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Opinión - Vivir sobre un polvorín. Por Rosa María Artal

El último recurso desesperado de Sandokán para no entrar en la cárcel: recoge firmas para entregarlas al juez

Rafael Gómez

Carmen Reina

Para Rafael Gómez, el empresario cordobés conocido como Sandokán, la cuenta atrás para entrar en la cárcel esta a punto de llegar a su fin. Un auto dictado el pasado día 5 de septiembre le obliga a entrar en prisión para cumplir la condena de cinco años y tres meses que un juez le impuso por fraude a la Hacienda Pública. Más allá del recurso jurídico que pueda interponer ante la instancia que le queda para que revise su caso, el Tribunal Supremo, Gómez ha tirado de un último recurso para evitar su ingreso en la cárcel: pide apoyo por escrito a los ciudadanos con la intención de entregarle esas firmas al juez.

En su perfil oficial de Facebook, Sandokán ha publicado este mismo martes su petición de apoyo, para traducir las adhesiones que dice estar recibiendo en estos días tras saberse que debe entrar en prisión:

“Lo primero que quiero hacer es agradecer todas las muestras de apoyo y cariño recibidas en estos días, pero se necesita materializar estos testimonios mediante escritos para presentar ante el Juez”. Y, para ello, pide a sus seguidores “que hagáis llegar estos testimonios por escrito, debidamente identificados (nombre completo y DNI) y firmados”.

El mensaje de Rafael Gómez -que ya fue condenado en el caso Malaya a seis meses de prisión pero no llegó a pisar la cárcel- precisa que las firmas de apoyo serán recogidas en la dirección de su empresa Arenal 2000, que tiene su sede en las naves construidas ilegalmente a los pies de Sierra Morena, cerca del conjunto arqueológico de Medina Azahara, en la capital cordobesa, y por las que fue multado por el Ayuntamiento de Córdoba con 20 millones de euros.

Para quien no pueda desplazarse hasta allí, Sandokán se ofrece “para recoger nosotros el escrito” y para que también le puedan enviar apoyos por correo electrónico, da una dirección de email creada para la ocasión en el dominio con las siglas de su nombre: apoyo@rgs.es

Esta última maniobra a la desesperada de Gómez forma parte del discurso que en las redes sociales él y su entorno han enarbolado desde que se conociera su inminente entrada en prisión. Pareciera que, tras la condena, esperaban que los sucesivos recursos ante las instancias jurídicas demoraran este momento, pero la llegada del auto de ejecución de la sentencia para que entre en la cárcel en unos días ha llegado como un jarro de agua fría.

Sus hijos también piden apoyo

Así, en las últimas jornadas, sus cuatro hijos –que se sentaron en el banquillo junto a Rafael Gómez acusados igualmente de cometer fraude a Hacienda desde el complejo empresarial de la familia pero finalmente fueron absueltos- también se han pronunciado en las redes sociales. “Rafa, Pepe, Lolo y Esther” firmaron así una entrada en la página de Facebook de su padre el pasado 15 de septiembre, donde defienden la inocencia de su padre y esgrimen que su condena es una “injusticia inexplicable”.

En su escrito en esta red social, dirigido a los seguidores del empresario y a la ciudadanía en general, reiteran lo que en el juicio argumentaron: que su padre es una persona “honrada, honesta y trabajadora” y que “jamás ha dado instrucciones de ningún tipo a los asesores” de sus empresas para cometer fraude fiscal.

“No podemos consentirlo, es inocente, por tanto no puede ser encarcelado. Por todo esto os pedimos ayuda, con vuestro apoyo y vuestros testimonios para evitar esta injusticia para nuestro padre, un hombre bueno, un hombre inocente”, finalizan tras acusar de “animadversión e inquina personal hacia nuestro padre” a los peritos de Hacienda que declararon en el juicio.

Mientras tanto, la defensa del empresario y también exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba ha presentado un recurso contra el auto de ejecución de la sentencia que condena a prisión a Gómez además de a una multa de cerca de 112 millones de euros como autor de dos delitos contra la Hacienda Pública por el impago de casi 29 millones. El objetivo de este recurso es dejar sin efecto la ejecución de la pena, en tanto se presenta y se resuelve un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo.

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