El atasco burocrático de los planes urbanísticos frena el crecimiento de medio millar de municipios de Andalucía

Andalucía tiene 786 municipios y 607 (el 77%) carece de una figura de ordenamiento urbanístico adaptado a la Ley de Ordenación Urbanística Andaluza (LOUA), que lleva en vigor 16 años (desde 2003). El 82% de esos 607 municipios está tramitándolo, y un total de 496 municipios tienen sus planes generales (y especiales) de urbanismo “atascados desde hace años en una tramitación farragosa”, dada la complejidad de la normativa urbanística y medioambiental, según datos de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía.

El plan de ordenamiento urbanístico es la herramienta que necesitan los ayuntamientos para diseñar el crecimiento de sus municipios, autorizar inversiones e incluso afianzar a su población. El nuevo Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos ultima una nueva ley del suelo -la primera legislación urbanística de un Ejecutivo no socialista en 37 años-, pero el borrador actual aún tardará más de un año en aprobarse en el Parlamento. La Junta ha aprovechado parte del articulado del anterior Gobierno socialista, que dejó muy avanzada su reforma de la ley del suelo. No será una norma fácil, porque debe condensar 235 textos legales en vigor que afectan al urbanismo andaluz: 151 de rango autonómico y 83 de rango estatal. 

Entretanto, la Consejería de Fomento, que dirige Marifrán Carazo, ha dictado seis instrucciones para desatascar la tramitación de ese medio millar de planes generales urbanísticos en los municipios andaluces. También llegará antes al Parlamento el decreto ley para regularizar las 300.000 viviendas irregulares que hay en Andalucía, un texto también muy consensuado con el anterior gabinete socialista. La incógnita está en adivinar qué tipo de legislación urbanística va a ejecutar el primer Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos, si mantendrá los controles de protección ambiental y la contención al crecimiento urbano no sostenible de las grandes ciudades (sobre todo en la costa). Preguntada al respecto, la consejera ha avanzado que la futura ley andaluza del suelo “no va a ser barra libre a ningún desmán urbanístico, porque el cumplimiento de la norma es sagrado para este Gobierno”.

El departamento de Carazo tiene sobre la mesa las solicitudes de planes urbanísticos de medio millar de municipios andaluces. De ellos, 135 han conseguido aprobar la primera fase,  sólo diez están pendientes de aprobación definitiva y el resto (371) ni siquiera han pasado la fase inicial, porque están “enredados en el laberinto de trámites burocráticos”, dice la consejera. En 2009, entre la aprobación inicial y definitiva de un plan de ordenación urbanística transcurría una media de 2,7 años. Ahora la media para aprobarlo se sitúa en nueve años, aunque hay pueblos que superan esa franja, por ejemplo Jimena de Líbar, en Málaga, que ha tardado 12 años en obtener su PGOU. Sólo el 22,3% de los municipios andaluces cuenta con un PGOU adaptado a una ley que lleva 16 años en vigor, una situación que la consejera califica de “colapso”. Hay 51 pueblos pequeños, con una media de 730 habitantes, que no tienen ninguna figura de planeamiento municipal propia: 23 en Granada, 22 en Málaga y seis en Huelva.

En los seis primeros meses del Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos se han aprobado definitivamente cuatro PGOU: en Taberno (Almería); Villamartín (Cádiz) y Macharaviaya y Ardales (Málaga). También se ha levantado la suspensión de otros seis planes: en Quesada (Jaén); Torremolinos, Jimena de Líbar y Júcar (Málaga); Algámitas y Puebla de Cazalla (Sevilla).