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La oposición ciudadana logra parar un parking de pago en el hospital de Córdoba para financiar nuevas consultas

Hospital Reina Sofía de Córdoba (Foto. Junta de Andalucía)

Carmen Reina

El proyecto de la Consejería de Salud para construir un aparcamiento de pago en el complejo hospitalario Reina Sofía de Córdoba y financiar con ello la obra de reforma del área Materno Infantil del centro se ha quedado en papel mojado por la oposición frontal ciudadana que el plan se había encontrado. Vecinos, sindicatos, partidos políticos y asociaciones de consumidores habían conformado la plataforma ‘Aparcamientos Reina Sofía’ para exigir a la administración autonómica la paralización del proyecto y este mismo martes, la Junta daba marcha atrás en su apuesta.

El plan de construir el aparcamiento de pago y financiar con ello las nuevas consultas del centro hospitalario “fue concebido como un proyecto de ciudad que en ningún momento puede entenderse sin la ciudadanía”, ha reconocido el propio hospital en el comunicado en el que ha hecho pública la decisión de la administración autonómica de paralizar el proyecto. “Dado que la Consejería de Salud no va a hacer ningún proyecto en contra de la ciudad, el Hospital ha decido anular la licitación de la concesión del aparcamiento del complejo hospitalario”.

Esta decisión es el resultado final de la presión ciudadana desde que se conoció el plan de la Junta, que pasaba por una concesión administrativa durante 20 años para hacerse cargo de los aparcamientos destinados al público general que acude al hospital Reina Sofía, al servicio de Urgencias, al Hospital Provincial y al parking de este último centro. En total, sumarían unas 1.200 plazas de aparcamiento, que representan aproximadamente la mitad del total disponible en el complejo sanitario. En el caso de la zona de Urgencias, el proyecto preveía que estuviera permitido aparcar de forma gratuita en este estacionamiento durante la primera hora para facilitar el acceso al hospital de las personas que necesiten los dispositivos de urgencias, aunque la tarifa de pago comenzaría a contar a partir del minuto 61.

La queja de los integrantes de la plataforma ciudadana contra este proyecto se ha centrado en desligar la construcción de las nuevas consultas del área materno-infantil de la concesión a una empresa privada de los aparcamientos del hospital. “Estamos a favor de la construcción del edificio (de consultas materno-infantil) pero no a costa de vender a cachitos el hospital a empresas privadas”, defendía por parte de CCOO Teresa Juanico. “El aparcamiento no es una prioridad, pero sí hay que poner soluciones y arreglarlo”, reconocía, sin que la vía sea “que conlleve el pago de una tasa o un copago para aparcar en el hospital”.

La exigencia de la plataforma ciudadana ha sido siempre la paralización absoluta del proyecto de la Consejería de Salud. “Exigimos la retirada y paralización inmediata de manera pública y jurídica” del proyecto del aparcamiento. “Hasta que no haya una paralización no nos vamos a reunir con la Junta. Para la plataforma no existe ninguna negociación que no sea la paralización efectiva y pública del proyecto”, repetían tajantemente  los representantes ciudadanos, que finalmente han conseguido su objetivo.

Para la plataforma ciudadana, la construcción del edificio de nuevas consultas del materno-infantil debe hacerse “con fondos que debe asumir la Junta de Andalucía y no con los aparcamientos”. Y, con ese argumento, habían llegado a trasladar su exigencia por escrito al viceconsejero de Salud de la Junta, Martín Blanco, al gerente del Servicio Andaluz de Salud, José Manuel Aranda, y a la directora gerente del hospital Reina Sofía, Marina Álvarez.

La plataforma constituida ponía forma y voz a las voces que desde distintos sectores se venían alzando en la ciudad y la provincia durante semanas contra el proyecto de la Junta y está conformada por sindicatos como CCOO, CSIF, Satse y CTA, partidos políticos como el PP, IU, Podemos y Ganemos Córdoba, las asociaciones de vecinos de Castro del Río y la de Puente Romano de Córdoba, la plataforma ‘No me quites mi hospital’ y la asociación de consumidores FACUA.

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