Casos de supuesta corrupción atascados en los juzgados empiezan a ver luz al final del túnel de la instrucción
“Al final, todo llega.... aunque en algunos casos sea bastante tarde”. Fuentes judiciales confirman que algunos de los casos de presunta corrupción en Andalucía están más cerca de ver la luz al final del largo túnel judicial, al menos en lo que concierne a la investigación. Hablar de sentencia, o de sentencia firme, es ya mucho más complicado de atisbar. Son clásicos de los medios de comunicación, abierto desde hace años en los juzgados andaluces que aparecen o desaparecen con alguna novedad de la instrucción, pero que llevan quizá demasiado tiempo en la agenda del juez de turno. Pero casos como Poniente o Arcos, incluso los ERE, están avanzando en su instrucción. Esta misma semana se cerraba el caso de los cursos de formación.
“La celeridad en la tramitación debería ser lo normal y resulta especialmente necesaria en aquellos supuestos que afectan a la vida pública, en los que se investigan supuestos actos de corrupción y en los que aparecen implicados representantes o cargos públicos”. Lo decía la última memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en referencia a los juzgados que instruyen causas complejas, donde aprovechaba para pedir “más medios humanos y materiales, agilidad en los dictámenes e informes periciales y/o policiales, digitalización, procedimientos rápidos, reordenación de los recursos procesales”.
Precisamente el 'caso Astapa' sufre de estos males. El juzgado de Estepona (Málaga) ha recibido ya informes periciales que estaba esperando pero necesitan todavía digitalizar buena parte de la instrucción y están en ello, apuntan fuentes judiciales. El el caso, de los mediáticos, que va más retrasado.
En 'Astapa' aún no hay siquiera auto de procedimiento abreviado, el punto de inflexión en una instrucción judicial. Ocho años después, el que sí acaba de dictarlo es el juez del 'caso Poniente'. Ahora están con las calificaciones de las partes y ya sólo quedaría en el juzgado el auto de apertura de juicio oral.
El caso que más suerte ha corrido, a pesar de la larga espera, es el 'caso Arcos', que ya está pendiente de celebrar juicio. Comenzará el 7 de noviembre en la Sección 3ª de la Audiencia de Málaga. Otras causas judiciales que pueden ser catalogadas como posibles causas contra la corrupción esperan su momento en que se empiece a hacer realmente justicia. Hablamos de Bahía Competitiva (Cádiz), Serrallo (Granada), Acinipo (Ronda), Manilva (Estepona), Cursos de Formación (Sevilla) o Invercaria (Sevilla).
“La cruda realidad que demuestra que tenemos una justicia débil”
La necesidad de acortar plazos en la instrucción pena es compartida por todos los estamentos judiciales, y también políticos. De hecho, a finales del año pasado el Gobierno central aprobaba, a través de una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, limitar la instrucción de causas judiciales a entre 6 y 18 meses, con la posibilidad de prorrogarlo hasta los 36.
Decía el TSJA en su memoria que “aparte de la lógica preocupación, sonroja la posibilidad de prórrogas de plazos procesales para instrucción cuando ya llevan transcurridos siete u ocho años, como acontece en algunas investigaciones”. Ello “atrae inevitablemente situaciones anómalas y cuestiones procesales conocidas (posibles prescripciones, infracción del plazo razonable, aplicación de atenuantes por dilaciones indebidas, etc.). Es el fruto del mal funcionamiento de la justicia, la cruda realidad que demuestra que tenemos una justicia débil (y, por tanto, una democracia que también lo es)”, sentenciaba la memoria.
El caso por excelencia mediática es el de los ERE. Aunque el juez ha avanzado considerablemente la instrucción de la llamada 'pieza política', en la que las partes ya están calificando los hechos (el plazo finaliza el día 15), el juicio de esta pieza podría retrasarse a cuenta de un recurso de Manos Limpias. El resto de las piezas, cuya división viene respaldando la Audiencia de Sevilla, lleva su propio ritmo si bien siguen avanzando y algunas piezas ya se están cerrando.
“La celeridad en la tramitación debería ser lo normal y resulta especialmente necesaria en aquellos supuestos que afectan a la vida pública, en los que se investigan supuestos actos de corrupción y en los que aparecen implicados representantes o cargos públicos”. Las buenas intenciones del TSJA en su última memoria ante la “cruda realidad” como los propios jueces la califican debería llevar aparejada un vuelco en el reloj de la justicia para que sea verdaderamente justa.
