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Detenida en Málaga una mujer que intentaba paralizar su desahucio

La Policía desaloja de un piso propiedad del Banco Santander a Karima y su hija de 14 años, y la detiene junto a dos activistas

Karima había ofrecido el pago de un alquiler social y era beneficiaria de la ayuda municipal

Manifestación de la plataforma Stop Desahucios

Manifestación de la plataforma Stop Desahucios

Tres personas fueron detenidas y luego puestas en libertad este jueves en Málaga durante el desahucio de una vivienda que ocupaban una mujer, Karima, y su hija de 14 años. La Policía detuvo a la propia Karima y dos activistas por la mañana, después de romper la puerta con una maza de gran tamaño. Desde el interior habían colocado muebles para evitar la entrada. Nadia, vecina del mismo inmueble, asegura que el desalojo fue muy violento: "Nunca vi nada así, ni en la tele". A última hora de la tarde del jueves Karima estaba ingresada en el Hospital Civil por una crisis nerviosa. Este viernes los tres han declarado ante el juez, que investiga la comisión de un posible delito leve de resistencia y desobediencia.

Los testigos aseguran que el desahucio fue particularmente desagradable. Desde el interior de la vivienda habían colocado una especie de barricada y a los golpes con la maza se han sumado los gritos desde el interior de la vivienda. Según el abogado Oliver Roales, que ha asistido a los detenidos en comisaría, Karima, que tiene 43 años y es víctima de violencia de género, amenazó con autolesionarse y durante el desalojo tuvo que ser calmada por un trabajador social del ayuntamiento.

"Cuando lo he visto me he quedado fatal", relata Nadia, la vecina. El estado de tensión ha continuado en la declaración policial, cuando Karima ha caído desplomada. A la salida ha vuelto a desfallecer y ha sido trasladada al hospital. Su hija ha pasado el día con unos vecinos.

Una ayuda al alquiler, pero ningún propietario dispuesto a alquilar

Karima y los activistas aseguran que durante un tiempo ella pagó un alquiler a quien se presentó como dueño de la vivienda, un tal Manuel. Sin embargo, el piso es propiedad del Banco Santander. Karima interpuso una denuncia por este hecho el 18 de abril de este año, poco después de recibir una orden de desalojo a nombre de "Driss Bousaquia o de otras personas que ocupen la vivienda", según la cédula de notificación a la que ha tenido acceso este medio. El juzgado había fijado el lanzamiento para el 9 de mayo, pero concedió un nuevo plazo que vencía este jueves.

"Ella recibió la orden de desahucio habiendo pagado 800 euros", explica Mónica, activista de PAH Málaga, que ha seguido el caso de cerca. Durante este mes, Santander ha ignorado la propuesta de alquilar otra vivienda a Karima a cambio de un alquiler social. En una comunicación escrita fechada el 7 de mayo, la mujer ofreció al Santander el pago del 30% de sus ingresos mensuales, que rondan los 420 euros, por una vivienda en alquiler. "No tenía por qué ser esa, porque sabemos que es muy golosa para el turismo", señala Mónica.

La mujer era beneficiaria de una ayuda al alquiler del ayuntamiento de Málaga, por un máximo de 450 euros durante el primer año, pero los activistas aseguran que no ha encontrado ningún propietario dispuesto a alquilarle una vivienda. Málaga sufre actualmente una burbuja del alquiler que ha inflado notablemente los precios.

La vivienda es un piso de un edificio de calle San Agustín, en pleno Centro Histórico de Málaga y muy cerca del Museo Picasso. Allí mismo vive también Nadia, una mujer con tres hijos a cargo, cuya historia contó eldiario.es/Andalucía hace algo más de un año. Según explica Nadia, Karima trabajaba de vez en cuando "barriendo o podando árboles" para el ayuntamiento. "No ha encontrado nada porque hay mucha gente que no quiere esta forma de alquiler. No quieren porque quieren cobrar en mano y sin declarar a Hacienda", comenta Nadia.

Después de desalojar la casa, la puerta quedó sellada por un muro de cemento. Servicios sociales había asignado a Karima y su hija una habitación para pasar la noche. La mujer ha solicitado también la intervención del Defensor del Pueblo.

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