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La (des)concertación y las investigaciones judiciales marcan el año sindical en Andalucía

Las presuntas irregularidades en la recepción de subvenciones públicas y el punto muerto de la concertación social han marcado el año para los sindicatos.

2013 se cerraba hace ahora un año con el registro de la sede de UGT Andalucía, una hecho sin precedentes en el ámbito sindical y que se producía en la instrucción judicial del caso de las facturas falsas. Semanas antes, por esta causa, había dimitido su entonces secretario general, Francisco Fernández Sevilla. La investigación en los juzgados y en el seno de la Junta de Andalucía, con escaparate parlamentario, han situado la recepción de subvenciones públicas en el punto de mira ciudadano y han marcado la actualidad sindical en este curso.

Por otra parte, con el paro como uno de los mayores problemas que sigue golpeando Andalucía y las consecuencias de la reforma laboral como argumentación recurrente entre los sindicatos para lamentar los escasos avances en la mejora de los salarios y las condiciones de los trabajadpres, la concertación social tan sólo ha tenido un pequeño avance a finales de año, con la vista puesta en el Plan Juncker, después de un año en el que los sindicatos mayoritarios y la patronal han estado bastante desconcertados por la posición del Gobierno autonómico, en el más amplio sentido de la palabra.

Desde que, ahora hace un año, expirara el  VII Acuerdo de Concertación Social, no ha habido encuentro que lo haya reavivado. Sindicatos y patronal han critican la falta de diálogo en las políticas socieconómicas por parte de la Junta, que insiste en que "el modelo ha cambiado" y que la base ahora es la Agenda por el Empleo 2014-2020, cuyas medidas se irán concretando anualmente con los presupuestos autonómicos.

El desencuentro ha sido tal que, si bien no oficialmente por ese motivo, UGT-A rompía relaciones con la Junta este noviembre. Días antes había pedido al juzgado suspender las seis resoluciones de reintegro notificadas por la Junta, que ya suman más de 15 millones en reclamaciones. El sindicato acusa a la Junta de "actuar de forma inquisitorial" al "emprender injustificadamente una causa general indiscriminada contra todas las actividades formativas del sindicato en Andalucía con el único objetivo de limpiar su imagen".

El caso es que los consejeros Luciano Alonso y José Sánchez Maldonado informan periódicamente del análisis de los expedientes de subvenciones para formación y de las cantidades que reclama a UGT-A por el asunto de las facturas. Por este caso, en la investigación judicial, los dos últimos secretarios regionales, el histórico Manuel Pastrana y el citado Fernández Sevilla, han sido llamados en calidad de imputados por el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla. El primero no declaró por enfermedad y el segundo prefirió hacerlo cuando esté toda la documentación presente en las actuaciones, aunque rechazó de plano las acusaciones.

Una veintena de sindicalistas entre los más de 200 imputados en los ERE

Al margen del asunto de los cursos de formación y las facturas falsas de UGT-A, el caso de los ERE también viene salpicando a los sindicatos. El pasado agosto, la exposición razonada elevada por la jueza Alaya al Tribunal Supremo confirmaba una cosa que ya había dicho un año antes y que ha venido manteniendo durante toda la instrucción: que UGT Y CCOO se financiaron de forma irregular durante una década.

Según concreta la Guardia Civil, ambos sindicatos cobraron entre 2001 y 2009 un total de 7,6 millones de euros de dos aseguradoras implicadas en los ERE (Vitalia y Uniter) aunque "no prestaron ningún servicio efectivo". Las mediadoras, con las sobrecomisiones que cobraban en cada ERE, pagaban a los sindicatos y "con dicha retribución facilitaban la culminación normalizada de los mismos, a pesar de ser entidades sin ánimo de lucro cuya esencia es la defensa del derecho de los trabajadores y la negociación colectiva", según la tesis de Alaya.

Por estos motivos, hasta una veintena de sindicalistas de UGT y CCOO se encuentran entre los más de 200 imputados por los ERE, encabezados por un líder estatal, José Luis Montesinos, secretario general de Fiteqa-CCOO, y el ya citado exsecretario general andaluz, Francisco Fernández Sevilla, de UGT.

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