El conflicto sobre dependencia en Jaén cumple un año aún pendiente del juzgado
Este 1 de octubre se cumple un año de la renuncia del alcalde de Jaén a seguir prestando el servicio de atención a la dependencia. Un hecho que se notificó por escrito a la Junta de Andalucía y que sigue pendiente de la decisión judicial que dirimirá qué administración es la competente. Para el Ayuntamiento, la competencia es autonómica y para la Junta es municipal en el marco de un sistema que se ha definido en el ámbito estatal, con un convenio similar para todos los consistorios.
Ahora mismo, el Ayuntamiento de Jaén sigue prestando el servicio, obligado por una orden judicial. Esa fue la respuesta del juez a las medidas cautelares exigidas por la Junta mientras se resuelve en el contencioso-administrativo. En todo este año, el único avance se ha producido en el cruce de acusaciones y la judicialización del conflicto.
De hecho, para los usuarios y las trabajadoras no ha habido cambios en más de una década. El retraso en los pagos por parte de la Junta, que el Ayuntamiento usa como argumento para evitar la prestación, se traduce en demoras en los pagos a la empresa que, a su vez, acumula nóminas impagadas.
La deuda
La deuda municipal con Multiservicios Jabalcuz ronda los 2,5 millones de euros, una cifra muy parecida a la de hace un año, cuando se situaba en 2,7 millones. Entonces, esa cantidad era equivalente a la que la Junta debía al Ayuntamiento. Un año más tarde, según el Consistorio -que ya contabiliza septiembre- la administración autonómica le debe 1,3 millones de euros. La Junta reconoce 773.000 euros pendientes de pago hasta agosto, ya que aún no ha computado septiembre. En cualquier caso, la deuda municipal con la empresa, al margen de la administración autonómica, oscila entre 1,2 y 1,8 millones de euros.
Esa es la discusión política. Pero a pie de calle no son cifras lo que afloran. Juan Gabriel Sánchez (83 años) lleva una década recibiendo la ayuda a domicilio. Su mujer tiene alzheimer y es, desde 2005, lo que se llama una gran dependiente que requiere asistencia todos los días de la semana, 90 horas al mes. Para él la atención es indispensable “porque ya no estoy para muchos primores”, explica. Sin embargo, las demoras en los pagos a las auxiliares les hacen temer que el servicio sufra nuevos recortes o que desaparezca: “Estoy asustado, porque no sabes qué va a pasar y estás con el alma en un hilo”.
Carmen Torres es una de las auxiliares que acude a su casa. Para ella este último año ha transcurrido “con mucho estrés y mucha angustia” porque “no sabes cuándo vas a cobrar, ni cuánto y no pueden hacerte ninguna perspectiva, lo estamos pasando bastante mal”. Hace un par de semanas cobraron las tres últimas nóminas. Ahora mismo están al día con la empresa “pero no sabemos hasta cuándo”. Su salario es indispensable en su casa porque su marido no tiene estabilidad laboral y alguno de sus hijos también tiene una situación complicada. “Hay compañeras que lo tienen peor, porque están solas o su pareja no tiene trabajo”.
Procuran que eso no se note en su entorno laboral “pero los usuarios lo saben, sale en la prensa y ellos están preocupados también”, subraya, “son personas mayores y les afecta mucho, anímicamente y a la salud”. Esos son los daños colaterales de un conflicto institucional que, a pie de calle, en el último año, ha vivido dos amenazas de huelga indefinida, la última hace apenas dos semanas. La frenó el empresario al pedir un préstamo bancario para hacer frente a las nóminas de julio, agosto y septiembre.
Los cruces de acusaciones en el último año han sido habituales. Tanto, que ni siquiera aparecen datos precisos de atención. Por ejemplo, el número de usuarios hace un año rondaba los 800. Claro que se computaban los incluidos en el decreto de exclusión de la Junta que permitió reforzar los servicios de atención en el segundo semestre de 2013. Ahora son poco más de 400, un número de usuarios similar al anterior al decreto. En cuanto a las trabajadoras, el número hace un año superaba las 200, ahora oscila entre 140 y 160.
Recortes
Más que el conflicto entre las administraciones, en esos datos influyen los recortes que han rebajado la atención a la dependencia en todo el Estado. La Junta insiste en que asume el 80% del coste de una prestación que hace tres años compartían Estado y Gobierno autonómico. A finales de 2013 se aprobaron dos decretos que rebajaban la prestación para grandes dependientes de 90 a 70 horas. Eso ha reducido las horas de servicio de la plantilla y son pocas las empleadas que mantienen la jornada completa. Así que aunque se incorporan nuevos usuarios al sistema, obtienen menos tiempo de servicio y, por tanto, menos personal.
Este viernes, la Junta de Andalucía ha convocado una reunión a la que están llamadas todas las partes involucradas en la prestación: administraciones local y autonómica, empresa y representantes de las trabajadoras. La delegada de Salud y Políticas Sociales, Ángeles Jiménez, ha explicado que la idea es que “haya una buena interlocución y que podamos mantener los compromisos” que faciliten prestar el servicio “con normalidad”.
El viernes se sabrá, aunque Jiménez ya anuncia un próximo pago que se desprende de los compromisos adquiridos por la presidenta de la Junta. El Ayuntamiento, por lo pronto, ha advertido que “está bien eso de convocar reuniones, pero lo que tiene que hacer es ponerse al día en los pagos”, ha señalado la concejala de Asuntos Sociales, Reyes Chamorro.
