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¿Por qué ya no hay agentes locales de fomento del empleo en la comunidad con más paro?

La Junta y el PP se acusan mutuamente de la situación de unos 800 'alpes', despedidos en septiembre de 2012 del casi centenar de consorcios de las antiguas Unidades Territoriales de Empleo Desarrollo Local y Tecnológico (Utedl).

El Tribunal Supremo aprecia "fraude de ley" y "desviación de poder" en 14 sentencias que consideran nulos otros tantos "despidos colectivos".

El Gobierno andaluz achaca a los recortes del PP la imposibilidad de readmitir a los trabajadores y crea un grupo de trabajo técnico para analizar la situación, mientras que el PP-A llevará una proposición no de ley al Parlamento si la Junta no resuelve.

La Fiscalía Superior de Andalucía investiga un posible fraude de 57 millones en su selección y contratación.

Unos 200 agentes locales de empleo piden ante San Telmo su reincorporación tras declarar nulos los despidos el TS

Unos 200 agentes locales de empleo pidieron en mayo ante San Telmo su reincorporación / EP.

"Con la que está cayendo y se permiten el lujo de no contar con nosotros. Somos técnicos perfectamente preparados como dinamizadores de empleo y les estamos costando dinero a todos los andaluces sin hacer nada". Uno de los agentes locales de promoción de empleo, más conocidos como 'alpes', verbaliza el pensamiento que cualquier ciudadano con problemas de acceso a un puesto de trabajo podría tener acerca de la situación que vive el colectivo desde hace casi dos años. Es sólo una de las 785 piezas (696 trabajadores y 89 directivos) que llevan movilizándose mucho tiempo, en los tribunales y en la calle, para que sus despidos se consideren nulos y puedan ser readmitidos.

El asunto se remonta a septiembre de 2012 cuando la práctica totalidad de los 'alpes' fueron despedidos de los extintos 95 consorcios de las Unidades Territoriales de Empleo Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt) que había en Andalucía, participados por la Junta y corporaciones locales de las ocho provincias. De los 696 empleados entonces, 106 cuentan ya con sentencia favorable del Tribunal Supremo, que obliga a la Junta a su reincorporación, a pesar de que el TSJA diera en primera instancia la razón al Gobierno autonómico. Los extrabajadores, apoyados por los sindicatos, están recurriendo en casación y obteniendo sentencias a su favor.

La Administración regional dice que acatará los fallos pero agota los recursos judiciales en las demandas individuales que, obligatoriamente, discurren de forma paralela a las colectivas. En ese sentido, anuncia que cumplirá con las sentencias pero después de que los afectados tramiten los correspondientes procedimientos individuales ante los juzgados de lo Social. "Eso es alargar la agonía de mucha gente que ya está pasando verdaderos apuros, porque algunos de ellos van a empezar a cobrar sólo la ayuda de 400 euros", lamentan desde el colectivo, que señala que el Supremo les está dando la razón y que "la Junta sabe que tenemos las de ganar".

"La Junta está ganando tiempo, dilatando el proceso y entorpeciendo la ejecución de las sentencias y, por tanto, la readmisión de los compañeros", indica Esperanza Morales, responsable del sector Autonómico y Servicios a la Comunidad en la Federación de Servicios Públicos de UGT-A.

Salarios de tramitación

Y apuntan un dato importante. "Dentro de uno, dos o tres años, cuando acaben todos los procesos en marcha, nos tendrán que abonar los salarios de tramitación, y somos casi 800 personas", señalan los 'alpes'. "Comprendemos que somos muchos y que no nos van a readmitir a todos de golpe, pero pedimos que no dilaten esta situación porque no tiene sentido", añaden. "El nuestro era un servicio que estaba funcionando, pero políticamente dijeron que no lo querían", denuncian.

Una sentencia del pasado abril, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y que declaró nulo el despido colectivo registrado en la Utedlt de Sierra de Cazorla, apreció "fraude de ley" y "desviación de poder" en el procedimiento seguido. Es más reciente fallo judicial al respecto, tras el recurso de UGT, obliga a la Junta a readmitir a los 'alpes' del Condado de Huelva. Estas resoluciones han dado alas al colectivo para avanzar en su posicionamiento y reclamar que todos aquellos despidos no fueron ajustados a derecho. Los recursos de la Junta son "para ganar tiempo", lamentan desde el colectivo. Existen otras doce sentencias más con el mismo contenido y similares argumentos que declaran nulos despidos de otros tantos consorcios.

En concreto uno de estos fallos alude a la "intencionalidad fraudulenta (despedir y disolver el consorcio sin que se produjese la subrogación legalmente establecida) se evidencia en las comunicaciones que sobre la decisión extintiva fueron enviadas individualmente a cada uno de los trabajadores afectados y en las que, de manera inequívoca, se presenta la extinción de los contratos de trabajo como paso previo a la disolución del ente".

Culpas mutuas: sin dinero, sin voluntad

Al menos, los agentes han podido sentarse con la Junta y con la oposición en los últimos tiempos. La Junta, que argumenta que no dispone de presupuesto para ello ni se siente responsable en origen de la situación, ha acordado crear un grupo de trabajo técnico que analice la situación del colectivo y que ya ha mantenido los primeros encuentros durante el mes de julio, sin avances especialmente destacables.

El Gobierno andaluz, que ha reiterado varias veces su voluntad de acatar cualquier fallo judicial al respecto, precisamente utiliza el argumento económico en el incidente de nulidad presentado por incongruencia del Tribunal Supremo, habiéndose dirigido al TSJA para que aclare en qué condiciones se tendrían que producir las incorporaciones ya dictadas. A su juicio, hay que tener en cuenta que "no existe ni dotación presupuestaria, ni plazas creadas para su ocupación, además de las restricciones recogidas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como las limitaciones de la tasa de reposición del diez por ciento de la plantilla, impuesta también por el Gobierno central".

Las culpas al PP no se quedan ahí ya que "el responsable de la salida de los agentes locales de promoción de empleo fue una decisión del Ministerio de Empleo y del Gobierno central", añaden fuentes de la Consejería de Innovación, que argumentan que el PP "redujo drásticamente en un 97% la partida de desarrollo local en distribución a las comunidades autónomas de los fondos para políticas activas de empleo". Según añaden, "esta partida es la que sustentaba la contratación de los 'alpes' y pasó de 35 millones de euros a sólo 1,11 millones, apenas un 3% de lo consignado en 2011". "Este recorte se ha mantenido hasta 2014", concluyen las fuentes.

Como no podía ser de otra manera, en el PP-A defienden justo lo contrario y achacan a la Junta la situación. El líder de los populares andaluces, Juan Manuel Moreno, se reunió también antes del verano con los representantes de los 'alpes' y ha pedido a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que sea "justa y sensata" y paralice todos los recursos que la Administración contra las sentencias judiciales que obligan a su readmisión.

Según detalló, el erario público se habría ahorrado 12 millones de euros, 5,8 millones en indemnizaciones y a los trabajadores y 70.000 euros al día de salarios de tramitación "a cambio de ningún servicio". "Alargar esta situación le cuesta dinero a la Junta", añaden fuentes de los 'alpes', que afirman sentirse como auténticos "peones políticos".

La "vía de negociación" que reclamaba el PP-A parece ahora abierta con la creación del grupo de trabajo. Sólo queda esperar con qué resultados. El presidente de los populares asegura que si este asunto no se resuelve a la mayor brevedad, su formación llevará una proposición no de ley al Parlamento de Andalucía.

Investigación penal por parte de la Fiscalía

Paralelamente, a mediados de julio se ha conocido que la Fiscalía Superior de Andalucía ha solicitado al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) los datos de las personas y órganos responsables de la concesión de las ayudas a las Unidades Territoriales de Empleo Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt), participadas por la Junta y corporaciones locales de las ocho provincias, entre 2010 y 2012. El objetivo es investigar un posible fraude de más de 57 millones de euros en la selección y contratación de su personal, precisamente los agentes locales de promoción de empleo.

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