Anticorrupción pide una fianza civil de 26 millones para un exdirector del IFA

Ninguno de los dos exdirectores generales de IFA/IDEA que habían sido citados a declarar como imputados en el caso de los ERE ha querido prestar declaración ante la jueza Alaya. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido para uno de ellos, Miguel Ángel Serrano, una fianza civil de 26 millones de euros por su supuesta participación y conocimiento de las “irregularidades” en el abono de las ayudas púbicas.

No obstante, Serrano ha formulado este mismo lunes unas alegaciones que inciden en el extremo solicitado por la Fiscalía Anticorrupción de que el juzgado “ya no es competente” para continuar la instrucción de la causa“ por la presencia de aforados, ”por cuanto que la investigación judicial se encuentra agotada en esta sede judicial“. Alaya ha decidido finalmente no atender la petición de la Fiscalía Anticorrupción de suspender las 25 declaraciones previstas para esta semana, si bien algunas defensas han lamentado que no se les haya notificado tal extremo y hayan tenido que comparecer sin conocer la respuesta.

Miguel Ángel Serrano ha señalado además que no se ratifica en la declaración que él mismo prestó como testigo ante la Guardia Civil en septiembre de 2012, “recogiéndose todo lo manifestado en once folios solamente”. Su imputación se basa en aquella declaración, “cuando en realidad yo declaré bastantes más cosad de lo que se refleja en dichos once folios de mi declaración, conteniendo estos folios frases fuera de contexto respecto de lo que yo realmente declaré”, incide en sus alegaciones.

Por su parte, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández y el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Guerrero también se han negado a prestar declaración ante Alaya siguiendo el consejo de sus abogados. Dos de los principales imputados en el caso de los ERE, y que estuvieron varios meses en prisión preventiva, habían sido llamados como integrantes que fueron del consejo rector de IFA/IDEA, encargado del abono de las ayudas públicas investigadas. El exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá tampoco ha declarado. Ninguna de las partes ha solicitado medidas cautelares de ningún tipo contra estos exaltos cargos de la Consejería de Empleo.

Tanto Fernández como Guerrero habían sido llamados, dentro de las nuevas citaciones acordadas en el auto del pasado miércoles, “ante la ampliación de los hechos que le fueron imputados en su día por su actuación en el Consejo Rector, por si quisieran añadir algún extremo”. Esta semana está prevista la declaración de 16 nuevas personas que formaron parte entre 2001 y 2008 de los distintos consejos rectores de IFA/IDEA, entre ellos el presidente de Unicaja, Braulio Medel, cuya declaración se ha pospuesto al 5 de junio.

Alaya, acerca de Antonio Fernández considera que como presidente y vicepresidente del IFA entre 2001 y 2004 asistió a 21 sesiones del consejo rector en las que informó o sería informado de 58 convenios relativos a subvenciones entre la Dirección General de Trabajo y el IFA. El exconsejero, según el último auto de Alaya, votó favorablemente junto a los demás componentes del consejo rector a la firma de 25 convenios, “participando junto a los demás miembros en el sistema implantado a partir de abril de 2000 en la Consejería de Empleo para el pago de subvenciones concedidas al margen del procedimiento legal”, “sin crédito adecuado y suficiente, sin fiscalización previa por la Intervención General, ni bases reguladoras”.

Respecto a Serrano y Mencía, cuya declaración se ha pospuesto a este jueves por motivos de salud, según la jueza “participarían del sistema ideado entre la Consejería de Empleo y el IFA, que adopta carta de naturaleza a través del convenio marco de 17 de julio de 2001, al suscribir ambos con Guerrero convenios particulares de ayudas, cuyo compromiso de pago, gasto o riesgo fuera inferior a 450.759 euros, además de los convenios para ayudas sociolaborales” y “mediante el uso inadecuado de las transferencias de financiación”

Mencía, “a sabiendas de su ilegalidad, firma convenios que sumarían 115,2 millones, entre ellos múltiples convenios de ayudas directas a empresas por habilitación del Consejo Rector, conociendo que gran parte de estas ayudas favorecían injustamente a la Sierra Norte de Sevilla y a determinados grupos empresariales”. Por su parte, Serrano “suscribiría un total de 42 convenios por importe de 210,9 millones” y “conocería desde el primer momento la situación de déficit presupuestario generado por la Consejería de Empleo y en el que colabora IDEA anticipando el pago de las ayudas”, a lo que se suma que “fue conocedor y partícipe de las importantes irregularidfades de las ayudas directas y sociolaborales que se gestionaban entre la Agencia y la Dirección General de Trabajo”.

Estan previstas, en el marco de las nuevas imputaciones o ampliaciones, además de la comparecencia de Braulio Medel, las del expresidente de El Monte José María Bueno Lidón; el director general de Desarrollo Tecnológico e Incentivos, Manuel López Casero; el director de Industria de este departamento, Jesús Nieto González; el exviceconsejero de Agricultura y Pesca Juan Paniagua Díaz, y a Francisco García Martínez y Rafael Herrera Gil, ambos, exsecretarios generales de Empleo.

La juez, que el auto en el que ha rechazado el recurso de la Fiscalía ha resaltado la “importancia, máxima en esta recta final, de mantener la continencia de la causa”, también ha citado como imputados a Francisco del Río, jefe del gabinete jurídico de la Junta entre 2001 y 2008; a Ana María Peña Solís, secretaria de Telecomunicaciones de la Consejería de Innovación; Ángel Garijo Galve, exsecretario general de Innovación; Isabel de Haro Aramberri, secretaria general de Desarrollo Indsutrial y Energético, y Pilar Rodríguez López, exsecretaria general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.

La juez, que atribuye a todos ellos delitos continuados de prevaricación, malversación y falsedad, también cita a José Domínguez Abascal, secretario general de Universidades de la Consejería de Innovación; a Joaquín Moya-Angeler Cabrera, presidente de la Corporación Tecnológica de Andalucía; Felipe Romera Lubias, presidente de la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía, y a Juan Carlos Soriano, exviceconsejero de Relaciones Institucionales.