Andalucía siempre pierde en el Tribunal Constitucional (menos si hablamos de la subasta de medicamentos)
De las diez veces que la Junta ha planteado un conflicto de competencias con el Estado, la resolución del TC nunca le ha sido favorable en esta legislatura
Solo en los tres recursos del Gobierno contra la convocatoria para la selección andaluza de medicamentos ganó la postura de la comunidad autónoma
En dos ocasiones el TC resolvió parcialmente favorablemente a Andalucía, con las leyes de Montes y de Garantía de la unidad de mercado
La Comisión Constitucional del Senado avala, sin cambios, recuperar el recurso previo al TC para Estatutos
La Junta de Andalucía sale perdiendo por goleada en los conflictos planteados contra el Estado que el Tribunal Constitucional ha resuelto durante los dos años que llevamos de XII Legislatura. Según el último informe sobre conflictividad estado-comunidades autónomas, entre el 19 de julio de 2016 y el 30 de junio de 2018 se han resuelto un total de 15 controversias por sentencias del alto tribunal español, y en diez ocasiones el asunto se ha resuelto a favor del Gobierno central cuando ha tomado la iniciativa (una de forma parcial), mientras que la Junta solo ha ganado el conflicto competencial en la denominada subasta de medicamentos.
Es de recordar que sobre esta cuestión de la seección de medicamentos ha sido también el Estado el que ha planteado el recurso, siendo favorable en las tres ocasiones analizadas a los intereses de la comunidad autónoma. Ha sido la única materia en la se le ha dado la razón a la Junta de forma completa, hasta en tres ocasiones (diciembre de 2016, enero de 2017 y febrero de 2017). En otros dos asuntos la sentencia ha sido parcialmente favorable a Andalucía: la Ley de Garantía de Unidad de Mercado y la Ley de Montes.
Pero el grueso sin duda está en las resoluciones contrarias a los postulados de la Junta de Andalucía cuando el Estado ha entendido que se vulneraba alguna competencia estatal o similar. Así ocurrió cuando la administración andaluza planteó recurso contra la Ley Orgánica 6/2015 de financiación de las Comunidades Autónomas, o la Ley 10/2012 por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Igualmente, como les pasó a otras comunidades, Andalucía salió mal parada en su recurso contra la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, o la Ley 18/2014 de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Tampoco hubo éxito en su recurso contra la Ley 32/2014 de Metrología y, últimamente, también hubo polémica entre administraciones cuando el Gobierno recurrió el Decreto-Ley de Andalucía 5/2016 por el que se regula la jornada de trabajo del personal empleado público de la Junta de Andalucía, si bien la comunidad ejecutó un plan b manteniendo 35 horas presenciales y computando tareas en ámbito doméstico hasta completar 37,5.
