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La titular andaluza de Igualdad llevará a diputados de Vox a un centro de menores migrantes para que "superen sus prejuicios"

Rocío Ruiz ha organizado en septiembre una visita de los miembros de la comisión parlamentaria de Igualdad al nuevo centro de menores migrantes del distrito sevillano de Macarena, que motivó protestas vecinales de tinte xenófobo respaldadas por Vox

La consejera está convencida de que el grupo de extrema derecha vincula inmigración y delincuencia "por falta de información", sin embargo, Vox ha obligado al Gobierno andaluz a aumentar el gasto de seguridad en los centros de menores migrantes

La consejera de Igualdad asegura que las dimisiones son "cambios normales" y niega "bloques antagónicos" dentro de Cs

La consejera andaluza de Igualdad, Rocío Ruiz.

La consejera de Igualdad del Gobierno andaluz, Rocío Ruiz, está convencida de que muchas de las consignas de Vox contra las políticas que gestiona su departamento, en materia de igualdad de género o para la acogida de menores migrantes, "parten de planteamientos erróneos" o "se deben a prejuicios o a una falta absoluta de información". Uno de los ejemplos que pone Ruiz tiene que ver con la reciente apertura de un centro de atención para menores extranjeros no acompañados (MENA) en el distrito sevillano de la Macarena, que motivó varias protestas vecinales de tintes xenófobos, respaldadas por el grupo de extrema derecha.

Vox, aliado necesario del Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos, llevó este asunto a la comisión de Igualdad del Parlamento, para defender una postura muy beligerante en la que vinculó la inmigración con la delincuencia. Los grupos de izquierdas afearon a Vox que "fomentara el odio y el racismo". También la consejera aclaró que la Junta no iba a permitir que se "criminalice" a los MENAs. Sin embargo, el grupo ultraconservador es determinante para la aprobación de los Presupuestos andaluces y ha conseguido -con ese mismo discurso- que el Gobierno de Juan Manuel Moreno aumente el gasto para seguridad en estos centros de acogida de menores migrantes. Después de aquel tenso debate, la consejera decidió organizar, en septiembre, una visita de todos los miembros de la comisión parlamentaria al citado centro de menores del barrio de Cruz Roja, en la Macarena, a unos 300 metros del Parlamento.

La idea es continuar el debate "con mayor conocimiento de causa, para que todos los grupos vean con sus propios ojos cómo funcionan estos centros, qué labor desempeñan, y cuál es el perfil de los menores migrantes acogidos allí". El objetivo, en realidad, es que los diputados de Vox "reconozcan el trabajo que se hace, que superen el prejuicio de asociar inmigración con delincuencia e inseguridad, y que defiendan la necesaria apertura de estas instalaciones", explican fuentes de Igualdad. Durante su comparecencia, Ruiz ya pidió a los diputados ultraconservadores que se abstuvieran de "demonizar a estos niños". "Es una obligación legal atenderlos y pretendemos su absoluta normalización. Confiamos en la solidaridad y acogida de los andaluces, en el sentimiento de multiculturalidad y en el respeto a todas las personas", dijo.

El negacionismo de Vox respecto a las políticas públicas de igualdad de género y lucha contra la violencia machista, así como su discurso beligerante contra los inmigrantes en situación irregular representan los asuntos más difíciles de lidiar para el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos, que necesita el apoyo permanente del grupo ultraconservador. La Junta logró convencer a Vox de que retirase su exigencia de derogar las leyes andaluzas de igualdad y la deportación de 52.000 inmigrantes irregulares: ambas condiciones estaban en el primer acuerdo de investidura que negociaron con el PP. Sin embargo, los socios han accedido a otras demandas de su aliado que van en la misma línea: los Presupuestos Autonómicos de 2019, pactados por los tres grupos, incluyen por exigencia de Vox un recorte de 600.000 euros en el gasto para integración de inmigrantes, en cambio aumenta en 1,5 millones la partida para reforzar la vigilancia y la seguridad en centros para menores extranjeros".

Activista de la plataforma ciudadana 'Macarena para Todas'

Activista de la plataforma ciudadana 'Macarena para Todas'

Uno de los diputados de Vox invitado a la visita es el portavoz de su grupo en la comisión de Presidencia, Benito Morillo, que ya participó en la primera manifestación vecinal a favor del cierre del centro de menores. Morillo se sumó al medio centenar de personas que se congregó para protestar a las puertas del bloque de la Macarena y denunció que esta instalación era "irregular". Pero el diputado abandonó la protesta a toda prisa cuando le comunicaron que los organizadores -"un coordinador de barrio de Vox"- carecían del permiso necesario para manifestarse, y que la Policía Nacional había ordenado a la multitud que se disolviera. Otro de los diputados de Vox que se ha manifestado en contra es el presidente de su grupo, Francisco Serrano, que vive en las proximidades, pero fuera del distrito Macarena.

El centro de menores migrantes de la Macarena se convirtió entonces en motivo de discordia vecinal. Hay personas, sobre todo mayores de edad, que siguieron manifestándose en contra de su apertura, respaldadas de cerca por Vox. Pero enseguida otros colectivos vecinales del barrio y varias ONGs se movilizaron para responder a ese "movimiento xenófobo", y organizaron charlas y jornadas en un parque próximo al centro de menores para explicarle a los vecinos qué función tenía aquella instalación y quienes eran los menores acogidos allí. Bajo un enorme cartel de "Bienvenidos", el acto cívico congregó a más de 200 personas. La consejera de Igualdad aplaudió la iniciativa popular y ha ordenado a su departamento que organice jornadas similares para informar a los vecinos adecuadamente, y "evitar que se dejen llevar por prejuicios y llamadas al odio y la intolerancia".

El centro, situado en una vivienda de la calle de Los Polancos, acoge a unos 25 jóvenes inmigrantes menores de edad, de entre 16 y 17 años, con un proyecto laboral o académico que facilita su integración al cumplir los 18 años. La Consejería de Igualdad adjudicó el pasado mes de abril la gestión a la Fundación SAMU, que ya dirige 20 centros similares en toda España, y que cuenta aquí con una plantilla de diez profesionales -psicólogos y educadores sociales- a cargo de los menores. El centro forma parte de las nuevas 1.200 plazas habilitadas por la Junta para la atención de menores extranjeros no acompañados.

Este mismo miércoles, la consejera de Igualdad ha recordado que desde febrero su departamento ha creado un instrumento jurídico para convocar 1.200 plazas para atender a menores migrantes, de las que ya se han sacado 420 nuevas. Hace apenas una semana, la Consejería de Igualdad atendió a 200 MENAs recién llegados a las costas andaluzas. "Están todos atendidos y no en situaciones del hacinamiento sino en centros especializados con monitores y personal especializado", ha enfatizado Ruiz.

El número de ingresos de menores extranjeros no acompañados en el primer cuatrimestre de 2019 se ha incrementado en más de un 60% en relación al mismo periodo de 2018 (1.257 frente a los 781 del pasado año). Fuentes de la consejería indican que se trata de centros abiertos, sin grandes medidas de seguridad, aportando "un dato ilustrativo de la realidad de estos centros": entre enero de 2015 y mayo de 2019 han sido atendidos en la comunidad autónoma 15.693 menores, de los que solo 83 han tenido medidas judiciales de internamiento por comisión de algún delito, es decir, el 0,52%.

En España hay más de 12.300 Menas, según el Ministerio de Interior. La tutela de los niños es de las comunidades y éstas no pueden impedir que los menores se desplacen de unas a otras o que abandonen España. La principal puerta de entrada de estos jóvenes es Andalucía, donde están inscritos 5.183 niños; seguida de Cataluña, con 1.938; y Melilla, con 1.067 niños, según los últimos datos del registro MENA, a 30 de abril de 2019. Estas cifras nada tienen que ver con las que ofrecen los gobiernos autonómicos, consultados por Efe, que sitúan a Cataluña a la cabeza, con 4.203 menores extranjeros, seguida de Andalucía, que reconoce tutelar 2.172 niños -pese a la cifra oficial es de 5.183-.

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