La PAH de Almería denunciará en los tribunales a tres bancos por incumplir el Código de Buenas Prácticas
La plataforma Antidesahucios de Almería -'Plataforma Stop Desahucios de Roquetas, Almería y Bajo Andarax'- va a denunciar ante los tribunales a tres entidades financieras, Unicaja, Cajamar y el Banco Santander, por no cumplir con el Código de Buenas Prácticas de la banca.
Así lo han afirmado su portavoz, Manuel Pérez Galdeano, y Rafael Martín, el coordinador general. “La mayor parte de los bancos se sitúan al margen de la ley. Hacer que los bancos que echan a la gente de sus casas cumplan la Ley fue el lema que protagonizamos en nuestra última marcha de protesta. No salimos a estar cinco horas en la calle bajo un sol de justicia por gusto. Lo hacemos porque es un hecho constatable que las entidades, especialmente, Unicaja, Cajamar y Banco Santander, se han situado fuera de la Ley”.
Según la plataforma, además de los consabidos incumplimientos acerca de los Derechos Humanos y de la legislación europea, incumplen el Real Decreto 6/2012, también llamado Código de Buenas Prácticas. “A esta normativa se unieron voluntariamente las entidades y, por tanto están conminadas a cumplirlo, además de servirles como un lavado de imagen. Pero se portan como auténticos trileros. El artículo 5.9 les obliga a informar a sus clientes con dificultades de que pueden acogerse a las medidas recogidas en dicho Código. Pues bien, no lo hacen. En cambio, prefieren quedarse con sus casas directamente u ofrecerles otras soluciones que abarcan desde la capitalización de intereses -prohibido por ley- o refinanciaciones leoninas que, al final, producen el mismo efecto, ya que el cliente no puede pagar”.
Añaden que “en el caso de que la Plataforma les obligue a cumplir con el Código para con sus afectados, estas entidades intentan su no aplicación efectiva con una cantidad de tácticas espúreas e irregulares que harían palidecer al mismo Maquiavelo.
Por ejemplo, Unicaja 'suele' perder los documentos de los afectados para que tengan que volverlos a aportar y así alargar el proceso. Banco Santander pretende que los afectados que llevan varios meses sin pagar se pongan al día en las cuotas, cuando saben que si no han podido pagar una cuota, menos lo van a poder hacer cuando se han acumulado varios meses. Cajamar retrasa la comunicación a los afectados o pide una serie de documentos que no recoge la Ley. Nos hemos encontrado casos como el Banco de Santander pidiendo las notas escolares de los niños como documentación a aportar para una reestructuración…“, denuncia Manuel Pérez.
La plataforma almeriense considera que actualmente está tramitando unos 300 casos de afectados por la hipotecas que no pueden hacer frente a los pagos debido a la crisis, “pero no damos abasto. Y esa es otra, la guerra de la documentación a aportar que a pesar de estar tasada en el Código, las entidades se empeñan en que se deben aportar otras muchas cosas que no contiene la Ley, únicamente con el propósito de demorar lo más posible la resolución de los casos. Lo justifican como 'normas de la entidad' y situándose por encima de la Ley. Creemos que es una táctica de estos bancos para quedarse con las viviendas de los afectados y, posteriormente, hacer negocios con ellas. Fondos de Titulización, fondos buitre, especulación, inmobiliarias opacas, etc., parecen ser el verdadero negocio de las entidades y no el hacer los créditos viables como se desprende del espíritu de la Ley.”
La Plataforma anuncia que va a proceder a denunciar ante los Juzgados este tipo de actuaciones que ya son calificadas por el Banco de España como malas prácticas bancarias. Incluso uno de los afectados va a denunciar penalmente a Cajamar por apropiación indebida de las comisiones por posiciones deudoras cobradas de forma totalmente irregular a sabiendas que se está apropiando de un dinero que no es suyo.
“El caso de Cajamar (Caja Rural) es sangrante en la provincia de Almería, dado que se sitúa en una situación de predominio financiero y reúne todas las malas artes bancarias para con sus paisanos. Prácticas bancarias que no hace en otras provincias donde pretende abrir mercado, las lleva a la práctica en Almería con el consabido saqueo a los almerienses”, denuncian los portavoces.
Roquetas de Mar es, según el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el segundo municipio de España más castigado por la crisis y las ejecuciones hipotecarias. Esto, a criterio de estos manifestantes, no se debe a una maldición bíblica ni a desastres naturales, “sino por una política especulativa y de saqueo llevada a cabo desde las instituciones públicas, especialmente el Ayuntamiento, donde, desde 1995 gobierna Gabriel Amat (PP)”.
En concreto, en la última protesta celebrada el actual mes de junio los activistas eligieron tres entidades roqueteras de las que no han accedido a negociar con la Plataforma nuevas condiciones hipotecarias, “porque solamente nos dan largas pero no hay nada concreto. Protestamos frente a ellas, pero pasamos de largo ante los bancos que sí están colaborando y negociando”, afirmaban, asegurando que en Almería la gran mayoría de las entidades, aproximadamente un setenta por ciento de ellas, no negociaba, “pero hay al menos un treinta por ciento que sí está colaborando y se están logrando avances”.
Presión de la plataforma
La columna recorrió el centro de la ciudad haciendo sonar con fuerza sus megáfonos y bocinas, con pancartas y coreando diversos gritos contra la situación económica a las puertas de las sucursales. Permitían la entrada y salida tanto de clientes como de los trabajadores de los bancos, pero sometiéndoles a una estridente protesta. Incluso cantaron varias canciones con letras burlonamente carnavalescas contra las entidades recogiendo firmas de apoyo.
No hubo que lamentar incidentes graves, aunque tanto activistas como ciudadanos o trabajadores de los bancos eran claros en expresar sus sentimientos ante las medidas de presión de la Plataforma, unos a favor y otros en contra. También entre el intenso tráfico o el trasiego de peatones en una mañana de jornada laboral las expresiones a favor o en contra afloraban, pero sin mayores incidentes.
La Guardia Civil y la Policía Local hicieron acto de presencia discretamente para hablar con los organizadores de la protesta,y siguieron prudentemente las acciones de los activistas a distancia, hasta que se disolvió la marcha para pedir la negociación de las hipotecas en los casos más dramáticos, como el de una persona mayor a la que, según denunciaron, el banco Popular visitó de noche en su casa, estando enfermo, para exigirle cierto pago.
La Plataforma ha utilizado en otros casos formas más concretas para presionar a los bancos que no negocian la mejora de las condiciones hipotecarias en casos graves, como por ejemplo colapsando una sucursal, a la que acuden un gran número de activistas que ingresan o sacan de las cuentas pequeñas cantidades, incluso céntimos de euro, lo que provoca el colapso de la oficina forzando su cierre temporal hasta que los activistas la abandonan.
Sin embargo, para muchas personas con graves problemas para pagar sus viviendas o están ya en la calle, la Plataforma es la única ayuda con la que cuentan, ya que les asesora legalmente, y defiende sus derechos, acudiendo a ellos incluso desde muchos kilómetros. “Hay gente que a duras penas sabe leer o escribir, a la que hay que rellenarles toda la documentación, personas sin ingresos que no pueden pagar abogados, enfermos... graves dramas familiares y personales que uniéndose con quienes padecen casos similares luchan por salir adelante”.
Mientras duró la sonora y contundente protesta los empleados y directivos de los bancos tuvieron que aguantar el chaparrón como mejor pudieron siendo increpados, y hubo clientes que tuvieron que esperar a que se fueran para hacer sus gestiones, en tanto que los miembros de la Plataforma pedían a los ciudadanos que no les miraran, que se unieran, porque podían estar siendo ellos también estafados por los bancos.
