El 'banco malo' asegura ahora que sólo tiene 96 VPO vacías en Andalucía en lugar de las 911 que dijo
La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) sostiene que en Andalucía sólo posee 96 VPO vacías en lugar de las 911 que decía en un informe encargado por el Gobierno de España y uno de los que este usó en su recurso en el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley de la Función Social de la Vivienda presentado el 18 de diciembre de 2013. Se da la circunstancia de que esa misma cifra le ha servido a la Junta de Andalucía para iniciar dos expedientes y multarla por no haberlas puesto a disposición de los registros de demandantes tal y como establece la ley en uno de los artículos que no ha sido recurrido y que por tanto sigue en vigor. De hecho, le podría acarrear una sanción de hasta 109,4 millones de euros contra el también conocido como banco malo. Suponiendo, claro, que la cifra sean esas 911 VPO, cosa que ahora queda en entredicho.
En concreto, ese informe -fechado el 15 de abril de 2013 y titulado Análisis del impacto y valoración del decreto-ley de Andalucía- fue incorporado en el recurso -en los Fundamentos de Derecho- porque abundaba en la tesis del Gobierno de Mariano Rajoy de que la popularmente conocida como Ley Antidesahucios ponía en riesgo la economía del país. Ley Antidesahucios ponía en riesgo la economía del país. Y es que, según recoge textualmente la impugnación presentada en el TC, la Sareb ha sido “pieza esencial en el complejo proceso de reestructuración del sector financiero en el que se halla inmerso nuestro país”. No en vano, se ideó para asumir la gestión de los activos de la banca nacionalizada o que había recibido subvenciones de las arcas públicas. “Una parte esencial del imprescindible proceso de reestructuración bancaria que se está llevando a cabo se basa en la transferencia por las entidades de crédito en problemas de sus activos tóxicos a la Sareb para que ésta los gestione y liquide” recuerda en esta línea el recurso.
Sin embargo, los datos del informe son puestos ahora en cuestión por la propia Sareb, autora del mismo, en una repuesta por escrito al diputado de IU Alberto Garzón. En dicho documento, además de incluir un cuadro donde recoge que posee 6.379 viviendas en Andalucía, la Sareb determina que la norma puede “impactar de forma muy significativa” en su gestión, especialmente por contemplar la expropiación temporal del uso de las desocupadas. La Sareb advierte también en el informe de riesgos para la inversión en Andalucía, augura que la ley puede convertir “en prácticamente nulas las posibilidades de transmisiones de carteras” en el territorio y cree que provocará “un efecto claramente disuasorio en los potenciales financiadores” de la adquisición de sus activos. Es más, recalca que la ley aboca a una “absoluta pérdida de valor de la cartera traspasada a la Sareb” en Andalucía porque ningún potencial comprador querría asumir el “riesgo”.
En su respuesta en el Congreso de los Diputados, la Sareb dice ahora que sólo tiene las citadas 96 viviendas protegidas sin ocupar en Andalucía. Reconoce que “se trata de un número sensiblemente inferior al de 911 inicialmente estimado” (prácticamente estamos hablando de un margen de error del 90%), lo que ha atribuido a la “complejidad” para valorar todos los activos disponibles en tan poco tiempo. Insiste en que era una información “estimativa” -pese a la precisión de la cifra- y basada en “datos preliminares” para justificar el desajuste.
“La depuración de la adecuada información de todos y cada uno de los activos recibidos, que implica la necesidad de verificar la corrección tanto del número de finca registral, como referencia catastral, ubicación, entre otros muchos elementos, ha exigido una particular colaboración por parte de los registros de la propiedad y otras instituciones”, argumenta el banco malo en su respuesta. Continúa subrayando que una vez obtenida la cifra se ha procedido a verificar si están inscritas en los registros de demandantes y a “regularizar su situación en otro caso”. En la misma respuesta la Sareb asevera que no ha vendido ninguna vivienda protegida “en salones o ferias inmobiliarias”, una de las cuestiones que le planteaba el diputado de IU.
En este sentido, desde la Sareb subrayan que inicialmente la cifra respondía “a una extrapolación de los datos de las carteras que se recibieron de las propias entidades bancarias”, mientras que ahora cuentan con una información proveniente de los registros de la propiedad -todavía les queda alguno por contestar- “que es la más precisa”. Las mismas fuentes insisten en que inicialmente “ya se dijo que era una estimación”, y recuerdan que la propia presidenta de la Sareb, Belén Romana, lo aclaró en el Congreso de los Diputados.
Cabe recordar que cuando se constituyó la Sareb recibió 200.000 activos por valor de 50.781 millones de euros (el 80% financieros y el resto, inmobiliarios), y pese a que la mayor parte de su capital es privado, en un 45% está en manos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad. Igualmente, de ese 20% de activos inmobiliarios que posee la Sareb, más de la mitad (12%) están radicados en Andalucía, tal y como recoge el mencionado informe. También se refiere la Sareb en el mismo documento a los colaterales de préstamos (viviendas cuya hipoteca ha asumido) y por tanto “susceptibles de ser objeto de sanciones” por la Junta de Andalucía. Estas colaterales las cifra en 17.390 en Andalucía, de las que 145 son VPO, si bien en la respuesta parlamentaria no hace referencia a esta cuestión y no se sabe, por tanto, si era también una cifra “preliminar” y una simple “estimación” o responde a la realidad.
