compuesta por José Enrique Rosendo Ríos, hijo del exalcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo, y José María Sayago Lozano, empresario vinculado a la Sierra Norte.

Las explicaciones de Viera serán solo las primeras de un mes de abril lleno de citas judiciales en el Supremo. El próximo 9 de abril llegará el turno de Griñán; el 14 de abril comparecerá Manuel Chaves; el 16 de abril, Gaspar Zarrías, y el 21 de abril, Mar Moreno. Chaves, Viera y Zarrías son diputados, y Griñán y Mar Moreno son senadores.

Su comparecencia será voluntaria para que se decida si existen motivos o no para pedir el suplicatorio contra ellos al Parlamento, de manera que los cinco aforados comparecerán voluntariamente utilizando la posibilidad que la ley otorga para que puedan despejar sospechas sin que sea necesario pedir el suplicatorio o que suceda lo contrario, que el Supremo decida abrir causa contra ellos.

Por otro lado, según informa Europa Press, el instructor de la causa de los ERE en el Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, cuenta ya de cara a esta ronda de declaraciones con diversa documentación entre la que se encuentran determinados documentos requeridos a la Junta y una ampliación del informe realizado por la Intervención General del Estado (IGAE) sobre la idoneidad de los instrumentos presupuestarios utilizados para dar las cuestionadas ayudas sociolaborales.