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La Junta de Andalucía aplaza hasta 2020 el pago a 270.000 funcionarios de la compensación por los recortes de 2013 y 2014

Juan Bravo, consejero de Hacienda

Javier Ramajo

La Junta de Andalucía no ha recogido en los presupuestos de este año 2019, aún pendientes de aprobarse por el Parlamento, la paga adicional de complemento específico o equivalente de los años 2013 y 2014 que le fue suprimida a 270.000 empleados del sector público andaluz. El acuerdo con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF se alcanzó en julio de 2018 en la Mesa General de Negociación pero, al estar vigente hasta el año que viene, el Gobierno andaluz parece que apurará hasta 2020 para solventar esa 'deuda' con los funcionarios andaluces, que asciende a unos 500 millones de euros.

Aquel Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018 para la mejora de la calidad del empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público andaluz incluía, en el punto 4 del acuerdo primero, que “en la medida en que lo permita la legislación básica estatal y el cumplimiento de la sostenibilidad económico-financiera se irá abordando la restitución de las cantidades dejadas de percibir de la paga adicional del complemento específico o equivalente, de los años 2013 y 2014, en el marco de la vigencia de este Acuerdo”, que finalizaría el 13 de julio de 2020.

Fuentes de la Consejería de Hacienda señalan a este periódico que “fue un compromiso que adquirió el anterior Gobierno con los sindicatos pero que no fijaba fechas concretas de cumplimiento sino que se condicionó a que hubiera disponibilidad presupuestaria”. Las mismas fuentes confirman que “en los presupuestos de 2019 no está recogido”.

Junta y sindicatos acordaron entonces continuar trabajando en la comisión de seguimiento para “avanzar en la recuperación del poder adquisitivo perdido por el personal que presta servicios en el sector público andaluz”, una vez recuperados los derechos suspendidos por la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, en la que la Junta optó por dejar de abonar en 2013 (también ocurrió en 2014) una buena parte de las pagas extra a sus funcionarios a causa de la recesión económica en España.

El coordinador del Área Pública de CCOO Andalucía, Humberto Muñoz, indica que las medidas que se pongan en marcha para la restitucion de las cantidades dejadas de percibir no pueden contravenir la normativa básica estatal, es decir, que “la Ley de Presupuestos Generales del Estado ha de permitir necesariamente esa recuperación”, apuntan.

Además, Muñoz comenta que “la partida económica necesaria para esta recuperación debe estar incluida en la Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía, por lo que nuestro objetivo es que quede reflejado en el proyecto de presupuesto de 2020, que se debería aprobar antes de que finalice el presente año”. Desde el sindicato, como aún hay tiempo para la negociación, prefieren “darle una oportunidad para que la comisión de seguimiento pueda culminar su trabajo”.

Desde CSIF Andalucía, su secretario de Acción Sindical, Joaquín Álvarez, señala que “sabemos que de un día para otro no se pueden devolver 700 millones, pero existen fórmulas y somos flexibles”. Álvarez recuerda que así ocurrió con la devolución de la paga de 2012“, suprimida por el Gobierno central y que la Junta terminó de abonar en enero del año pasado. ”Es una fórmula“, apunta el representante sindical.

“Estamos dispuestos a negociarlo y así lo hemos planteado en una reciente reunión de la Mesa General de Negociación, pero de momento tenemos el silencio por respuesta”, señala Álvarez, que también recuerda que están “pendientes de abonarse” las Ayudas de Acción Social.

Por su parte, Esperanza Morales, secretaria de de Administración Autonómica de FeSP UGT Andalucía, se muestra “en desacuerdo” con la no inclusión del abono de las pagas adicionales ya que el acuerdo contemplaba “al menos que se calendarice” el pago. “No estamos pidiendo que el año que viene se solventen ambas pagas pero por lo menos que la comisión de seguimiento haga un cronograma o un calendario de que se pagará una parte, que luego se pagará otra parte, etc”, lamenta. “No tenemos ni siquiera un calendario que nos diga cuándo se va a pagar”, insiste.

La representante sindical también hace referencia a las Ayudas de Acción Social, “suspendidas en 2012 y sólo se han mantenido las de discapaciad, igual que para este año”. “En el acuerdo también se contemplaba que durante este año 2019 se recuperaban esas ayudas”, denuncia.

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