El primer día sin convenio en Jaén, y el Ayuntamiento lleva el conflicto de la dependencia a los tribunales
Este miércoles es el primer día en el que el convenio entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jaén para la prestación de la ayuda a la dependencia en la capital queda en suspenso para 500 familias. Después de dos meses de tiras y aflojas entre ambas administraciones, la situación de los dependientes de la capital jiennense aún no está clara. Lo que sí está claro es que las dos posturas no se han acercado ni un ápice a juzgar por las declaraciones que llevan haciendo toda la semana y que el Consistorio hoy tiene previsto empezar la batalla en los tribunales.
De hecho, el portavoz del gobierno local, Miguel Ángel García Anguita, ha interpuesto formalmente un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Sevilla. A las puertas de los juzgados de Jaén, Garcia Anguita ha dicho que espera que el alto tribunal andaluz “obligue” a la Junta a saldar la “deuda” que mantiene contraída con el Consistorio en este ámbito, que el gobierno local estima actualmente en “cerca de 800.000 euros”.
Que no hay acuerdo de momento es un hecho, hasta el punto de que el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha remitido un escrito tanto a la Junta como al Ayuntamiento pidiéndoles que “no se adopten medidas que supongan un perjuicio en la prestación del servicio de dependencia para muchas familias jiennenses, las más vulnerables”. Además, en dicho documento, el Defensor “se ofrece para intervenir entre las partes para que, en el ejercicio responsable de sus competencias, lleguen a los acuerdos necesarios que aseguren que se va a seguir dando este servicio a las casi 500 familias dependientes, y por parte de los 200 trabajadores que lo realizan”.
La postura del Ayuntamiento: El alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, ha reiterado que el convenio se denunció en tiempo y forma, por lo que la administración autónoma ha tenido tiempo suficiente para “hablar con la empresa y establecer una relación bilateral o para llevar a cabo la licitación vía concurso”. Este mismo martes, ha insistido que la Junta de Andalucía “sabe que el servicio de dependencia es una competencia y una obligación exclusiva suya, por lo que a partir de mañana tendrá que prestar y garantizar el servicio al cien por cien”.
No obstante, asegura que su intención es seguir prestando la parte que legalmente es competencia municipal, el desarrollo de los planes de intervención personalizados de los usuarios que tienen derecho a esta prestación, los PIA. Lo que no quiere es seguir pagando las facturas a la empresa encargada el servicio, sino que sea la Junta la que directamente le transfiera los fondos a Multiservicios Jabalcuz.
La postura de la Junta de Andalucía: La Junta de Andalucía insiste, por su parte, en que no tiene nada que añadir a lo que ha dicho en las últimas semanas. Es decir, que garantiza el servicio a los usuarios y que pide al alcalde que recapacite porque la atención en discordia forma parte de las cometencias del Ayuntamiento, aseguran. Este mismo martes, la Consejería de salud y bienestar social ha asegurado que el Ayuntamiento debe seguir prestando el servicio y que la concesionaria, Multiservicios Jabalcuz, “no ha recibido ninguna notificación” municipal para dejar de prestarla.
La empresa: El alcalde ha asegurado que la empresa que gestiona la prestación “tiene todas las comunicaciones pertinentes”. Un extremo que no ha sido posible confirmar con la entidad ya que su propietario, Rafael Cabrera, se ha parapetado en un “no queremos hacer ninguna declaración”. No obstante, un representante de UGT, Miguel Ángel Cazalilla, ha asegurado que el Ayuntamiento no ha comunicado formalmente a la empresa que deje de prestar el servicio ni que la facturación se realice de forma distinta a cómo la vienen efectuando hasta la fecha.
La transferencia de la Junta y su reparto: Cazalilla también ha aclarado que, después de la nueva transferencia del Ayuntamiento a la empresa, sólo quedan pendientes las nóminas de octubre y noviembre con las trabajadoras. En ese sentido, ha cuestionado el uso que el Ayuntamiento ha hecho del dinero transferido por la Junta, ya que el Consistorio ha recibido 800.000 euros de la deuda pendiente y sólo ha derivado a la empresa 250.000.
El alcalde ha reconocido que, de acuerdo con el principio de caja única, el dinero se utiliza para otras cuestiones. En este caso, para el pago de las nóminas de los trabajadores del centro especial de empleo. Son 65 personas con discapacidad cuyos salarios pagan, a medias, Junta y Ayuntamiento. Fernández de Moya ha recordado que desde junio de 2011 la Junta no ha cumplido su parte y el Consistorio asume el pago en solitario. Y ha añadido que “no vamos a dar ni un euro” para pagar la dependencia “hasta que nos paguen el millón de euros que nos deben del centro especial de empleo”.
El recurso: En cualquier caso, la batalla no está ni mucho menos cerrada. Más bien parece que está a punto de comenzar en los tribunales, ya que el Ayuntamiento ha anunciado que este miércoles reclamará judicialmente a la Junta de Andalucía lo que le adeuda en materia de dependencia. Lo hará hoy mismo a primera hora de la mañana el teniente alcalde y portavoz del Equipo de Gobierno, Miguel Ángel García Anguita, y la concejal de Asuntos Sociales, Reyes Chamorro, que serán los encargados de “presentar el recurso contencioso-administrativo contra la Junta de Andalucía por el impago del servicio de Dependencia”, como explican en una nota convocatoria remitida a los medios de comunidación También recurrirá a los tribunales si se desatiende a los usuarios del servicio. Sobre los pagos pendientes. Fernández de Moya ha dicho que después de la última transferencia, la Junta ha emitido un reconocimiento deuda de 311.000 euros, lo que vuelve a situar por encima del millón de euros lo que debe la administración autónoma a la local por la prestación de la dependencia.
Los expertos: Entre los expertos que eldiario.es/Andalucía ha consultado con relación a este tema, el profesor Manuel Medina, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, ha señalado que “es más que dudoso que un ayuntamiento pueda lisa y llanamente desentenderse por completo de la prestación de estos servicios”. Remite al reformado Estatuto de Autonomía que lo aborda como un derecho y que “reconoce expresamente a las personas en situación de dependencia (art. 24) y al que aparecen directamente vinculados los municipios, habida cuenta de que el Estatuto incluye entre sus materias competenciales propias la gestión de los servicios sociales comunitarios”.
De acuerdo con eso, el argumento de la Junta de que la competencia es municipal y no puede soslayarla sería correcto. No obstante, otro experto que prefiere permanecer en el anonimato, señala que la decisión “puede ser injusta pero es legal”. Señala que el Estatuto atribuye las competencias a los ayuntamientos, pero no ha habido una redefinición posterior a la aprobación del Estatuto sobre cómo se abordaría la financiación de los servicios sociales comunitarios. Y es aquí donde entiende que, ante un tribunal, el Ayuntamiento tiene mucho a su favor y “la Junta no está exenta de responsabilidad política”.
Afectados: Y mientras, cuando menos, en duda, la atención a 500 familias dependientes y el futuro laboral de 200 trabajadores.
