El Gobierno andaluz intenta sin éxito aplacar las prisas de Vox por fulminar la Ley de Memoria: “Aquí no hay ideologías”
La primera comparecencia en el Parlamento andaluz de la consejera de Cultura, la popular Patricia del Pozo, ha generado una expectación inusual tratándose de un departamento que ocupa el último escalón en orden de prelación del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla. La razón es sencilla: Cultura gestiona ahora los asuntos de Memoria Histórica; Vox, sostén del Ejecutivo de PP y Ciudadanos, ha firmado un documento con los populares que les compromete a derogar la Ley de Memoria y sustituirla por una Ley de Concordia, y el último Consejo de Gobierno ha dado el primer paso para complacer a la formación de Abascal creando un Comisionado para la Concordia que buscará “cambiar la ley por otra de mayor consenso”.
Lo que las fuerzas de izquierdas han interpretado como la primera claudicación del Gobierno de PP y Ciudadanos a los postulados del partido de Santiago Abascal, para los aludidos es un “gesto” insuficiente, “un quebrantamiento del acuerdo del PP con Vox en letra y espíritu”. Del Pozo ha articulado este miércoles en el Parlamento un discurso ambivalente, en defensa de la actual Ley de Memoria Historia y su trasfondo, pero también del plan del nuevo Gobierno para allanar su reforma y acercarse a los planteamientos de Vox. Pero la consejera no ha convencido al partido de extrema derecha, que ha exigido la “inmediata derogación” de la norma.
Del Pozo ha tenido que responder a preguntas de PSOE y Adelante Andalucía, los grupos que votaron a favor de Ley andaluza de Memoria, aprobada en marzo de 2017 sin votos en contra. La izquierda acusa ya al nuevo Gobierno de planear la muerte de esta ley, “si no derogándola formalmente, sí asfixiándola económicamente y convirtiéndola en otra cosa”, como hizo el Ejecutivo de Mariano Rajoy con la Ley estatal de Memoria Histórica de 2007.
La consejera ha replicado que la ley andaluza “fue un producto de una mayoría parlamentaria, y hoy hay otra mayoría en el Parlamento”. La norma, que recabó uno de los mayores consensos políticos de una ley memorialista en España, obtuvo 67 votos a favor (PSOE, Podemos e IU), 42 abstenciones (PP y Ciudadanos) y cero votos en contra. Ahora el nuevo Ejecutivo de Moreno Bonilla distingue entre “consenso” y “mayoría”, y afirma que “algunas leyes en este país necesitan un consenso más amplio que una mayoría parlamentaria”.
“Es una cuestión de humanidad”
“Yo no quiero una ley de la nueva mayoría, eso no es una ley de concordia ni de consenso, no quiero sustituir la anterior mayoría por la actual”, ha remachado la consejera. Del Pozo quiso defender la norma y el fondo de lo que trata, sobre todo, la exhumación de las víctimas represaliadas y fusiladas por el franquismo: “Todo el mundo tiene derecho a saber dónde están sus seres queridos enterrados, es una cuestión de humanidad, la memoria no tiene ideología”, dice.
El debate, dirigido por la diputada de Vox que preside la Comisión de Cultura, Ana Gil Román, ha estado envuelto en murmullos y comentarios cruzados. Sobre todo cuando el portavoz de la formación de extrema derecha, Benito Morillo, intervino para cuestionar la figura del Comisionado de la Concordia, que va a asumir las competencias de la Dirección General de Memoria Histórica y Democrática, y exigir la “derogación inmediata de la ley”. “Ningún Parlamento está legitimado para definir nuestro pasado. No puede usarse el pasado para dividirnos, hay que homenajear a todos los que lucharon por España, desde perspectivas históricas diferentes”, recalcó Morillo.
La consejera buscó una postura intermedia entre la defensa de la Ley de Memoria y el compromiso alcanzado con Vox para modificarla, pero las interferencias eran muchas.
El portavoz del grupo de Santiago Abascal denunció que la creación del Comisionado para la Concordia que asumirá “el 100% de las competencias” de Memoria -parafraseando al consejero de la Presidencia, Elías Bendodo,- es “un quebrantamiento del acuerdo con Vox en letra y espíritu”. “No vamos a permitir que todo siga igual, para aprender del pasado y no repetir errores en el futuro. Si nuestros abuelos fueron capaces de cerrar heridas, no tiene sentido revivirlas hoy. En Vox vamos a defender la capacidad de opinar sobre nuestro pasado sin dar explicaciones a la izquierda, que ha ideologizado la cultura en las últimas décadas”, subrayó Morillo, y añadió: “La izquierda tiene una responsabilidad en el estallido de la Guerra Civil. La comisión de la verdad es una aberración totalitaria. No podemos permitirlo”.
