La Comisión Europea rechaza abrir proceso de infracción contra España por sobreexplotación de los acuíferos de Almería

La Comisión Europea (CE) ha rechazado iniciar un procedimiento de infracción contra el Reino de España por la situación de los acuíferos Alto Aguas, Sierra de Gata y Campo de Níjar, en Almería, ya que considera que las quejas elevadas por Ecologistas en Acción al respecto “no entran dentro de las prioridades de acción” de la propia comisión.

“Las quejas conciernen a una instancia individual de presunta mala aplicación del derecho de la UE sin que pueda inferirse que exista una mala práctica sistémica o un incumplimiento estructural con el ordenamiento comunitario”, señala la comunicación remitida al colectivo conservacionista con fecha 10 de mayo por la Dirección General de Medio Ambiente de la UE y consultada por Europa Press.

Ecologistas en Acción presentó en 2017 quejas ante la Comisión Europea para que, entre otras, investigase si se está produciendo una vulneración de la directiva del ciclo integral del agua y de la directiva sobre protección de aguas subterráneas en la gestión entorno al acuífero del río Aguas, en Almería, declarado “en estado crítico” por sobreexplotación de acuerdo a los parámetros establecidos en Plan Hidrográfico de la Cuenca del Mediterráneo.

El colectivo conservacionista cuestionaba en su escrito la gestión de la Junta de Andalucía y trasladaba la “preocupación por la disminución” del caudal del manantial de Los Molinos del río Aguas, que habría pasado de 40 litros por segundo a 15 litros por segundo.

“Según nuestros datos, este descenso puede continuar hasta dar lugar a un manantial testimonial, insuficiente para mantener el ecosistema del Río Aguas y los valores del paraje natural del Karst en Yesos de Sorbas ya que el manantial se alimenta de la salida de agua del acuífero Alto Aguas”, explicaba.

Competencia nacional

En su respuesta, la CE, que se disculpa por la tardanza en la contestación a las quejas, indica que, si bien es responsable de velar por el cumplimiento del derecho de la UE por parte de los estados miembros, “son las autoridades nacionales, administrativas y judiciales, la competentes en primera instancia de velar por el cumplimiento de la normativa comunitaria correctamente transpuesta en los ordenamientos internos”.

“El objeto de sus quejas podría ser abordado de una mejor manera por parte de las autoridades administrativas y jurisdiccionales en su estado miembro”, traslada el organismo, que sustenta su decisión en una comunicación propia bajo el título 'Derecho de la UE: mejores resultados gracias a una mejor aplicación' y en las orientaciones que da para actuar al respecto.

La Comisión Europea comunica, asimismo, a Ecologistas en Acción que la Dirección General de Medio Ambiente va a proceder al archivo de las quejas “en el plazo de cuatro semanas, salvo --precisa-- información sustancial contradictoria por su parte”.

En su queja, Ecologistas precisó a la CE que la explotación del acuífero y, como consecuencia, el descenso del nivel piezométrico habría generado “un cono de depresión de tal calibre que, aunque las extracciones de agua actuales se eliminasen, el manantial podría tardar décadas en recuperarse”.

“En los últimos años no solo no se han tomado medidas para solucionar el problema, sino que no ha hecho más que agravarse con la implantación de nuevos cultivos de regadío, sobre todo de olivar, que suponemos que cuentan con la autorización de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía”, añadió.

Para el colectivo, la situación actual del acuífero vulneraría la Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas que entró en vigor el 22 de diciembre del 2000, y la directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.

En su queja, Ecologistas en Acción señalaba que habían presentado ante la Consejería de Medio Ambiente, el Gobierno de España y otras instancias varios escritos al respecto, entre ellos el Defensor del Pueblo Andaluz.

Cartas a los grupos parlamentarios andaluces

No es la única actuación al respecto llevada a cabo por colectivos conservacionistas en la provincia. La asociación 'Acuíferos Vivos' solicitó en enero de 2018 a los grupos políticos que llevasen al Parlamento andaluz una batería de medidas ambientales para la regeneración del Alto Aguas, una petición que se reiteró en julio con la suma de Ecologistas en Acción y el Grupo Ecologistas Mediterráneo.

Las cartas, remitidas a PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos (Cs) e IULV-CA y consultadas por Europa Press, indicaban que, frente a unos recursos hídricos disponibles de 5,6 hectómetros cúbicos al año, el acuífero sufre extracciones de hasta 16,8 hectómetros cúbicos si bien apuntaban a que es “probable que hayan aumentado” tras la implantación de “grandes extensiones de cultivo superintensivo de regadío en la comarca”.

El catedrático e investigador de la Universidad de Almería y portavoz del colectivo, José María Calaforra, señalaba que los índices de explotación revelaban que se está extrayendo anualmente “entre el 300 y el 400 por ciento más de agua de la que se recarga”, lo que lo conviertía en el acuífero “más sobreexplotado de Andalucía”.

En las misivas, la asociación, que consideraba “difícilmente explicable” cómo la Junta “ha permitido la implantación de nuevos cultivos extensivos” en la zona, achaca la situación “crítica” del río Aguas a ese incremento de usos agrícolas y alerta, asimismo, de que, a esta sobreexplotación, hay que añadir “una menor recarga del acuífero”.

A la vista de todo esto, entre la batería de medidas que proponían para su ejecución por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio figuraban la constitución de oficio, en un plazo de seis meses, de una comunidad de usuarios de la masa de agua “con el fin de imponer la constitución de una junta central de usuarios” o la aprobación “en el plazo de un año” de un programa de medidas “de recuperación de la masa de agua de acuerdo a lo dispuesto en la ley andaluza.

Urgían, asimismo, el “cese” en tanto la situación de sobreexplotación permanezca de nuevos otorgamientos de derechos de agua o autorizaciones de uso sobre la masa “en riesgo” y la suspensión de la tramitación “de cualquier concesión, autorización o inscripción de derechos sobre aguas de la masa en riesgo”.

Reducir los usos de todos los títulos con derecho a aprovechamientos, cualquiera que sea su naturaleza con la excepción de los abastecimientos a poblaciones, en un porcentaje mínimo del 20% de forma cautelar en tanto se fijen las restricciones necesarias en el plan de recuperación también figuraba entre las medidas como el que se determine, de forma preventiva a la elaboración y ejecución del plan de recuperación, como perímetro de protección, el extremo oeste del área de la masa de agua.

Concluían las cartas proponiendo desde 'Acuíferos Vivos' a los grupos parlamentarios que impulsen desde la cámara autonómica un estudio “urgente” del estado de la masa de agua para conocer la afección a la reservas y su posible calificación de “sobreexplotación grave de acuífero”.