La coleccionista de fotos

Susana Díaz ha iniciado el curso político dispuesta a ampliar su impresionante colección de álbumes de fotos. En las estampas (oficiales) ya no aparecen los principales directivos de las empresas del Ibex con los cheques para becas en la mano, cuando a la presidenta de la Junta de Andalucía la veían como un valor seguro de inversión en la política nacional.

Esa aventura se truncó en el mes de mayo, cuando se creía capaz de compatibilizar la dirección federal de un PSOE deshecho y la gestión de una Administración renqueante de más de 175.000 empleados y 32.000 millones de euros de presupuesto. Los militantes del PSOE decidieron en votación que su sitio está donde está.

Ahora los protagonistas de las imágenes compartidas y publicadas son más de la tierra. Los representantes de los aún llamados agentes sociales, como los dirigentes de los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, el del corporativista CSIF y el de la patronal. Y los jefes de los partidos con representación en el Parlamento andaluz (PP, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida) a los que ha citado este lunes. Quiere Susana Díaz un acuerdo de todos para pedir un nuevo sistema de financiación que garantice los servicios públicos en la próxima década.

Dicho así parece todo fácil, porque ¿quién es el majadero que no quiere más dinero para financiar la sanidad, la educación y la dependencia en los próximos 10 años? ¿Quién es el pánfilo que rechaza una justa financiación? ¿Quién es el insensato que se va a oponer a que la población sea la regla fundamental para repartir el dinero de todos? ¿Quién no reconoce que Andalucía es una región mal financiada? ¿Quién no admite el último dato oficial de que cada andaluz recibió 105 euros menos que la media por habitante en el conjunto del país? Como deslizó el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, la pregunta, en definitiva, es ¿quién no va a defender los intereses de Andalucía por encima de los de su propio partido?

Ahí es dónde quieren llegar. El guión que han escrito los socialistas andaluces tras su congreso regional de julio para reponerse del traspié de la derrota de Susana Díaz en las primarias y remontar el vuelo prevé envolver toda su gestión con la bandera reivindicativa, una receta que antaño fue muy exitosa.

La historia dice que los ingredientes de esa operación pasan en primer lugar por tender la mano a las organizaciones más representativas de la comunidad y acreditarlas en sus correspondientes fotos. Después, crear un grupo de trabajo en el Parlamento con la intención de pactar una posición común para seguir mascando el chicle, donde todo el mundo registre multitud de propuestas. Más fotos.

Más tarde, ampliar el círculo del debate a los ayuntamientos, donde el PSOE andaluz ya ha propuesto ampliar las plantillas de la policía local para que exista “una prestación adecuada de servicios a la ciudadanía”. Los ayuntamientos, el PSOE gobierna en unos 440 de 775, ya están convocados en el mes de octubre en Antequera, cuna política de la autonomía andaluza y corazón geográfico de la comunidad, para reivindicar “el autogobierno, la financiación local y la defensa de Andalucía”, según anunció la propia Díaz. Grandísima foto, que se quiere hacer coincidir con lo que sea que resulte del referéndum independentista catalán. La traca final vendrá el último mes del año, cuando se cumpla el 40 aniversario del PSOE andaluz y de las manifestaciones del 4 de diciembre en defensa de la autonomía.

Mientras, la realidad recoge que una joven murió después de dar a luz aplastada por un ascensor en un hospital público en el que los sindicatos presentaron cinco quejas por el funcionamiento de los elevadores. Un incendio arrasó 8.486 hectáreas en el preparque de Doñana provocado presuntamente ¡¡por una carbonería!! El Parlamento andaluz reúne a la Diputación Permanente, el órgano de guardia en periodos de vacaciones, el último día posible, el 31 de agosto. Un informe de la Cámara de Cuentas revela que la Junta de Andalucía pagó en 2013 a sus altos cargos de Salud 2,1 millones por encima de lo fijado, mientras redujo su plantilla en 7.773 médicos, enfermeros, administrativos y auxiliares de enfermería. Cinco altos cargos destituidos son reubicados para que sigan siendo altos cargos.

Visto así, a lo mejor Susana Díaz tiene razón, porque ¿quién es el majadero que no quiere más financiación? ¿Quién no quiere salir en la foto?