Responsable de Formación en Sevilla lamenta en la comisión el “daño irreparable” a los funcionarios de carrera
Un exjefe del Servicio de Formación en Sevilla ha defendido su labor a la hora de gestionar las subvenciones para los cursos de formación que se investigan en comisión parlamentaria y ha destacado que se envió la documentación relativa la materia cuando le fue requerida por la intervención provincial, a pesar de que la interventora alegó que no pudo emitir su correspondiente informe por recibir los expedientes de forma extemporánea, negando este responsable falta de colaboración por parte de órgano gestor. También, ya al final de su comparecencia, ha lamentado el “daño irreparable” a la figura de los funcionarios de carrera por el hecho de tener que pasar por la comisión y por el juzgado “por haber hecho su trabajo”. Ha agradecido el trato de los diputados “aunque no todo el trato”.
Daniel Fito García, exjefe de Servicio de la Dirección General de Formación para el Empleo en Sevilla entre 2011 y 2015, ha destacado que las actuaciones de su servicio fueron siempre “sujetas plenamente a la ley y el derecho” y, con “respeto absoluto a la interventora”, dijo mantener “discrepancias” sobre su queja de que no recibió a tiempo los expedientes administrativos solicitados. “Los documentos se remitieron, no les puedo decir otra cosa”, recordando que se tuvo que enviar a partir de septiembre de 2013 una “ingente cantidad de documentación” en “un corto periodo de tiempo”.
Fito ha recordado que se enviaron a la intervención provincial 75 expedientes administrativos con más de 75.000 copias simples y 19.000 compulsadas (un “elemento diferenciador” en esta provincia), en memorias USB, negando el desorden que describió la interventora en su intervención en la comisión, argumento usado para no emitir finalmente su informe. “Estaba bien ordenado” y el trabajo fue “adecuado y serio”, ha dicho. Diez de los expedientes tenían un retraso de más de nueve meses, ha reconocido el jefe de servicio, “más del deseable” como órgano gestor pero “no excesivo”.
La diputada de Cs Marta Bosquet le ha interpelado sobre la imposibilidad de comprobar determinadas cuestiones por parte de la interventora, si bien el responsable ha insistido en el correcto envío de documentación, aunque ha reconocido que este verano aún había liquidaciones pendientes de 2010 y 2011. Fito ha incidido en que la exceptuación no supone exceptuación en la justificación del desarrollo del curso y asegurando, a preguntas de Podemos, que “la exceptuación no es una cosa excepcional”.
La afiliación política
El PP le ha cuestionado por su opinión sobre las exceptuaciones incardinadas en la norma y por la afiliación política del compareciente. “Como funcionario de carrera”, Fito no ha querido opinar sobre la normativa en concreto y, acerca de lo que segundo, ha negado que esa cuestión pudiera tener influencia en su trabajo y en el de sus compañeros en los servicios de Formación.
Con las quejas de los representantes socialistas, Ruiz Sillero ha insistido en su pregunta al estar hablando de “mucho millones de euros a repartir” en ese servicio. La diputada ha incidido, con exposición de correos electrónicos entre Fito y uno de sus subordinados, Teodoro Montes, donde el primero le advertiría de “falta de medios”, según el PP, para el control de los cursos de formación.
El PSOE ha lamentado la “vergonzosa” actitud del PP a la hora de “criminalizar la pertenencia o no a un partido político” con sus preguntas. Fito no ha evitado decir que no estaba afiliado a ninguna organización política ni sindical si bien no ha querido entrar demasiado en su relación con Montes al estar ese asunto en sede judicial. IU ha considerado que el servicio de forma “deliberada” no colaboró ni remitió a tiempo la información y no implementó las recomendaciones ante el “demoledor” informe de actuación de la intervención.
El personal de la Faffe no desarrollaba potestades administrativas, ha dicho Fito a preguntas del PP en el segundo turno. La diputada popular, aunque se ha disculpado con posterioridad, ha preguntado también a la contratación de “un familiar”, a lo que le ha explicado Fito que se trata de su señora y ha querido aclarar que “nada tiene que ver” con su presencia en el cargo sino que accedió a través deuna oferta del SAE. Fito ha pedido a los diputados que tomen conciencia de lo que supone para un funcionario pasar por una comisión como ésta o por estar siendo investigado, con su imagen “irreparablemente dañada”.
Cursos en sedes del PSOE si “cumplen los requisitos”
Por su parte, y según Europa Press, la que fuera jefa de servicio de Gestión y Planificación de Formación entre noviembre de 2008 y septiembre de 2012, María Magdalena Carril Iglesias, ha defendido este martes la celebración de cursos de formación en sedes del PSOE, --en alusión a determinadas casas del pueblo de distintas localidades--, algo que permite la ley, según ha apuntado, siempre que dichas instalaciones “cumplan los requisitos” del procedimiento de homologación y estén inscritas en el registro de centros certificados para impartir cursos.
Así se ha pronunciado Carril Iglesias durante su intervención en la comisión de investigación creada en el Parlamento sobre las presuntas irregularidades en las ayudas de la formación, y después de que el representante del PP-A en la comisión, Jaime Raynaud, mostrara una foto de la web de la Junta en la que se recoge que la Casa del Pueblo del PSOE en Mairena del Alcor (Sevilla) es uno de los centros colaboradores donde se imparte un curso de formación de la especialización en celador sanitario.
“¿No había ningún otro local disponible? ¿Se tiene que homologar un curso en la sede del PSOE?”, ha preguntado el diputado 'popular' a la compareciente, quien ha dicho que “juraría” que ese caso concreto no ha pasado por ella porque esta competencia dejó de estar en su servicio desde el año 2010. Si bien, ha indicado que, según la normativa, lo que se hacía era revisar las instalaciones y ver que no hubiera más de dos entidades en el mismo centro.
Asimismo, ha insistido que en que su obligación como funcionaria es aplicar las normas “sin discriminación en ningún tipo de caso”. Sobre este asunto también se ha pronunciado la portavoz del PSOE-A en la comisión, María Luisa Bustinduy, quien ha acusado al PP-A de hacer preguntas para “enmarañar, ensuciar y sembrar dudas” sobre el trabajo que se ha venido haciendo. Así, ha asegurado que si se cumplen las normas “¿por qué se van a limitar los derechos a solicitar la celebración de unos cursos en igualdad de condiciones?”.
