Chipiona: ¿Cómo se enfrenta una familia al derribo de su casa por ser ilegal?
Manoli y Luis se preparan para una boda. Se casa un sobrino y se ponen sus mejores galas. Es un día de felicidad, pero las sonrisas no salen con facilidad porque hay un problema que no se puede quitar de la cabeza de este matrimonio de Chipiona. Hay una orden para derribar su casa, enfrente de la Viña de las Cruces, y aunque acaban de presentar un recurso para frenar el proceso, temen que se puedan quedar en la calle a los 69 años.
El 6 de octubre recibieron la notificación de que su vivienda debe ser demolida, aunque la pesadilla comenzó hace ocho años, cuando tuvieron que pagar una multa de casi 6.000 euros. La casa no está dentro de ningún proceso de expropiación, la zona no pertenece a una cañada ni pasa por allí ninguna carretera. Es más, es de madera mientras que otras que están al lado son de ladrillo. Pero sólo la suya va a ser derribada.
El caso es que está inmersa en un expediente urbanístico que obliga a ejecutar la demolición de 30 viviendas ilegales de la localidad gaditana. Por no cumplir esa orden judicial ha dimitido el alcalde, Antonio Peña (PP), que llevaba un lustro en el gobierno chipionero. “Me voy por no tener que enfrentarme a la Justicia por desobediencia y desacato. Moralmente no me parece justo porque al lado de algunas casas sancionadas hay otras que también son irregulares”, dijo en su despedida. A primeros de noviembre se nombrará un sucesor, que podría ser de la actual oposición si PSOE e IU son capaces de llegar a un acuerdo para arrebatar la alcaldía a los populares, que sólo tienen ocho concejales.
Hogar o segunda residencia
Eso ya le da igual a Manoli y Luis, que sólo piden que alguien se dé cuenta de que no tienen ninguna alternativa. “No podemos irnos de aquí porque no tenemos dónde ir. Éste es nuestro terreno y hemos pagado todo lo que nos han echado de multas. No le debemos nada a nadie, estamos empadronados aquí y llevamos 10 años viviendo en esta zona”, explica Luis. Otros vecinos tienen más suerte porque sus viviendas sólo les sirven para pasar el verano y han optado por desmontarlas y no entrar en enfrentamientos con la administración. Según los datos que maneja el Ayuntamiento de Chipiona un 45% de las casas afectadas por las denuncias son primera vivienda.
Es el caso de esta familia, que pelea ahora para que alguien frene lo que consideran “una gran injusticia. Hemos echado unas alegaciones porque no tenemos dinero para pagar un abogado. Mi marido está jubilado y tiene una pensión muy chica. Estamos rodeados de casas iguales y sólo hemos puesto la casa encima de una placa de hormigón para preservar la madera”, justifica Manoli.
La polémica viene desde el año 2008, cuando gobernaba el PSOE y era Manuel García el alcalde. Muchos vecinos se echaron a la calle entonces reclamando que se aprobara un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para poder construir en terreno urbano. La propia Manoli relata que su infierno comenzó cierto día, cuando acudió al despacho del alcalde: “Fui a pedirle el permiso de los enganches de la luz y del agua y me dio unos papeles sin ningún problema. Al final no me valieron porque el enganche va por una comunidad de aquí, pero de repente nos vimos en el juzgado. El Ayuntamiento daba el permiso, cobraba la multa y no solucionaba nada”. Ése ha sido el argumento esgrimido desde 2008 por la Plataforma de Afectados por las Medidas de Demolición de Chipiona.
La ley
El Parlamento andaluz aprobó el pasado mes de julio la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que regulariza unas 25.000 viviendas ilegales. Según esto, podrán legalizarse edificaciones residenciales aisladas situadas en suelo no urbanizable, que tengan al menos seis años de antigüedad, no estén situadas en zonas inundables o declaradas por la Junta como de especial protección y que no estén afectadas por expedientes administrativos de demolición.
Por lo que parece es demasiado tarde para casos como el de Luis y Manoli, que aseguran que otras casas como la suya y que son segundas residencias para veraneantes no están dentro del expediente urbanístico. “Nosotros vivimos aquí, no le estorbamos a nadie y siempre hemos querido estar dentro de la legalidad, por eso hemos pagado todo lo que nos han pedido. Aquí tenemos sembrados espárragos, pimientos y tomates, pero no vendemos nada, todo es para nosotros porque llegamos justos a final de mes. Estamos pasándolo fatal”.
Fuentes del Consistorio chipionero subrayan que “si se produce algún agravio comparativo es porque cada denuncia contra cada vivienda ha ido a parar a juzgados distintos y unos han archivado el caso y otros lo han llevado a la Fiscalía. Las denuncias han ido contra las viviendas construidas en terreno no urbano, siempre ciñéndonos a la legislación vigente”.
