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La libertad del maltratador, el robo de la bici, la balanza y la justicia de ojos vendados

La salida de prisión anticipada de un condenado por maltrato continuado y la inminente entrada en la cárcel de un joven por el hurto de una bicicleta hace siete años invitan a la reflexión sobre ciertas resoluciones judiciales

La condena de tres años al joven kurdo que arrojó un zapato al primer ministro turco Recip Tayip Erdogan o los trece años de cárcel de Rafael Ricardi por un delito que no cometió, otros casos singulares de la historia judicial reciente

Más de 2.000 firmas en menos de 24 horas piden indultar a la sexagenaria  que debe entrar en prisión

La Audiencia de Las Palmas decretó finalmente la puesta en libertad de Josefa Hernández, la sexagenari canaria con cinco hijos y nietos a su cargo que estuvo en prisión por haber construido su vivienda en un paraje protegido / EFE

Dos hombres, dos historias, dos condenas. Uno deberá entrar en prisión este viernes por robar una bicicleta, otro acaba de salir de la cárcel tras cumplir solo uno de los nueve años a los que fue condenado por maltratar continuadamente a su mujer y sus siete hijos. El escalofriante relato de los hechos del segundo caso, concretado en la sentencia de un juzgado de lo penal de Jaén, contrasta con la difícil situación a la que se enfrenta el primero, un joven reinsertado al que un juzgado le niega la suspensión de una pena de seis meses por un hurto cometido hace siete años. A ambos les separan muchos años de edad (77 y 26, respectivamente) pero sus castigos no distan mucho (catorce meses uno, seis meses otro) y el devenir de la justicia, la misma que se venda los ojos también ante casos difícilmente comprensibles para la opinión pública y que, aparentemente, desequilibran la balanza de la que presume su imagen simbólica.

"Es un cúmulo de errores y de lentitud de la justicia", dice Ángel Luis Bordas, abogado asignado de oficio a Adrián. Cuando tenía 18 años robó una bicicleta del sistema público Sevici. Ahora tiene 26, es padre de dos hijos y tiene un trabajo estable. Un periplo judicial de siete años de recursos y, recientemente, una solicitud de indulto a la que se acaban de sumar, a propuesta del partido Participa, todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Sevilla. Su abogado ha interpuesto ya dos recursos de apelación ante la Audiencia Provincial.

Un auto del 22 de septiembre le denegó finalmente la suspensión de la condena de seis meses de prisión y la sustitución por una multa o trabajos en beneficio de la comunidad. "Si se hubiera conformado con la pena, no estaría a punto de entrar en la cárcel", comenta el letrado, que espera la agilización del caso por parte del Consejo de Ministros. "El reo no es reo habitual", considera el juzgado, pero le recuerdan una condena de 2010, que "es la misma" sobre la que ahora se está decidiendo, según su abogado. En 2013 fue detenido por conducir sin puntos, cumplió trabajos en beneficio de la comunidad y "ahora está limpio", apunta su defensa.

No siempre la norma y la justicia van de la mano. Un año de cárcel de los nueve de condena por un maltrato constante y contrastado, y seis meses por llevarse una bici pública a los 18. Sin entrar a valorar pormenorizadamente el fondo las sentencias, otros casos conocidos han levantado protestas públicas por delicadas decisiones judiciales. De las últimas, la condena sobre Carlos y Carmen, castigados a prisión por participar en un piquete durante la huelga general de 2012 en Granada. Carlos salió de prisión hace poco más de un año tras resolver la Audiencia su excarcelación.

Algún que otro caso que pudiera ser considerado como desproporcionado fue el de Hokman Joma, el joven kurdo de pasaporte sirio condenado a tres años de cárcel y al pago de una multa de 408 euros por arrojar en 2010 un zapato contra el entonces primer ministro turco, Recip Tayip Erdogan, durante una visita del alto mandatario a Sevilla. A finales de 2012, el Gobierno español le concedió el indulto tras 33 meses en prisión. O el de Rafael Ricardi, un inocente con 13 años de prisión a la espalda que murió el pasado año. O el de la sexagenaria Josefa Hernández quien, con cinco hijos y nietos a su cargo, fue condenada a seis meses de cárcel por construir su casa en un espacio protegido. A finales de agosto pasado, la Audiencia de Las Palmas revocó el auto de la juez decretando su inmediata puesta en libertad.

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