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¿Inspecciona la Inspección?

El colegio Cervantes al que iba la  niña de 7 años cuyos padres denuncian a tres docentes por maltrato.

María Iglesias / María Iglesias

La ración de espantos que nos suministran los telediarios trae cada día menú variado. Sucesos dura tanto como la parte de fútbol que, ya sabemos, es la esencial. Al sumarse los minutos dedicados a crímenes a los de Internacional –a menudo tan criminal-, el espectador siente la náusea del náufrago a la deriva. Los horrores son bengalas cercanas: chispazo y estrépito con su estela, pero sin llegar a ver las consecuencias. ¿Qué ha pasado con las maestras del colegio Cervantes acusadas de maltratar a su alumna de 7 años, con Trastorno del Espectro Autista?

El caso de esta escuela de Dos Hermanas (Sevilla), que trascendió el 5 de junio, es preocupante en sí y por lo que revela de la inacción de la Administración. Tras el escándalo causado por los audios, que la familia logró con una grabadora en la mochila de la niña –después de estériles reuniones con la dirección-, tras oír a la maestra con la logopeda y la monitora gritar a la niña frases humillantes, el tema se ha desvanecido. Como los padres han denunciado a las tres y a la directora, el caso seguirá su curso en los juzgados. Pero, ¿qué hace la autoridad responsable de la Educación pública entre tanto?

El consejero Javier Imbroda –de Ciudadanos-, el 7 de junio, declaró que el caso prueba la necesidad de aumentar la capacitación docente. Como si hubiera que tener Máster para saber lo anti-pedagógico de esos gritos grabados. Podría recurrir a la cautela sobre la cinta. Pero que una profesora no chille insultos a una niña con discapacidad, eso es un mínimo de partida no una cima de excelencia a la que llegar.

Peor aún, el 12 de junio, Imbroda respondió a preguntas en una rueda de prensa por otro tema, que había abierto expediente a las tres denunciadas… Pero que quedó inmediatamente suspendido pues las tres… ¡se han dado de baja por enfermedad!

Pero, ¿qué tomadura de pelo es esta? ¡Y avalada por la máxima autoridad educativa de Andalucía! ¿Dónde están y qué hacen la Inspección de Enseñanza y la de Trabajo?

Sin prejuzgar la responsabilidad de las denunciadas, la mínima exigencia será que den la cara. ¿O alguien pretende que creamos que han pillado las tres, ahora, un resfriado? ¿O por “enfermedad” se refieren a “depresión” o “ansiedad”? Porque, ojo, que estos son males muy serios para los verdaderos enfermos. No deben usarse como eufemismo de la vergüenza de oírse insultando a un alumno discapacitado.

Otra denuncia, en el mismo colegio, hace dos años

Es especialmente preocupante que en enero de 2017 los padres de otro niño del mismo colegio Cervantes, chico epiléptico, hemofílico y con discapacidad del 48% ya denunciaron en los juzgados que una profesora -¿La misma? ¿Otra?- humilló al hijo de 8 años con un villancico donde sus compañeros le espetaban defectos. En noviembre de 2016, esos padres denunciaron a la Consejería de Educación –entonces del PSOE- que el niño sufría maltrato de sus compañeros y la maestra que lo sabía prefirió “arrinconarle al final de clase, porque le era más cómodo que integrarlo”.

¿En qué quedó esa denuncia que pudo evitar los maltratos hoy denunciados ? Pues en que se trasladó de colegio al niño humillado. ¿En qué ha quedado ya el caso de la niña de 7 años? En que la forzada a abandonar su escuela es... ella.

A estas alturas de curso, ¿empalmarán las denunciadas baja médica y vacaciones?¿Qué doctor o doctores firman esas bajas sincronizadas? ¿Y qué pasara luego? Cuando los no afectados directamente nos hayamos olvidado, ¿las familias del Cervantes volverán a dejar a sus hijos en manos de este personal y esta Administración? ¿Cómo confiar en que no habrá más maltrato? ¿Cómo saber que no criarán a sus hijos viendo normal el abuso sobre discapacitados? ¿Se reincorporarán estas docentes, con o sin expediente? ¿A este colegio o a otro con el contador a cero? 

¿La Inspección y la Administración de Educación tienen herramientas de detección de malas prácticas, tienen capacidad para obligar a sus autores a cambiarlas o, en caso contrario, opción de despido y reemplazo por buenos maestros? ¿Puede más entre los enseñantes el amor a sus alumnos y el deseo de prestigiar la profesión o el instinto corporativista?

El descaro con que la autoridad política y los responsables de Educación dejan sin investigar graves situaciones como ésta siembra dudas de que no les guíe la ineptitud, sino la estrategia: transmitir a la sociedad la lección de que el abusado que denuncia es doblemente abusado. Pues a él le toca largarse, apestado de antemano, pierda o gane al final en los juzgados.

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