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Una comisión del Parlamento andaluz investigará el fraude en los cursos de formación

PP, Podemos y Ciudadanos votarán a favor de crear una comisión de investigación que aclare responsabilidades políticas en torno a las irregularidades en los cursos de formación.

IU espera conocer con mayor detalle sobre la iniciativa del PP para sumarse a ella, lo que dejaría de nuevo al PSOE en solitario frente a la oposición.

El portavoz parlamentario del PP andaluz, Carlos Rojas.

El portavoz parlamentario del PP andaluz, Carlos Rojas.

El Pleno del Parlamento previsto para el 23 de julio aprobará, con toda probabilidad, la creación de una comisión de investigación específica sobre el fraude en los cursos de formación, que echaría a andar en septiembre. Podemos y Ciudadanos facilitarán al PP sacar adelante su iniciativa. IU, casi seguro, también apoyará la creación de la comisión de investigación, aunque espera conocer más detalles de la propuesta popular. De esta manera, el PSOE arranca la legislatura confirmando que el nuevo reparto de fuerzas parlamentarias augura un mandato complicado para la presidenta Susana Díaz.

"Podemos no se va a oponer a la creación de comisiones para investigar casos de corrupción", ha dicho este miércoles el parlamentario José Manuel Moreno Yagüe. "No le quepa la menor duda de que nuestro voto será favorable", señaló minutos después Juan Marín, de Ciudadanos. Este añadió que la comisión de investigación debe servir para depurar responsabilidades políticas sobre este asunto.

Según el reglamento del Parlamento, los grupos parlamentarios tienen de plazo hasta el próximo sábado para manifestar si se oponen a la creación de la comisión de investigación solicitada por el PP. Si ningún grupo se opone, esta se considera automáticamente creada y se informa a Pleno. Si algún partido manifiesta su rechazo deberá discutirse en Pleno y el PP recabar la mayoría de los votos. Los populares, con sus 33 diputados, lo obtendrían con los 15 de Podemos y los 9 de Ciudadanos.

Deberá ir a pleno

El PSOE-A ya ha presentado este miércoles en el Registro del Parlamento un escrito en el que manifiesta su oposición a la creación de una comisión de investigación, por lo que esta deberá ir a Pleno para su aprobación. Mario Jiménez, portavoz socialista, sostiene que no es necesaria la comisión específica. "El Gobierno está dando información puntual a la Cámara sobre los avances de la investigación. La función del Parlamento no es sustituir a la Justicia", dijo. Jiménez recordó las comparecencias periódicas del Ejecutivo en la pasada legislatura informando sobre cada novedad en la investigación que realiza la Junta relativa de los expedientes de los cursos de formación. Comparecencias que, se comprometió, continuarán produciéndose.

El portavoz del grupo parlamentario del PP-A, Carlos Rojas, ha pedido al resto de partidos que "no tengan miedo" a las comisiones de investigación "ni las demonicen". Tres veces intentó el PP en la pasada legislatura que se conformara esta comisión, y en ningún caso lo consiguió.

Para Rojas, el fraude en los cursos de formación es "la madre de toda la corrupción de los gobiernos socialistas" y recordó que su formación ha presentado más de 120 iniciativas en el Parlamento desde que se conocieran las primeras informaciones sobre este caso. El portavoz popular mantiene, sin embargo, que no se ha recibido toda la información solicitada y que no han facilitado a la Cámara los informes de la Intervención en esta materia. "La comisión de investigación es la mejor fórmula para llegar al tuétano de este asunto", añadió.

Preguntado sobre el cambio de jueza titular en la investigación sobre el fraude a la formación, en la que el PP-A está personado, mostró su "pleno respeto a sus procesos judiciales". El PP-A ha presentado un recurso contra la primera decisión adoptada por la jueza sustituta de Mercedes Alaya, María Núñez Bolaños, que ha dejado sin efecto la ampliación de imputación de un exconsejero en la causa de las ayudas a la formación. "Son decisiones dentro del ámbito judicial y somos muy respetuosos con ellas", contestó Rojas.

Rechazo a la comisión anticorrupción en el Congreso

El mismo día que el PP atisbaba un futuro prometedor para la comisión de investigación en Andalucía sobre los cursos de formación, el Grupo Popular vetaba en el Congreso de los Diputados la petición de la Izquierda Plural, con el apoyo de PSOE y UPyD, para abrir una comisión de investigación en el Congreso sobre la financiación de los partidos políticos.

El PSOE recuerda que a lo largo de la legislatura ha solicitado en 22 ocasiones la comparecencia en Pleno de Mariano Rajoy para dar explicaciones sobre la financiación de su partido y todas ellas han sido rechazadas por la mayoría absoluta del PP. Añaden, los populares han bloqueado en el Congreso todas las peticiones de la oposición para en comisión de investigación abordar la trama Gürtel, el Caso Bárcenas o el Caso Rato. Solo el PSOE ha registrado en cuatro ocasiones abrir una comisión de investigación sobre Bárcenas y la caja B del PP, todas ellas fueron rechazadas.

Comisión permanente sobre la corrupción

Andalucía comienza así una décima legislatura de autonomía que todo apunta que será rica en comisiones de investigación. IU quiere también una específica que aclare las relaciones entre el anterior gobierno en Jerez de la Frontera, bajo el mandato de la popular María José García Pelayo, y la trama Gürtel. No se descarta que también pueda crearse otra sobre la adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar, también bajo investigación judicial.

Izquierda Unida y Podemos entienden como lo más efectivo crear una comisión permanente no legislativa sobre transparencia democrática y lucha contra la corrupción. Ya han registrado su iniciativa en el Parlamento y, de momento, Ciudadanos la ve con buenos ojos. PSOE y PP esperan conocerla con más detalle antes de pronunciarse sobre ella.

La comisión de investigación sobre las ayudas a la formación será la décima en la historia del Parlamento andaluz. La última, hasta ahora, fue en la pasada legislatura y relativa al caso ERE. La creación de esta comisión formaba parte del pacto de legislatura entre PSOE e IU y el Pleno del Parlamento acordó su creación por unanimidad en junio de 2012.

Sin embargo, tras más de cinco meses de trabajo, el Pleno del Parlamento andaluz no logró consensuar un dictamen final ante las diferencias irreconciliables entre los partidos entonces presentes en la Cámara (PSOE, PP e IU). El documento situaba la "responsabilidad política directa" del caso de los ERE en el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, que es lo que planteó desde un principio el grupo socialista. Sin embargo, PP e IU no estaban de acuerdo y calificaron como fracaso los resultados de la comisión.

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