La Junta de Andalucía exige al Gobierno 1.350 millones de la actualización de las entregas a cuenta del ejercicio 2019

El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ha reclamado este jueves en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, que ha retomado su actividad, la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) “para que entre todos podamos buscar una solución pensando en los ciudadanos” y en ese sentido ha vuelto a exigir los 1.350 millones de la actualización de las entregas a cuenta del ejercicio 2019, por lo que ha alegado que “un 70% son para políticas sociales” y ha asegurado que “no se plantea, no lo barajamos” que no lleguen esos 1.350 millones porque “es nuestro”.

“Los 1.350 millones de menoscabo son tres hospitales públicos”, ha indicado el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, en el inicio de la rueda de prensa para escenificar el impacto del retraso en las entregas a cuenta.

Bravo, cuando se la ha cuestionado por el uso de la vía judicial como ha hecho la Generalitat de Cataluña con el anuncio de interposición de un recurso contencioso-administrativo por la no actualización de las entregas a cuentas, ha señalado que “otros acuden directamente a la vía judicial; nosotros, no” y ha afirmado que “no descartamos ninguna vía porque no descartamos que no nos vayan a pagar el dinero”.

“No sé si la vía judicial, pero tenemos la responsabilidad de cuidar de 8,5 millones de andaluces”, ha continuado argumentando el consejero de Hacienda, quien ha abierto la puerta entonces a adoptar “las medidas que sean necesarias para atender nuestros compromisos, cumplir con el déficit, y poder afrontar los Presupuestos de Andalucía de 2020”.

El consejero de Hacienda ha desglosado la reclamación que hace la Junta de Andalucía al Gobierno sobre la llegada de 1.350 millones del presente ejercicio: 837 millones pertenecen a las propias entregas a cuenta por participación en los ingresos del Estado y los 513 millones restantes de la liquidación del IVA, operación que el Gobierno andaluz está describiendo como “el mes 13 del IVA”.

Bravo ha reprochado que el Gobierno decidiera “no actualizar las entregas a cuenta como debió haber hecho cuando se encontraba en plenas capacidades antes de convocar las elecciones” y ha detallado que de los ingresos no financieros de Andalucía, que son 31.000 millones de euros, 19.223 millones corresponden a entregas a cuenta, “una cantidad inferior a la que nos comunicó en julio de 2018, que fueron 19.230 millones”. Y ha indicado, sobre los pagos a cuenta, que “el Impuesto de Hidrocarburos es 100% nuestro, algo más de 200 millones”.

“Hasta la convocatoria de las elecciones pudieron hacer la actualización de los pagos y se decidió no hacer”, ha sostenido el consejero de Hacienda sobre los problemas jurídicos que alega la ministra María Jesús Montero acerca de las limitaciones de un Gobierno en funciones para el uso del decreto-ley como fórmula para actualizar las entregas a cuenta de la financiación, y que dice apoyarse para ello en el criterio de la Abogacía del Estado.

Bravo ha indicado que la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera se puede acordar por la solicitud de un tercio de los consejeros autonómicos o por la convocatoria de oficio de la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero.

“Nosotros abrimos el debate”, ha apuntado Bravo, quien ha insistido en “la voluntad de consenso y diálogo, por eso pedimos el Consejo de Política Fiscal”. “Ahí nos reunimos todos y el sitio utilizado para debatir cuestiones de esta materia”, ha sostenido Bravo.

El consejero de Hacienda ha contado que “cuando lees el informe de la Abogacía del Estado ves que se puede utilizar la vía del decreto-ley” y ha descrito que en ese documento aparecen criterios como que “se pueda utilizar por la vía de urgencia; que no comprometa ejercicios futuros; que no sea discrecional”.

Después de enumerar la negativa del Gobierno a comparecer en el Congreso y en el Senado para debatir el problema de la financiación, y de considerar que “existen vías para encontrar la solución”, ha proclamado, en referencia a la ministra Montero, “que se ha convertido en el problema de las comunidades autónomas, de la financiación y del Estado del bienestar”.

Bravo se ha remitido a un antecedente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno sobre las atribuciones de un Gobierno en funciones y ha señalado que en 2008 el Gobierno que presidió José Luis Rodríguez Zapatero “pagó la deuda histórica y se hizo”.

“No hay motivos para no pagar los 1.350 millones”, ha insistido Bravo. “Se puede arreglar y hemos apelado a la vía del diálogo”, ha dicho el consejero de Hacienda.

“Entre todos podamos buscar una solución pensando en los ciudadanos, porque no es un problema de la Junta de Andalucía, sino de los andaluces”, ha argumentado el consejero de Hacienda, quien ha invocado las consecuencias de privar a Andalucía de esos 1.350 millones porque “el 70% de las actuaciones son para políticas sociales, eso está en riesgo”.

“GOBIERNO EN FUNCIONES; NO, QUE NO TENGA FUNCIONES”

Elías Bendodo argumentó en el inicio de la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, sobre las discrepancias con el Gobierno a cuenta de la financiación, que “un Gobierno esté en funciones no significa que el Gobierno no tenga funciones” y ha descrito como “una estrategia electoral” ese planteamiento. “Son 1.350 millones retenidos por el socialismo en España como una herramienta de chantaje para una investidura cada vez más complicada y lejana”, ha dicho Bendodo.

“No pasa en ningún país”, ha insistido Bendodo, quien ha indicado que son “cantidades que son de Andalucía”. “Queremos ser leales, pero cada euro lo vamos a reclamar por activa y pasiva y por todos los medios a nuestro alcance”, ha manifestado el consejero de la Presidencia.